Denuncian agresión de la legislatura contra derechos de personas LGBTTIQ

Mientras ayer miles de personas marchaban por la Equidad, en la Cámara se legislaba para permitir que se discriminen contra las personas LGBTTIQ denunciaba el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) en el día de Orgullo Arcoíris. Sus portavoces hicieron referencia al Proyecto de la Cámara 1018 que propone la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa y que bajará a discusión y votación en ese cuerpo legislativo.

Con el Proyecto de la Cámara 1018, conocido como la “Ley para la Protección de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez y los representantes Guillermo Miranda Rivera y María Milagros Charbonier Laureano, se busca supuestamente “preservar ese derecho constitucional como afirmación de un gobierno que respeta y atesora la fe y la libertad de culto como elementos esenciales de su desarrollo como pueblo”. La presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Charbonier Laureano, en su turno sobre la medida irónicamente alegó que “no es un proyecto que discrimina contra alguien, todos tienen derecho a creer (en alguna religión) o a no creer y eso hay que respetarlo”. Agregó que el proyecto, solo aplica al sector gubernamental.

Según explicó el abogado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE, “la Cámara de Representantes ya no se oculta para fomentar el discrimen contra nosotras y nosotros. En las vistas públicas del PC1018 se limitaron los turnos de entidades que se oponían al proyecto, mientras organizaciones como Puerto Rico por la Familia tuvieron amplio espacio para deponer, así como sus abogados, el abogado del representante Carlos “Johnny” Méndez y Mujeres por Puerto Rico, que es parte de la red de grupos fundamentalistas que impulsan el proyecto”.

Sólo se permitió deponer en contra a CABE y al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. “Si hubieran permitido que depusieran otros grupos de derechos humanos, universidades y asociaciones profesionales, seguramente la mayoría hubiera rechazado el proyecto por sus implicaciones para la salud pública, el acceso a servicios y los derechos humanos en general”, añadió Burgos.

“Nos sorprende, además, el reto directo al Gobernador y cómo en las vistas públicas la representante Charbonier dio instrucciones a la deponente del Departamento de Justicia para que luego de escuchar a los grupos del sector fundamentalista llevara el mensaje a la Secretaria de Justicia para que reevaluara su ponencia y la enmendara”, dijo la abogada Amárilis Pagán Jiménez, también portavoz de CABE. Según explicó, tanto Charbonier como Méndez estaban molestos porque el Departamento de Justicia rechazó el proyecto.

Ambos portavoces llamaron la atención al hecho de que este tipo de proyecto de ley ha sido impulsado en los Estados Unidos por entidades que han sido clasificadas como grupos de odio por organizaciones de derechos humanos como el Southern Poverty Law Center. “Es preocupante que en la legislatura se dé espacio a que grupos como esos asuman el liderazgo en procesos legislativos para impulsar una agenda que pretende imponer al país sus creencias religiosas particulares y con ellas, la homofobia y el discrimen”, dijo Pagán. “En la medida en que se fomenta el odio y el discrimen, se da permiso para que nos agredan y nos asesinen. Proyectos como este son un atentado contra la vida, seguridad y desarrollo pleno de las personas LGBTTIQ”.

Los portavoces denunciaron que además del PC1018, la Cámara de Representantes inició la revisión del Código Civil con un simposio en el cual las presentaciones han estado a cargo de abogados y jueces identificados con el sector religioso del país. “De hecho, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara tiene empleado al sacerdote católico Carlos Pérez quien ha sido muy vocal a la hora de perseguir y rechazar a las comunidades LGBTTIQ del país”, dijo Burgos. Éste explicó que precisamente mañana se celebra un simposio sobre el tema del Libro de Familia del Código Civil y el sacerdote Pérez depondrá en el mismo.

Asimismo, denunció que “bajar el PC1018 a votación el día en que se marcha por la Equidad es un insulto a las comunidades LGBTTIQ pero también al resto del país. En la medida que se atenta contra las diversidades y la verdadera libertad religiosa tratando de imponer las creencias de un solo sector, se empobrece nuestra democracia y los derechos de todas y todos están en riesgo”.

Por su parte, el colectivo “Dios le debe a Hacienda” denunció por sus redes que en Puerto Rico no existe ni remotamente una amenaza a la libertad religiosa. Por el contrario, “el Estado discrimina contra todas las personas que no son cristianas cada vez que privilegia el cristianismo en directa violación de la Constitución. Como si fuera poco lo que busca este proyecto de ley es poder quitarle derechos a la comunidad LGBTTQ en la Isla, aún cuando el gobierno federal, que es el gobierno que favorecen los fundamentalistas, ha reconocido el derecho que tienen sus ciudadanos a amar a quien le plazca”.

Asimismo manifestaron que, “las más de 10 mil iglesias que existen en la isla tienen todo ese poder político porque tienen una enorme cantidad de privilegios y ventajas económicas. Cualquier organización que pueda operar fuera de la ley contributiva, con subsidios y acceso libre a capital público siempre tendrá más poder político. La mejor manera de luchar contra el obscurantismo y la ignorancia que promueven las costumbres religiosas es exigir que las iglesias paguen impuestos”.

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