Alarmante alza en arrestos por drogas y los planes de traslado de reclusos a EEUU

El Departamento de Corrección y Rehabilitación anunció que trasladará a miles de confinados a Estados Unidos por motivos de cierres de cárceles en Puerto Rico. Los principales medios informan que estos cambios están contemplados bajo la nueva propuesta del plan fiscal que Ricardo Rosselló presentado a la Junta de Control Fiscal, los ahorros que se contemplan son de $17.2 millones en el año fiscal 2019 y $46.9 millones en 2022.

Según el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Erik Y. Rolón, el programa de traslado será de manera voluntaria lo que no debe preocupar sobre las violaciones de derechos humanos. Pero a su vez indica que ya tienen la cantidad de confinados que trasladarán informando que serán de 800 a 900 en el año fiscal 2019 y en el 2022 superarán los 3,200 confinados. Resulta cuestionable que ya cuenten con las cantidades aproximadas que se ahorrarán y sepan cuantos confinados aceptarán “voluntariamente” trasladarse.

A su vez continúan los operativos alrededor de la isla con policías encubiertos. Un caso de esta misma semana, se informa que en el pueblo de Arecibo se arrestaron a media docena jóvenes porque le vendieron marihuana a un agente encubierto. Según los tenientes coroneles Diaria Crispín y Rafael Rosa (ambos agentes del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control de Vicio y Armas Largas) el agente encubierto realizó una compra de una libra de marihuana por $1,150 hace alrededor de un año.

Varias asuntos que se deben destacar en estas noticias. Por un lado, bajo una crisis económica que nos arropa en todas las esferas de nuestra isla, conociendo que el gobierno debe repensar hacia donde invierte sus recursos. Las acciones que se ven reflejadas en ambas noticias no son las más inteligentes y no van de acuerdo a nuestras realidades. Las implicaciones económicas y de inversión de tiempo que conlleva estar detrás de la marihuana o del trapicheo con las drogas son altísimas.

Si se comienza a evaluar el proceso desde que se planifica el operativo por parte de los agentes, antes de que se cometa el acto ilegal por el agente encubierto, hasta que se procede a cometer el acto, se mantiene el tiempo necesario con la prueba pero no es hasta que un juez o una jueza realiza las ordenes de arrestos. Luego, se busca a los muchachos, se hace todo el espectáculo de los arrestos, se transportan al cuartel y por ahí sigue el proceso de Regla 6 y toda la logística por parte del estado que se debe incurrir para procesar a unas personas que estaban vendiendo cantidades ínfimas de marihuana. Todo ese proceso conlleva gastos de miles de dólares y vale la pena recordar que estos procesos son los que todos los días se realizan en cuarteles alrededor de la isla.

Actualmente hay varios países que han optado por la descriminalización de la marihuana incluyendo Portugal, Holanda, Suecia, República Checa entre otros. Incluso en los estados de Washington y Colorado se ha descriminalizado la marihuana y precisamente uno de los puntos con más peso para llegar a tal decisión lo fue los beneficios económicos que esto trae al estado. No necesariamente con la creación de los mercados como “coffee shops” o dispensarios médicos, sino porque se invierten los recursos económicos por parte del estado en asuntos realmente pertinentes y no en perseguir la venta o el uso de la planta. En Puerto Rico se siguen pagando a agentes encubiertos para que compren pastito y continuar con los arrestos en masa.

Sin embargo, ahora sale a relucir que las cárceles privadas de Estados Unidos cobran menos por reos que las cárceles de acá y para el gobierno eso es una “buena opción” para reducir la tasa de confinados en la isla y a su vez poder cerrar más cárceles. No podemos dejar de cuestionar si el Departamento de Corrección tiene claro que la rehabilitación de estos confinados será mucho más difícil (si es que se llega a lograr) con la movilización de éstos a Estados Unidos. No es que dejándolos en las cárceles de acá la logren porque con las estrategias y mecanismos que el Departamento de Corrección ha desarrollado esto es muy poco probable.

No obstante, debemos recordar que en los intereses capitalistas estadounidense, las cárceles privadas le requieren al estado tener un mínimo de confinados. Y esto es importante no solo por el valor económico que le estamos dando a las vidas de personas que están en estas condiciones y puede que por razones hasta injustificadas estén ahí, sino porque estamos alimentando un mercado que le conviene seguir criminalizando a las personas, sin entrar en las implicaciones sociales que cada individuo tiene cuando sale de la cárcel.

Entonces si caricaturizamos esto, estamos realizando operativos de miles de dólares, para encarcelar jóvenes en edades más productivas, en cárceles que están a punto de cerrar, para luego de eso movilizarlos a una cárcel de Estados Unidos, donde el estado tiene que pagar por la estancia de éstos allá, haciéndole el juego fácil al mercado de las cárceles en Estados Unidos.

Pero y si se juega la carta de la legalización y de las descriminalización de las drogas, ¿Cuántos confinados podrían estar libres y aportar a la clase trabajadora del país? Por cierto, bastante falta que nos hace.  Mientras que en otros países la policía no sabe lo que es perseguir personas por el simple hecho de usar o vender pequeñas cantidades de alguna sustancia, en Puerto Rico nos dedicamos a crear casos de agentes comprando marihuana para luego acusar a los chamaquitos que le venden.