Cataluña regula el cultivo y consumo de cannabis

El viernes entró en vigor la ley que regularía el cannabis en Cataluña, una normativa catalogada como pionera en Europa que busca cumplir todas las pautas para que el cultivo no sea intervenido por la policía.

El Parlament de Cataluña aprobó hace varias semanas la Ley de asociaciones de personas consumidores de cannabis. La ley regula los clubes para que sean asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que se autoabastecen y distribuyen cánnabis entre sus asociados, todos ellos mayores de edad que consumen en ámbito privado, ya sea con finalidad lúdica o terapéutica.

Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) fue presentada por el grupo Rosa Verda que los últimos años recogida de firmas para regular el uso del cannabis en Cataluña.

Foto de Moviment Cannabic Catala

La medida contempla que las asociaciones cannábicas reconocidas por ley serán las únicas autorizadas para cultivar y no podrán producir más de 150 kg de marihuana seca al año.

Sobre el transporte, los responsables de los clubes de fumadores deberán tramitar una autorización en la que figuren los datos de la asociación, la identidad del transportista, el destino, la fecha y la cantidad y el tipo de producto que se transporta. No podrá usarse el transporte público para este cometido.

Para evitar el turismo cannábico, la normativa prevé una carencia de 15 días desde que se solicita el ingreso en el club hasta que se puede adquirir el cannabis. El texto también establece la cantidad que puede retirar cada socio: los mayores de 21 años podrán adquirir hasta 60 gramos mensuales mientras que los que tienen entre 18 y 21 años no podrán retirar más de 20 gramos.

Esos límites de cantidad desaparecen si el consumo es con un fin terapéutico. La regulación también prohíbe el consumo de alcohol en estas asociaciones así como de productos alimentarios que contengan cannabis. Las personas que dispensen la marihuana deberán tener formación sobre las propiedades del cannabis y sus derivados, sus riesgos y los daños que pueden derivar de su consumo.

Además, establece las condiciones para que se puedan constituir, los derechos y los deberes de los socios y los requisitos, estipula mantener un libro de registro, de producción y almacenamiento, transporte y la distribución. Y se  limita la publicidad.

También regula el número de miembros y el consumo máximo mensual que fija en sesenta gramos al mes por asociado; los cultivos y el transporte; todos estos puntos estaban hasta la fecha en un vacío legal que ahora se ha regulado para dar cobertura legal a los más de 400 establecimientos que hay en Cataluña.

“No queríamos hacer algo a medias”, aseguró la diputada Alba Vergés (JxS), presidenta de la Comisión de Salud en el Parlament y una de las parlamentarias que ha seguido el asunto más de cerca. “Lo que no podíamos era regular la dispensación y dejar que la marihuana entrase por la puerta de atrás”, señaló Vergés según el HuffingtonPost.

Tras el pleno, representantes de las asociaciones e impulsores de la ILP, acompañados por los diputados de los grupos que han apoyado la norma, han realizado una rueda de prensa en la que han asegurado que lo que el código penal persigue es el consumo, el cultivo y el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, y han afirmado que con la nueva norma estas prácticas quedan legalizadas y “no entran en conflicto” con el código penal.

Durante el pleno, Vergés ha dicho que la norma demuestra que el abordaje de las políticas de drogas se puede hacer desde un ámbito diferente al de las políticas prohibicionistas “que han fracasado porque no reducen el consumo ni los mercados ilegales”.

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