No basta con descriminalizar la marihuana en Puerto Rico

Las consecuencias sociales de la prohibición del Cannabis son incalculables y han resultado ser un fiasco en contra de nuestras comunidades. Para el año 2012, eran casi 750 mil los arrestados por marihuana en los Estados Unidos, casi la mitad de todos los arrestos por drogas. Más del 87% fueron por posesión simple de marihuana. Se calcula que la policía de los EEUU lleva a cabo un arresto por drogas cada 20 segundos y un arresto por marihuana cada 42 segundos. La marihuana es la droga ilegal que más se usa en el mundo y en los EEUU, más de 110 millones de estadounidenses, casi el 43% de los residentes encuestados, admitieron haber probado marihuana por lo menos una vez en sus vida y 18 millones lo habían usado en el último mes.

En Puerto Rico, encuestas de ASSMCA para el 2008 demostraron que más de 535 mil personas usaron marihuana una vez en su vida y de estos casi 200 mil utilizaron marihuana el último año. En la Isla, se desconoce la cantidad de los arrestados por posesión de marihuana ya que las agencias no cuantifican la información. Según la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas el Cannabis es la droga más cultivada, traficada y consumida. El organismo afirma que la mitad de los decomisos mundiales son de la planta y estiman que cerca de 147 millones de personas consume Cannabis anualmente, el 2.5% de la población mundial.

Por tal razón, cada vez son más los países que buscan crear reformas a sus políticas de drogas. Incluso, ya son más de 20 estados de EEUU los que han descriminalizado la posesión de la marihuana sustituyendo los castigos penales con condenas civiles como multas. Reformas que están lejos de ser el caos que alarman los que se oponen a los cambios a las leyes. Por el contrario, los estados que han eliminado las penas por poseer marihuana no sólo muestran que no habido un aumento en el uso de marihuana u otras drogas, sino que también han bajado la criminalidad y los arrestos por delitos menos graves. Para un país como el nuestro, el hecho de quitar la pena absurda de tres años de cárcel y hasta 5 mil dólares de multa y las condenas por “ofensas” subsiguientes de hasta seis años de cárcel, ya es un adelanto que le ganaremos a la guerra contra las drogas.

Sin embargo, las reformas a las leyes de marihuana no se deben limitar a un maquillaje a las leyes prohibicionistas; por el contrario, deben ser dirigidas a la búsqueda de modelos de una legalización o regulación de un mercado, donde se garantice el autocultivo y la educación hacia un consumo responsable. No existe evidencia científica para justificar la prohibición de una sustancia menos perjudicial que el tabaco o el alcohol que ya están regulados. Por lo que el estado peca de iluso si cree que con un mero cambio de ley manteniendo una “ilegalidad” resuelve los problemas que trae la prohibición. Por supuesto, se tiene que defender la descriminalización, nadie debe ir a prisión por marihuana ni por cualquier sustancia y aunque la medida es un “adelanto” en un sistema tan represivo, no podemos conformarnos con un remedio pasajero para apaciguar la gran cantidad de personas que exige un cambio.

Para algunos que creemos en una legalización del Cannabis en Puerto Rico resulta desalentador tener que defender una descriminalización más conservadora que la de Nueva York de los años setenta. Pero quizás el hecho de liberar gente de prisión ya es una satisfacción de libertad del que nos debemos sentir orgullosos como pueblo. Estamos dando un paso al frente, pero nos faltan muchísimos más.

No nos confundamos, la descriminalización está lejos de resolver los daños que causa la prohibición del Cannabis. Los problemas como la criminalidad, la economía subterránea, los daños a la salud por falta de supervisión, la mala calidad del producto y sobre todo el miedo, la estigma y la desconfianza continuará rigiendo las mentes del pueblo. A pesar de los beneficios de la descriminalización de la marihuana mientras se mantenga un estado de ilegalidad continuarán los daños relacionados a la prohibición, con un mercado subterráneo sin regulaciones y aplicando las leyes de manera desigual, donde las clases sociales marginadas siempre se llevarán el peor embate.

En los Estados Unidos gran parte de la población entiende que las medidas prohibicionistas son innecesarias, pero su sistema penal cumple a cabalidad con sus políticas de mano dura. Con la descriminalización pueden continuar los arrestos por posesión de marihuana o incluso puede aumentar porque la policía se puede considerar más dispuesta a hacer arrestos si implica menos trabajo administrativo. Muchos al no poder pagar las grandes multas terminarán en la cárcel. Además, una condena en prisión puede afectar seriamente el futuro de una persona. Las posibilidades de poder obtener empleo, vivienda o préstamos estudiantiles se cierran por haber sido arrestado, condenando a nuestros ciudadanos prácticamente de por vida por la simple posesión de marihuana.

La descriminalización tampoco elimina el mercado subterráneo que se puede calcular en miles de millones de dólares y que funciona libre de impuestos. Un comercio que mientras continúe el prohibicionismo sufrirá los problemas de la violencia, delitos, corrupción y de un miedo colectivo que ignora los posibles beneficios que puede tener la planta.

Las reformas a las leyes de Cannabis están pasando de “hacerse de la vista larga” con la descriminalización a modelos de legalización. Cuando en noviembre de 2012, los residentes de Colorado y Washington rechazaron las políticas prohibicionista de marihuana, mediante consulta electoral, y se viabilizó una transformación prohibicionista de la marihuana a una regulación controlado ahora por el estado, bancos y un sistema de impuestos. Medidas que fueron ratificadas a mediados del 2013 por el Departamento de Justicia al permitirle a los estados reglamentar legalmente la producción, distribución y venta de marihuana. Lo que ha causado una ola de nuevas reformas posibilitando reglamentos y proponiendo impuestos que pueden seguirse repitiendo entre los estados. Asimismo en Latinoamérica, el estado de Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar y regular el comercio de marihuana. Lo que tiene a otros países estudiando propuestas de legalización.

La América del siglo XXI cuenta con nuevos modelos de legalización/regulación del Cannabis que todavía están por probarse. Los sistemas de Uruguay, como los de los estados de Washington y Colorado, apenas están entrando en vigor como para ponderar sus aciertos y desaciertos. Sin embargo, todas las críticas giran alrededor de los beneficios económicos que genera el cobro de altos impuestos. Y aunque en tiempos de crisis resulta oportuno recordarle a nuestros gobiernos lo costoso de la mano dura y las pérdidas económicas por no tener un sistema de regulación. Por más buena que sea la estrategia, resulta desenfocado limitar la legalización de la marihuana para salvar las crisis fiscales pidiendo más impuestos, entregando el control de una planta al libre mercado y a unos sistemas gubernamentales que se encuentran atado a sus intereses económicos.

La regulación tiene que ser mucho más ventajosa que un cambio de “drug dealer” o de un punto de droga. Los altos precios y los impuestos no deben controlar un producto que puede crecer en el patio de nuestras casas. Ni se debe mantener la visión tan cerrera de que la marihuana es sólo para fumar, lo que limita las cantidades del producto y mantiene una criminalidad aun mediante la “legalización”.

Por supuesto que se abrirá las puertas a nuevos mercados y será ventajoso poder desarrollar una nueva economía local que pueda satisfacer las necesidades de una oferta y una demanda. Pero dentro de un sistema regulador tendremos que desarrollar un mercado justo donde una planta no sea controlada por grandes intereses económicos. Ya el alcohol y el cigarrillo han desestabilizado muchas familias cómo para darnos el lujo de darle la exclusividad del Cannabis a otras nuevas empresas. Ni para justificar su uso terapéutico se tiene que mantener los altos precios de las farmacéuticas, no podemos limitar los beneficios de la planta para unos pocos. Además, un país acostumbrado a ver a sus hijos desayunar “adderall”, acostarse con “ambien” y gozar con alcohol tiene que buscar mecanismos para la aceptación de una planta que ocasiona menos daños.

En fin, la lucha por defender el uso del Cannabis debe estar acompañada de grandes dosis de derechos humanos, justicia social, respeto a las libertades civiles y de una continua educación donde más que regular busque liberar los distintos usos de la planta y su consumo responsable. La marihuana no tiene porque ser la “gallinita de los huevos de oro” para resolver la crisis de malos gobiernos que se quebraron por los disparates de la mano dura.

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