Confinados ante la crisis económica

Familiares en defensa de los confinados manifestaron su apoyo en la gestión de radicar un pleito de clase en reclamo al Gobierno de Puerto Rico para que los recortes económicos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación no repercutan en su derecho a la rehabilitación. Por primera vez, Familiares de confinados de la Asociación Pro Derechos y Rehabilitación del Confinado, los Grupo 27, 25 y 31; reos que viven en instituciones de seguridad y la cárcel de Mujeres en Vega Alta, unieron su voz de protesta para denunciar que ante las exigencias de recortes por parte del Gobierno de Puerto Rico, el Secretario de Corrección determinó incumplir con su deber ministerial eliminando los gastos de todos los programas de rehabilitación a nivel Isla.

Asimismo, estos le enviaron una carta al Secretario de Corrección, José Antonio Aponte Carro, solicitando reconsidere que la Orden Ejecutiva del Gobernador relacionada con los gastos de viaje y salida de sus funcionarios no puede interpretarse a la ligera, ni en detrimento de los privados de la libertad.

Mediante comunicado, afirmaron que “el proceso de rehabilitación es un derecho otorgado por nuestra constitución y es obligación del Estado proveer recursos y herramientas que faciliten la re-socialización de los hombres y mujeres cumpliendo sentencia en las cárceles del país”.

Las declaraciones de los familiares de confinados surgen a raíz de los recortes anunciados por el DCR referente a la salida de los reos a la libre comunidad, restringiendo los privilegios a las poblaciones de mínima y mediana, tales como: la participación en intercambios deportivos, charlas, las oportunidades de estudio en la universidad y el desarrollo de los reclusos que tienen talento para la pintura, obras de teatro, música, exposiciones o ferias de artesanía y otras ramas del arte.

El Artículo VI de la sección 19 de la Constitución de Puerto Rico establece que “es política pública del Gobierno de Puerto Rico reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los miembros de la población correccional, para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Específicamente, la constitución obliga al Estado ha devolver a los confinados a la libre comunidad en el menor tiempo posible.

“La rehabilitación no es un capricho del gobernante de turno, ni un regalo y mucho menos un favor que se le está haciendo al convicto, es uno de los deberes ministeriales del Estado para con la población correccional”, aseguraron los familiares de los reos. “Alegamos que los presos que cumplen con sus respectivas sentencias no tardan delinquir, pero obviamos que el gobierno de turno tiene la llave para mermar esta situación brindando oportunidades reales de rehabilitación, no sólo para las gradas”.

Ante la crisis económica que afecta a nuestro país, nuestros familiares confinados presentan una alternativa: “Nosotros somos un gasto para el erario público, pues son $40,000 dólares al año por servicios brindados a cada confinado(a). Pero nuestro sistema penal tiene sobre 2,000 confinados en custodia mínima con sus planes institucionales completos, terapias adquiridas, rehabilitados y con más de 20 años en el sistema que están cualificados, de acuerdo a los requisitos establecidos por el propio sistema, quienes podrían ser liberados bajo cualquier privilegio. Una alternativa es el programa de supervisión electrónica, donde el confinado es monitoreado diariamente y puede ser costeado por el confinado”.

De acuerdo a los familiares, el problema vigente es la gran cantidad de confinados en custodia mínima que son descalificados debido a conflictos entre varios reglamentos y leyes que impiden su integración a la libre comunidad. Aunque estén rehabilitados, tienen que estar acudiendo a los tribunales para que resuelvan argumentos que violan todos sus derechos e impiden su libertad. Los que no tienen recursos económicos se quedan en un limbo dentro del sistema carcelario.

Solicitamos al Gobernador de Puerto Rico y a los líderes legislativos que le exijan al Secretario de Corrección cumplir con su deber ministerial, revisando la reglamentación y leyes que violan los derechos y la integración a la libre comunidad de los confinados.

Nos reafirmamos que miles de confinados bajo custodia mínima no son un riesgo para la sociedad. La liberación de 1,000 reos que cumplan con todos los requisitos representaría un ahorro de sobre $40 millones anuales para el pueblo de Puerto Rico.

No pretendemos que se liberen delincuentes y sí confinados de custodia mínima que estén rehabilitados. Exigimos al DCR a no cerrar las oportunidades de integración a la sociedad de los confinados que participaban en programas de rehabilitación porque cada día transcurrido están incumpliendo con la ley, aunque lo disfracen para aparentar que hacen algo para evitar el ocio en los penales.

Foto: Flickr Alvaro Nistal (CC-BY-NC-ND-2.0)
Foto: Flickr Alvaro Nistal (CC-BY-NC-ND-2.0)

(Nota: El comunicado de prensa no aparece firmado para evitar represalias contra nuestros familiares confinados que encabezan este movimiento, incluyendo la radicación de querellas fabricadas o traslados para cárceles de segregación con el fin de callar nuestras voces).

Related posts: