Cámara aprueba ‘desvío terapéutico’ para acusados por sustancias controladas

La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 1219, con la intención de implantar medidas de “desvío terapéutico” para personas que enfrenten acusaciones ante los Tribunales por ciertos delitos y que se determine que sufren de “trastorno relacionado a sustancias” según definido bajo la “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”.

La medida, de la autoría de los representantes fundamentalistas José “Quiquito” Meléndez y la Presidenta de la Comisión de lo Jurídico, la representante María Milagros Charbonier, busca reenfocar el sistema de justicia para que sea más supuestamente “más humanista y centrado en la rehabilitación completa del individuo”.

“Esta ley ofrecerá un método alterno para que el sistema de justicia pueda ofrecerles rehabilitación. Puerto Rico debe ir moviéndose hacia programas que ya han sido exitosos en otros destinos, y que ayuden a nuestros ciudadanos afectados a salir de la adicción a drogas. Este proyecto es uno de ellos y felicito a todos los legisladores que votaron a favor del bienestar de quienes sufren de la adicción a drogas”, señaló Meléndez.

La medida le añadiría una nueva regla a las Reglas de Procedimiento Criminal para establecer un “desvío terapéutico” que se activará cuando un tribunal determine que un imputado sufre de un “trastorno relacionado a sustancias” luego de ser evaluado por un equipo interdisciplinario en aras de someterlo a un plan individualizado de tratamiento, recuperación y rehabilitación.

La representante Charbonier expresó por su parte que “la adicción a drogas ha sido un problema social que de alguna manera ha trastocado el núcleo de muchas familias puertorriqueñas. Es hora de que nuestro sistema responda desde un punto humanista y ofreciéndole la ayuda necesaria para que cada individuo afectado se rehabilite correctamente, se supere y pueda contribuir positivamente a nuestra sociedad. Pienso que hemos dado un gran paso con este proyecto.”

Según datos del Departamento de Corrección y Rehabilitación alrededor de un 69% de la población penal sufre de problemas de adicción antes de entrar al sistema y un 41% de la población actualmente sufre de problemas de adicción a sustancias controladas.

La legislación busca identificar delitos que son cometidos solo por el deseo de satisfacer la adicción. Conforme a la legislación, antes de hacerse un pronunciamiento de culpabilidad por algún delito grave o menos grave cometido sin violencia, el Tribunal mandará a hacer una prueba de adicción a sustancias controladas.  Si el Tribunal determina que el imputado sufre de “trastorno relacionado a sustancias”, se detendrá los procedimientos y se ordenará una evaluación por un “equipo interdisciplinario” quienes prepararán un plan individualizado de tratamiento y rehabilitación el cual se aplicará por no más de dos años.  El imputado deberá aceptar los términos y condiciones del plan para someterse al tratamiento y rehabilitación.

Sin embargo, no deja de preocupar que esta medida sea diseñada para satisfacer a los que han hecho un negocio de la “rehabilitación de las drogas”. Un verdadero proyecto salubrista no basa sus servicios en tratamientos obligatorios, mucho menos uno carente de los cuidados médicos básicos.

Más del 90% de los programas residenciales licenciados por el gobierno, son manejados por entidades privadas de base comunitaria y/o de base de fe, la mayoría de los cuales utilizan tratamientos sin evidencia científica y siguen el modelo de “comunidades terapéuticas” cuya meta es la “abstinencia total a través de la re-educación del adicto” sin diferenciar el tipo de sustancia ni el nivel de uso. Medidas punitivas que están lejos de poder considerarse “salubristas” y que en ocasiones rayan en el abuso y la humillación.