Aplazan juicio por posesión de marihuana contra Melvin Villanueva

Nuevamente, le conceden dos meses adicionales a la fiscal Silda Rubio Barreto para informar la decisión del foro apelativo sobre la supresión de evidencia en el proceso judicial por posesión de marihuana que enfrenta el joven universitario Melvin Villanueva. Esto luego que el juez José Emilio González del Tribunal de Aguadilla dio ha lugar a la moción de la supresión de evidencia hecha por la defensa el pasado mes de marzo. Y encontrara que las supuestas pruebas de la policía de Puerto Rico para efectuar el arresto a los estudiantes Jeremy Ruiz y Melvin Villanueva no presentaban causa fundamentada para el arresto.

Fiscalía tiene ahora hasta el 31 de agosto para esperar por el Tribunal Apelativo y reclamar el dictamen hecho por el Tribunal de Primera Instancia de eliminar las pruebas.

Aunque tal pareciera, la fiscal Silda Rubio Barreto pretende perder el tiempo y el dinero del erario público para extender el juicio lo más posible quizás con la intención de justificar el abuso realizado a Jeremy Ruiz y seguir escarmentando abusivamente a Villanueva. El joven universitario cumplirá 21 meses bajo arresto domiciliario antes de su próxima cita en corte, tiene un grillete electrónico que le restringe sus periodos fuera de la casa. Tanto así que, su padre quien es paciente renal estuvo varios días hospitalizado y se le imposibilitó salir de su casa y poder visitarlo al hospital.

Un castigo desproporcional que en otras jurisdicciones no se castiga o simplemente se le obliga a recibir cursos o terapias en programas manejados por el propio estado. ¿Para qué está ASSMCA y los programas de ayuda y prevención en las escuelas y las agencias como el Departamentos de la Familia? Esta acusación, si fuera cierta, jamás tuviera que haber llegado a estos tribunales. Para eso se supone que cuenten con profesionales dispuestos a educar, ayudar y prevenir antes de castigar con largas condenas carcelarias.

Lo que en otros estados es legal o se castiga con multas que van desde los $25 a $100 otorgadas por el mismo policía, en Puerto Rico se pretende gastar nuestros limitados recursos económicos en servicios de abogados, tribunales, policías y miles de fondos gubernamentales para castigar y vigilar. Puerto Rico gasta sobre 40 mil dólares anuales  por mantener un reo en prisión, luego de pasar por un proceso de enjuiciamiento torturador.

Un castigo injusto al que en un aparte Melvin Villanueva nos expresó, “está difícil estar encerrado, por mera posesión que te den cuatro años es bien difícil. Porque hay gente en ese escenario que no se ha hablado, que no se sabe, que están totalmente abandonados. Porque eso es lo que pasa, uno sale de la cárcel con esa acusación y uno está perdío, porque no te dan trabajo, tienen el récord dañao, no pueden solicitar empleo a ciertos lugares y es bien difícil. Y a esa gente no se rindan y sigan luchando. Porque la vida no está fácil y es una lucha todos los días.”

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