Conoce algunos de los vividores del prohibicionismo de la ‘Isla del Encanto’

Aunque para gran parte del país resulta irracional que alguien cumpla tiempo de prisión por el “delito” de poseer pequeñas porciones de marihuana, la realidad es que sigue siendo un delito la mera posesión. En gran medida porque son muchos los “cabilderos” y “vividores del prohibicionismo” que ejercen presión en los poderes políticos y judiciales del país para mantener las leyes contra las drogas. Organizaciones que han hecho un negocio del prohibicionismo, y que necesitan mantener el inmovilismo y el control social que desempeña la ‘guerra contra las drogas’; simplemente, para mantener sus sectores económicos y sus servicios con los sistemas existentes.

Aunque el prohibicionismo al cannabis ha tenido unos enemigos culturales y políticos de antaño en la industria textil, energética y muchísimos otros. En el caso de Puerto Rico podemos identificar algunos sectores, organizaciones y gremios que han mantenido una posición activa en los medios de comunicación, en vistas públicas y han hecho el trabajo de cabildeo para mantener las leyes punitivas anti cannabis.

En Descriminalinalización.org creemos muy pertinente identificar quizás algunas de estas organizaciones que han puesto su empeño y poder económico para mantener el prohibicionismo criollo:

Grupos religiosos: lamentablemente, los sectores más fundamentalistas de las iglesias son los más vocales y son los que tienden a ocupar las emisoras radiales con sus mensajes prohibicionistas. Sin embargo estos prefieren ignorar el fracaso de la guerra contra las drogas, y obvian que sus organizaciones son parte del problema de salud pública de las drogas, al anteponer sus creencias religiosas por encima del raciocinio y los derechos humanos en los programas de tratamiento en Puerto Rico. Nueve de cada diez centros de tratamiento residenciales son manejados por entidades privadas de base de fe, la mayoría utilizan tratamientos sin evidencia científica y siguen el modelo de “comunidades terapéuticas” cuya meta es la “abstinencia total a través de la re-educación del adicto” sin diferenciar el tipo de sustancia ni el nivel de uso.

Centros de Trata-mientos contra las drogas: aunque muy ligados a los primeros, estas organizaciones fungen más de custodios en programas de desvíos, son organizaciones locales e internacionales que venden sus programas de rehabilitación con acuerdos entre el gobierno y los centros judiciales. Los programas cuentan con empleados a quienes envían a las “cortes de drogas” para vender sus alternativas de rehabilitación. El costo de un programa de desvío le cuesta al estado alrededor de la mitad del costo del reo en la prisión. La mayoría de los programas exigen que como mínimo tiene que estar en un tratamiento de uno o dos años, mayormente de “abstinencia total”, sin servicios médicos básicos, y con modelos cristo-céntricos que poco tienen que ofrecerle a un usuario de cannabis.

Estos primeros dos grupos quizás son los más burdos y suelen unirse para hacer campañas de “cruzadas de fe” por todo el país y en los medios de comunicación. Pero lo mismo se meten en El Capitolio, en los municipios, iglesias, escuelas, hacen ‘obras de caridad’ y ‘servicios comunitarios’ creando una simbiosis entre los poderes gubernamentales, las organizaciones de fe, ‘sin fines de lucro’ y entidades privadas, vendiendo sus servicios con mano de obra barata y en ocasiones hasta sin paga. Por eso, tenemos que advertir que estos centros manejan modelos abusivos que más que tratamiento pareciera de trata humana.

Industria del alcohol: El nivel de consumo de alcohol y tabaco de los puertorriqueños es altísimo, pero puede mermar grandemente con la regulación del cannabis. La industria del ron está consciente, sus números siguen bajando en los estados que se regulan el uso recreativo del cannabis. No obstante, los senadores que están ‘sacando pecho’ para favorecer la industria del ron con más beneficios y reconocimientos en la legislatura de Puerto Rico, son los mismos legisladores que le votaron en contra de la despenalización de pequeñas cantidades de marihuana; incluso, fueron los que le pusieron mil trabas a las reformas de descriminalización y medicalización del cannabis en la Cámara de Representantes desde la pasada administración.

Fuerzas de ley, orden y vigilancia: hemos visto como la alta jerarquía de la policía, los administradores de la uniones de la policía y correccionales suelen expresarse en contra de las reformas del cannabis en las vistas públicas y en los medios de comunicación del país. En efecto, las agencias estatales y federales dependen del prohibicionismo para poder ejercer presión y vigilancia en las comunidades. Estos grupos no van apoyar nada que debilite la “fuerza” policiaca.

Asimismo, las uniones de policías necesitan tener a la policía contenta y como toda unión obrera garantizar su cuota sindical. Estos últimos han recurrido a las redes sociales para ejercer presión, vendiendo miedo y “controlando” la (des)información por los medios. En los estados que han reformado sus políticas de anti-drogas y han regulado el cannabis ha habido un descenso en las poblaciones carcelarias y hay más probabilidades que se privaticen aún más los servicios. Por tal razón, las uniones han apoyado las campañas en contra de las reformas a las políticas anti cannabis. Por ejemplo, la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Municipales y Municipales (AFSCME) —en Puerto Rico forma parte de los Servidores Públicos Unidos— brindaron donaciones millonarias a candidatos, partidos y comités a nivel federal para mantener las punitivas penas carcelarias.

Los servicios carcelarios y sus privatizaciones dependen de la población penal, no es extraño que mientras nuestra Isla sufre una despoblación en todos los sectores, las cárceles todavía no dan abasto, los servicios siguen siendo pésimos. Compañías como Trinity Services que desde la administración de Luis Fortuño se desarrolla en la Isla, son parte de Trinity Services Group uno de los principales donantes de los republicanos con 900 cárceles en 40 estados de los Estados Unidos.

Industria farmacéutica y mercaderes de la salud: la regulación del uso medicinal del cannabis ha sacado a asociaciones de galenos, de farmacéuticos y especialistas médicos a protestar en contra, y luego a reclamar su participación, al Departamento de Salud para formar parte de esta industria. No obstante, suelen exigir los más estrictos controles dejando el control de la planta a unos pocos en la industria. A pesar que el cannabis no está clasificado como un medicamento por la Administración de Drogas y Alimentos, por lo tanto, no se reconoce que se tenga que despachar en las farmacias. No obstante, las asociaciones de médicos y farmacéuticos en Puerto Rico han insistido en que se les reconozca como el gremio indicado para controlar la entrega y las recomendaciones que se tenga con los pacientes que utilicen ‘cannabis medicinal’.

Asimismo, ha surgido un grupo de mercaderes del cannabis que exige un mayor registro de los mercados donde los dueños de dispensarios, investigadores y manufactureros buscan tener un control  total de la planta. Negándose al desarrollo democrático de una medicina que puede crecer en el patio de nuestras casas. Incluso, pretenden limitar los asuntos de cannabis a propósitos medicinales, obviando el interés de consumo de manera lúdica o para al disfrute personal como se utiliza el alcohol o el tabaco sustancias que son más peligrosas pero ya son reguladas por el estado.

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