Cámara de Representantes aprueba enmiendas al Código Penal

La Cámara de Representantes aprobó una legislación que enmienda el “Código Penal de Puerto Rico”, para hacer más rigurosas ciertas disposiciones y penas, y supuestamente proteger la “vida y propiedad”.

El  Proyecto de la Cámara 743, del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez y la delegación del Partido Nuevo Progresista, tiene como objetivo restituir los términos de reclusión que fueron disminuidos bajo la pasada administración.

Entre los delitos cuyas penas son aumentadas se encuentra el escalamiento a una propiedad ajena, la amenaza, el  incendio, la apropiación ilegal agravada de fondos públicos y la obstrucción o paralización de obras, así como de servicios de enseñanza y salud.

Esto en momentos que en Puerto Rico se encrudece las protestas en contra de la Junta de Control Fiscal y las propuestas a recortes de presupuestos, y las protestas en defensa del medio ambiente y las playas están siendo criminalizadas.

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico, la representante María Milagros Charbonier, sostiene que esta medida “es un mensaje férreo del Gobierno de Puerto Rico, que no va a tolerar estas conductas, ya que si bien es cierto que existe la libertad de expresión, también existe el derecho a proteger la propiedad que adquiere un comerciante o cualquier persona que adquirieron los permisos correspondientes para realizar una obra”.

Las personas que incurrieran en dicho delito grave serían sancionadas con pena de reclusión por un término fijo de tres años.

De otra parte, la medida tipifica como delito grave con pena de reclusión fija de tres años a toda persona que amenace con cometer un delito si dicha amenaza provoca la evacuación de un edificio, lugar de reunión o facilidad de transporte público.

Durante las audiencias, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Erik Y. Rolón Suárez se expresó a favor de las enmiendas al “Código Penal de Puerto Rico” presentadas en el proyecto.

Rolón Suárez señaló que la enmienda a las Normas para la determinación de Reincidencia,  “es cónsona con el propósito disuasivo que rige la adopción de un código penal para reducir la incidencia de conducta delictiva”. Asimismo, avaló la revisión sobre Apropiación Ilegal Agravada al subrayar que la incautación “ilegal de propiedad o fondos pertenecientes al erario, merece el mayor de los repudios” y amerita sanciones severas ante el impacto negativo que supone a la confianza del pueblo en instituciones gubernamentales.

En cuanto al delito de escalamiento, indicó que esta es la segunda conducta delictiva de mayor incidencia en Puerto Rico, superada únicamente por el delito de apropiación ilegal. Mientras, opinó que tipificar la conducta de obstrucción o paralización de obras, “busca establecer de forma inequívoca conductas que en sí mismas son manifestaciones y/o conductas violentas contra acciones privadas o del estado”.

De otra parte, el director ejecutivo de la Sociedad para la Asistencia Legal, el Lcdo. Félix Vélez Alejandro, mostró reservas a las revisiones sugeridas en el proyecto cameral, reconociendo la complejidad del tema. La SAL hizo eco de la importancia de ajustar el ordenamiento penal sustantivo bajo un enfoque rehabilitador, recomendó iniciar una revisión integrada de las leyes penales especiales.

Por su parte, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Marquez repudió al Proyecto de la Cámara entiende se “criminaliza las luchas y protestas en Puerto Rico, particularmente la que están dando los estudiantes de la UPR. Además aumenta penas en delitos fundamentado en la errónea y obsoleta visión de la ‘mano dura contra el crimen’ e ignorando factores como la pobreza, la educación y la prevención”.

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