Denuncian abusos en “centros de rehabilitación” ante CIDH

Distintos grupos de la sociedad civil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los abusos y las humillaciones en los centros de tratamiento para usuarios de drogas en Latinoamérica. La organización Open Society Foundations presentó un nuevo informe titulado: “Ni socorro, ni salud: abusos en vez de rehabilitación para usuarios de drogas en América Latina y el Caribe”.

El documento publicado recopila otros informes locales sobre los abusos en los centros de tratamiento en Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México y Puerto Rico, presentando la repetida violación de los derechos humanos que en ocasiones se sufre en estos “centros de ayuda”.

John Walsh (Washington Office on Latin America), Dr. Rafael Torruella (Intercambios Puerto Rico), Carlos Zamudio Angles (Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas), Francis Taylor (Centro de Orientación e Investigación Integra) y Denise Tomasini-Joshi (Open Society International Harm Reduction Development Program).

En todos los países analizados a menudo las personas son obligadas a ingresar en centros de rehabilitación en contra de su voluntad, ya sea por sus familiares, por la policía o por esas instituciones. Sin embargo, en muchos casos, las familias no conocen la situación en el centro o no tienen ninguna otra alternativa.

Estos centros de tratamiento a usuarios de drogas a menudo operan de forma ilegal y sin supervisión médica o gubernamental. Sus prácticas son contrarias a los tratamientos farmacológicos basados ​​en la evidencia médica recomendado por las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los que denuncian que con frecuencia la dependencia a las drogas es tratado como un defecto moral en lugar de una condición médica.

A medida que los gobiernos regionales se preparan para la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas en abril, es sumamente importante que se defina lo que realmente constituye un “enfoque de salud pública” en las políticas de drogas.

Por su parte, Rafael Torruella, director de Intercambios Puerto Rico expresó, “agradezco la oportunidad que nos dieran para denunciar como las políticas punitivas contra las drogas en Puerto Rico han llevado a que las tasas de encarcelamiento, homicidios y de transmisión de VIH alcancen proporciones alarmantes”. Intercambios Puerto Rico formó parte de la investigación con el informe: Humillación y abusos en centros de “tratamiento” para uso de drogas en Puerto Rico”. En el que se denuncia como “la prestación de servicios de salud física y mental, y de asistencia social para los usuarios de drogas que buscan ayuda y tratamiento ha sido dejada en manos de organizaciones que promulgan una política de “abstinencia”, no cumplen con los derechos del paciente de la Ley 408 de Salud Mental y utilizan métodos que no están basados en evidencia científica”.

NI SOCORRO, NI SALUD

NO HEALTH, NO HELP: