Bolivia toma control y desarrolla el cultivo de coca

Los países latinoamericanos han sufrido por décadas la presión de países hegemónicos porque sean parte de las políticas prohibicionistas y de la “Guerra contra las drogas”. La presión viene acompañada de fondos y de acuerdos económicos donde países como Estados Unidos le exige a los países andinos de Bolivia, Colombia y Perú cómo limitar el crecimiento de la coca y la exportación de cocaína y cumplir con convenciones sobre drogas de la ONU. Claro, EEUU acostumbraba enviar a sus ejércitos y asignar cientos de millones para entrenamiento militar en la región para la erradicación de cultivos de coca.

Las tácticas como la erradicación forzada, la fumigación, criminalización y la marginación de los campesinos cocaleros no ha logrado reducir la producción. En cambio, han tenido consecuencias desastrosas para la economía y las comunidades de la región.

Sin embargo, Bolivia ha continuado defendido el derecho de sus habitantes a utilizar la hoja de coca, el principal ingrediente de la cocaína, como una tradición milenaria entre campesinos e indígenas. La Constitución boliviana reconoce expresamente como una práctica arraigada en sectores sociales. Aunque la hoja de coca fue declarada un narcótico ilegal en la Convención de Estupefacientes de 1961 de la ONU, junto a la cocaína, la heroína, el opio, la morfina y una serie de drogas químicas.

En el 2004, a pesar de la presión internacional para mantener el status quo, el gobierno boliviano estableció un acuerdo que permitía a los agricultores cultivar legalmente una cantidad limitada y regulada de la hoja de coca, uno de los pilares de la vida andina. El gobierno cedió ante la demanda de los cocaleros, y les permitió cultivar una cantidad de hoja de coca que les dejara “subsistir”, una parcela (conocido en Bolivia como un cato) cuyo tamaño fluctúa en 1,600 metros cuadrados. Un modelo de control del cultivo de coca que ha contrarrestado la “guerra contra las drogas,” financiada durante décadas por los EEUU.

El presidente Evo Morales, quien antes era un líder sindical cocalero, ha llegado a acuerdos con las distintas federaciones de cultivadores de coca para establecer nuevas políticas de control y racionalización de los cultivos. El modelo boliviano cuenta con mecanismos de apoyo a las comunidades, sindicatos de cultivadores de coca, que se aglutinan en las regulaciones del estado, para racionalizar sus cultivos de coca mediante la regulación y medición de sus parcelas. El mantener esa regulación que incluye a las agencias gubernamentales y del “orden público”, le permite recibir comunitariamente programas de fortalecimiento de sus comunidades y sus cultivos, incluyendo la formación técnica de dirigentes y afiliados.

Sin embargo, el fuerte monitoreo internacional y la presión de los gobiernos locales para cumplir con los tratados y las leyes anti drogas también ha ocasionado el arresto desmedido a personas de escasos recursos económicos que han utilizado la coca como fuente de dinero de un mercado ilícito mucho más lucrativo.

Recientemente, OSF publicó el reporte, “Habeas Coca Bolivia’s Community Coca Control”, con el que explica cómo funciona el sistema de control comunitario y muestra su eficacia en la disminución de la violencia, el aumento de la participación ciudadana, lo que limita la corrupción, la estabilización y la diversificación de las economías locales, y la reducción de los cultivos de coca ilícitos.

Los países exportadores y consumidores de drogas pueden beneficiarse al tratar de explorar y adoptar distintos modelos de control comunitario de sus mercados. De seguro, la producción de los productos fuera de mejor calidad y se tuviera mayor control de la oferta y la demanda, sin apoyar la explotación y exclusión que genera el mercado ilícito.

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