A pasos de la legalización en Uruguay

El Proyecto de Regulación del Cannabis aprobado hace varias semanas en la Cámara de Diputados pasará a una segunda prueba en el mes de noviembre cuando en el Senado de Uruguay se prevé votar por el plan que legaliza la producción, comercialización y consumo de marihuana. Sin embargo, se espera que sea un proceso menos complejo ya que cuenta con los votos de los legisladores de mayoría que avalan la iniciativa también apoyada por el presidente José Mujica.

Una decisión a favor le bastaría al ejecutivo para un cambio de ley que convertiría a Uruguay en el primer país en América en legalizar la marihuana. Estableciendo una serie de medidas con el fin de regular el proceso y fomente la reducción de daños. Tales como: la venta prohibida a menores de edad.
  Penas a quienes conduzcan bajo sus efectos. Sanciones para aquellos que produzcan sin autorización. Y como el tabaco, estará sujeto a las normas de consumo en espacios públicos y su publicidad estará prohibida.

Asimismo, se espera que con el proyecto de ley se reduzca el crimen y mejore la convivencia y la salud comunitaria, protegiendo a aquellos grupos más vulnerables de la sociedad. “Separando los mercados se reduce en gran parte la ganancia del narcotráfico, un negocio de 30 millones de dólares al año en Uruguay,” enfatizó el grupo pro legalización Regulación Responsable. La organización social que apoya la iniciativa espera que, “en su lugar, la sociedad obtenga valiosos recursos para educación, salud, tratamientos y campañas de prevención.”

La regulación de la marihuana permitirá eliminar las inconsistencias del sistema; el consumo en Uruguay es legal, pero se penalizan las formas de acceso a ella, lo que fomenta un mercado subterráneo. Con la propuesta de regular la marihuana pudiera resolver esta contradicción que se repite constantemente en países que mantienen meras reformas hacia el uso del cannabis. 

Aunque la oposición en el poder ha rechazado tenazmente la medida. Otros como el ex presidente y nuevamente precandidato, Tabaré Vázquez, defienden el proyecto. Incluso, apenas la semana pasada, se manifestó a favor de legalizar también la cocaína, pero no para “liberalizar” el mercado de drogas sino para regularlo, señaló el también médico.

Otros que han tratado de obstruir el proceso ha sido la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) una dependencia de las Naciones Unidas que da seguimiento de los convenios sobre asuntos de drogas firmados entre el organismo internacional y los países asociados. Mediante comunicado de prensa alegan que, dicho proyecto de ley contravendría totalmente lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional, en particular la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, en la que el Uruguay es parte. Asimismo, la JIFE lamenta que “ha tratado de mantener un diálogo con el Gobierno del Uruguay sobre esta cuestión, e incluso propuso enviar una misión al país al más alto nivel.” Pero el gobierno del Uruguay se negó a recibir a los representantes de la JIFE antes de que el proyecto de ley se debatiera en el Parlamento.

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