Bochornoso editorial prohibicionista

Mientras los principales medios de información a nivel local e internacional están discutiendo el fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de crear modelos para la descriminalización y regulación de los mercados. El periódico El Vocero de Puerto Rico ha lanzado un editorial lleno de información tergiversada que busca seguir manteniendo la criminalización de la marihuana. Algo inverosímil para un periódico que ha gastado millones de galones en tinta roja para cubrir la prohibición de las drogas en Puerto Rico.

Para colmo, tratando de hacer entrever que las medidas que se discuten buscan legalizar la marihuana, ya quisiéramos muchos, pero ese no es el proyecto que se discute actualmente en Puerto Rico. Por el contario, son dos proyectos que buscan quitarle la carga criminal a pequeñas dosis de marihuana y tratar de regular el uso científico-médico para pacientes con ciertas condiciones de salud. Unas reformas que se repiten en distintos países y que medio Estados Unidos goza desde hace más de 40 años y que simplemente busca dejar de meter a nuestras comunidades presas con condenas absurdas de tres años y hasta $5,000 de multa, un castigo injusto y desproporcionado, vigentes desde el año 1971.

Castigo que nadie en su sano juicio se ha atrevido defender. De seguro ni el mismo editor al no firmar la “nota” del periódico y escudarse del nombre “editorial” respondiendo a los intereses del periódico y sus anunciantes.

El editorial presenta las reformas como una posición de derrota. Nada más lejos de la verdad, un modelo salubrista enfocado en la descriminalización y regulación busca trabajar los asuntos de drogas de manera diferente, donde se aumentaría los limitados recursos a brindar tratamiento –para el que lo necesite y desee– e incrementaría los programas de reducción de daños para los usuarios. A diferencia de los altos costos que significa la cárcel y persecución.

Simplemente, sería un paso para dejar de ignorar un problema de salud pública que hemos dejado a merced de policías, tribunales y programas de base de fe que han hecho un negocio de la prohibición. Un negocio redondo que hasta le sobra dinero para comprar anuncios en los principales medios de comunicación.

Asimismo, El Vocero señala que, “si legalizamos la marihuana mañana, hay dos cosas que ocurrirán: aumentará considerablemente su consumo y es probable que el crimen organizado deje de traficar con ella, pero ello no reducirá el crimen.” Primero, mientras exista la prohibición de las drogas como único norte para tratar los asuntos de las mismas  la criminalidad no va a cambiar. Segundo, la realidad es que las reformas que se pretenden realizar en la Isla han demostrado que no existe un alza en el consumo cuando se ha implementado en otros países, mucho menos en menores de edad.

Pero refiriéndonos al término legalización que expresa el Vocero, es lógico que la regulación va aumentar el consumo, se estaría regulando un mercado donde se crea publicidad y mecanismos de reducción de daños que normaliza una sustancia. Reiteramos, una sustancia menos dañina que el tabaco y el alcohol ya regulados por el estado. Supuestamente, el editorial sin querer entrar en una comparación de los perjuicios con el tabaco y la marihuana, alega que “si hemos aprendido de la lucha contra el tabaquismo es que es posible ganarla”. Parece ignorar que si el tabaquismo se ha podido combatir es gracias a la educación y reducción de daños, jamás con la prohibición como se pretende hacer con la marihuana.

Al final, nos quedamos con la pregunta, cuántos amigos y conocidos han protagonizado las páginas del Vocero por culpa de la guerra contra las drogas. Protagonistas que quizás por estar muertos, encerrados o ser una víctima más no tienen la oportunidad de defenderse. Son a estos últimos que le pedimos al editorial del Vocero traten de valorar. Quitar la carga criminal es un asunto de derechos humanos y la guerra contra las drogas es el mecanismo erróneo de tratar los problemas. Los invitamos a recapacitar y cambiar su posición prohibicionista en otro editorial. De seguro la descriminalización y regulación podría hacerle justicia a todas las víctimas y al periódico les podría ahorrar millones de galones de tinta roja.