Denuncian impunidad de los abusos policiacos en Puerto Rico

El pasado martes la Policía de Puerto Rico gastó miles de dólares en centenas de agentes del orden público para vigilar a manifestantes que denunciaban los recortes económicos impuestos por la Junta de Control Fiscal en la Isla.

El gremio que en los pasados meses estuvo de brazos caídos, cobrando el dinero del erario público tomando los días por enfermedad que sabían no se le iba a pagar, y que rogaban por apoyo ciudadano ante los recortes económicos impuestos a su gremio. Esta vez, como quizás ya es costumbre, a la policía se les volvió a salir las cosas de control y terminaron golpeando, arrestando y atropellando manifestantes pacíficos que denunciaban los recortes económicos impuestos por la Junta de Control Fiscal.

Por su parte, el Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía denunció que las acciones de la policía siguen muy vinculadas a un problema estructural y a la ausencia de mecanismos confiables de rendición de cuentas. A continuación las expresiones del grupo fiscalizador:

A pesar del proceso de reforma en que se supone esté inmersa la Policía de Puerto Rico, se continua el despliegue excesivo y preventivo de fuerzas especializadas para suprimir el derecho a la libre expresión de manifestantes. Nuevamente, personas que protestan han sufrido daños serios a causa del nefasto ejercicio policiaco de nuestro país.

La policía movilizó a la División de Operaciones Tácticas, arrolló a un manifestante con una grúa de la policía, cuyo conductor se fue a la huida según el testimonio de los allí presentes. La grúa de la policía había removido una guagua que los manifestantes habían utilizado para llegar al lugar. También se realizaron arrestos cuestionables y pasaron horas antes de que la policía informara sobre el paradero de los arrestados y permitieran la visita de abogados y abogadas.

No puede pasar desapercibido que esta protesta ocurre en momentos de indignación y miseria extrema para el pueblo de Puerto Rico, cuando aún quedan miles de familias sin luz, sin ingresos, decenas de miles se han ido del País y el gobierno de Puerto Rico se apresta a privatizar la educación y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Además, este incidente coincide con la publicación del informe del Monitor de la Policía sobre lo acontecimientos del 1ro de mayo del 2017, en el cual se identifican serias deficiencias por parte de la Policía de Puerto Rico en cuanto al manejo de multitudes y el uso de fuerza.

Por años, hemos abogado porque se erradique la activación “preventiva” de las unidades tácticas para atender actividades protegidas por nuestra Constitución. La mera presencia excesiva de uniformados y/o unidades tácticas o antimotines constituye uso de fuerza y es un disuasivo al ejercicio de libre expresión, participación política y asociación, derechos fundamentales que la Policía tiene que garantizar a la ciudadanía. El rol de la Policía de Puerto Rico es proteger los derechos de todas las personas y facilitar el ejercicio de derechos fundamentales. La Policía no puede desincentivar el ejercicio de nuestros derechos. Por el contrario, tiene la obligación de facilitarlo y garantizarlo”.

El incidente del martes es otra repetición de una larguísima lista de incidentes nefastos que siguen ocurriendo y que demuestran que, a cuatro años de la Reforma, la Policía aún no está preparada para cumplir con sus propias políticas de manejo de multitudes, mucho menos para garantizar los derechos fundamentales.

Además, este nuevo incidente reitera algunos argumentos por los que durante años hemos abogado:

  • Los actos de abuso policiaco y el estilo de total impunidad con que actúa la Policía de Puerto Rico no son incidentes aislados. Siguen estrechamente vinculados a un problema estructural y sistémico y a una ausencia de mecanismos confiables y robustos de rendición de cuentas. Además, evidencia la ausencia de una verdadera voluntad para corregir el problema. La Reforma requiere un cambio de paradigma para que la Policía de Puerto Rico, que es un cuerpo civil, se transforme al modelo de policía comunitaria establecido por la Reforma.
  • La Policía no puede investigarse a sí misma. Son innumerables las ocasiones en que diversos grupos, comunidades, organizaciones e individuos nos expresan su completa falta de confianza en la radicación de querellas contra la Policía en el propio Departamento de la Policía. A ninguna víctima se le ocurre querellarse en la casa de su victimario y lo mismo les ocurre a personas que salen a manifestarse y a personas de comunidades marginadas. En ambos casos, la violencia y la negligencia policiaca están normalizadas y es común esperar que, tras una denuncia sobre la mala conducta de un policía, este o sus compañeros tomen represalias contra estas personas o comunidades.
  • Un ente ciudadano independiente de rendición de cuentas serviría, no solo para proveer espacios neutrales de querellamiento a la ciudadanía sino para detectar y corregir fallas estructurales a partir de eventos específicos. De hecho, en las reformas posteriores a la de Puerto Rico impulsadas por el Departamento de Justicia Federal (DOJ), se adopta la implementación de mecanismos de monitoreo civil independiente cuya labor no conflige con la del asesor técnico o monitor.
  • La supervisión ciudadana no solo provee mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas a la ciudadanía y ayuda a restaurar la confianza entre las comunidades y la Uniformada. Sus investigaciones independientes también protegen a los policías profesionales que hacen su trabajo con alto sentido de responsabilidad y sensatez. Si obra correctamente, bajo la supervisión independiente, un policía tiene más posibilidades de mantener un expediente limpio sin la suspicacia colectiva que actualmente pesa sobre los casos de mala conducta policiaca.
  • Además, con un proceso disciplinario oportuno, justo y eficiente, la investigación exhaustiva de la mala conducta policial previene el desarrollo delictivo de los policías. Cuando se toman medidas disciplinarias contra la mala conducta policial desde sus primeras faltas, se evita el escalamiento del sentido de impunidad y la posibilidad de continuar cometiendo faltas mayores.
  • La supervisión ciudadana ofrece un sentido de transparencia y participación. Esto no hace sino robustecer la democracia y el envolvimiento de las comunidades con sus instituciones.

GRUPORCO reitera su compromiso con seguir trabajando para que la Policía de Puerto Rico se convierta en una institución que ofrezca un verdadero sentido de seguridad solidaria a nuestro País mediante el respeto a la diversidad y con mecanismos y procesos respetuosos de los derechos humanos.