Cámara aprueba enmendar la ley de antecedentes penales

La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó durante su Sesión Ordinaria una legislación para excluir del requisito de presentación de declaración jurada a los ex confinados que solicitan la eliminación de la convicción en delitos menos graves, luego de transcurrido el término de seis meses desde que se cumplió la sentencia.

El Proyecto de la Cámara 623, del representante Guillermo Miranda Rivera, establece que con esta enmienda, la persona que ha cumplido su sentencia por un delito menos grave y no ha cometido un nuevo crimen, puede solicitar ante la policía de Puerto Rico la eliminación de la convicción a la hora de que se emita el certificado de antecedentes penales.

El proceso, se realizará en un término no mayor de 15 días desde la fecha de presentación de la petición con todos los documentos requeridos. El Proyecto busca supuestamente apoyar la rehabilitación de los convictos y tratar de crearles un ambiente de inclusión en la sociedad para que puedan retomar su vida cotidiana.

Durante las vistas públicas, el autor de la medida el representante Guillermo Miranda Rivera, afirmó que con esta enmienda a la ley se trataba que se “deje de señalar a los ex confinados por haber cometido un error y le damos una oportunidad de poder echar hacia adelante y aportar al fisco, pero no solo pagando por un derecho de que le den un certificado, sino trabajando como el resto de los ciudadanos”.

Mientras, el representante Lasalle Toro manifestó que “queremos darles las oportunidades a todas estas personas que quieren rehabilitarse. En los momentos que está atravesando nuestra Isla, lo que tenemos que buscar es que la gente que se está rehabilitando, pueda salir a trabajar, que Puerto Rico tenga una actividad económica, no tan solo de parte del gobierno, sino del recurso humano que somos todos los que vivimos aquí”.

Sin embargo, una reforma mucha más amplia debe ir dirigida a eliminar la pregunta de antecedentes penales de algunas solicitudes de empleo. Y quizás imitar reformas como la Ciudad de New York donde para algunos empleos se espera que la persona sea escogida a una entrevista para, si fuera necesario, indagar sobre sus antecedentes penales. Quitando la pregunta de algunas solicitudes de empleo, se reduce el posible rechazo sin quizás analizar que tan buen candidata puede ser la persona para el puesto de empleo.

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