Continúan los arrestos por posesión y trapicheo con drogas en Puerto Rico

A pesar de la situación de emergencia que se vive en Puerto Rico, continúan los arrestos en masa por la posesión y el micro-tráfico de drogas en la Isla. Tan reciente como en los pasados días se arrestaron a 41 personas en redadas antidrogas, sin embargo, la gran mayoría eran estudiantes de educación post secundaria entre los que se encontraban varios adolescentes.

La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y el Secretario del Departamento Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera, indicaron que el fiscal Fernando Chalas de la Fiscalía de San Juan y agentes de la División de Drogas de la Policía de Puerto Rico, dirigida por Iván Bahr Silva, “lograron desarticular tres (supuestas) organizaciones que se dedicaban al trasiego de drogas en lugares públicos del área metropolitana”.

Bahr Silva se ha distinguido por varios casos que se le acusa de perseguir a jóvenes universitarios y a manifestantes de distintas huelgas en Puerto Rico.

El juez Edgar Figueroa, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra los 41 sujetos, imponiendo una fianza global de $805,000.

Todos fueron acusados por violación al Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, que es fabricar, distribuir, dispensar, transportar, ocultar, y/o poseer con intención de fabricar, distribuir, dispensar, transportar u ocultar sustancias controladas.

En la conferencia de prensa no se detalló la cantidad de droga incautada, pero salieron a relucir las edades, los nombres y los apodos de los acusados. Aunque se repiten las edades de adolescentes, la gran mayoría de los acusados fluctuaban entre  las edades de “veinte y treinta” años.

En la primera redada fueron arrestados dieciséis jóvenes que estudiaban y/o trabajaban en el Instituto Tecnológico de San Juan, un centro de educación post secundaria. El segundo operativo se realizó en la barriada La Perla, y otras diez personas que supuestamente operaban en distintas áreas de San Juan.

Sin embargo, la Secretaria del Departamento de Justicia alega que “cuarenta y un imputados de distintas clases sociales y económicas fueron acusados por vender sustancias controladas. Estos realizaban las transacciones en lugares públicos, sin importar las consecuencias. El narcotráfico está

íntimamente asociado a los asesinatos que tanto atemorizan y preocupan a nuestro pueblo, lo vamos a combatir y seguiremos realizando operativos en conjunto para limpiar nuestras calles de estos individuos, vengan de donde vengan”, indicó Vázquez Garced.

En los operativos, los guardias mostraron como el gran logro la ocupación de marihuana líquida a través de los tubos que se usan en los cigarrillos electrónicos, una modalidad que supuestamente no se había visto en Puerto Rico. La marihuana líquida hallada no tenía etiqueta ni marca alguna, por lo que pudo elaborarse de forma artesanal. No obstante, es un producto que se consigue en dispensarios y hasta por las redes sociales se pueden buscar videos tutoriales de cómo podría ser fabricado.

Según el  Secretario del Departamento Seguridad Pública, “las conclusiones que constatamos hoy de los operativos realizados demuestran que continuamos firmes en la lucha para atacar los actos ilegales en Puerto Rico. El trasiego de drogas fomenta actos que alteran la convivencia en nuestra sociedad y nos mantendremos con nuestro objetivo claro, combatir la criminalidad”, señaló Pesquera.

No obstante, debemos señalar que los arrestos en masa motivado por estas políticas de mano dura han sobre cargado los sistemas judiciales. Además, han convertido a las cárceles y a los centros de tratamiento para usuarios de drogas en centros sobrepoblados, peligrosos y poco útiles en los procesos de rehabilitación. Estas políticas no se han traducido en una mayor seguridad, de hecho, ha ocurrido todo lo contrario.

Por supuesto, no creemos que se deba vender drogas en espacios públicos ni centros educativos, pero tenemos a la policía de Puerto Rico metiéndose de encubierto a centros de estudios. Y en vez de servir para la prevención y seguridad, prefieren hacerle cargos a chamacos por trapichear con sustancias como marihuana. De igual manera, tenemos un pueblo que carece de servicios básicos que todavía se califica en estado de emergencia luego de un huracán devastador, pero la policía sigue invadiendo comunidades con armas de asalto militar para llevarse a unos chamaquitos que estaban bregando con drogas. ¿Son esos operativos dónde queremos gastar nuestros limitados recursos del erario público? Por supuesto que NO.

Continuar persiguiendo a jóvenes por la mera posesión de drogas y a quienes se las “están buscando” con la venta es seguir atacando al último eslabón de la cadena de comercialización, el más débil, ignorando las reglas de este tipo de comercio. Si algo nos ha demostrado la ‘guerra contra las drogas’ es que en este mercado, cada vez que cae un dealer o se cierra un kiosco, inmediatamente son reemplazados. Por más que quieran presentar que se tratan de atacar todos los niveles, la realidad es que estos arrestos normalmente se ubica en los barrios más desventajados donde el gobierno debería entrar con otras políticas.

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