Desarrollarán programas de viviendas en la ‘libre comunidad’ para confinados

Aunque en las pasadas semanas hemos fustigado los planes del gobierno de Ricardo Rosselló de desterrar a miles de presos puertorriqueños a cárceles en Estados Unidos, una medida que sin lugar a dudas tenemos que detener.

Sin embargo, debemos resaltar que las estrategias de darle vivienda a confinados y confinadas con el “Programa de Pre Reinserción a la Libre Comunidad” del Departamento de Corrección son medidas que debemos impulsar a que se desarrollen de una manera amplia salvaguardando los derechos del confinado y de todos.

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Y. Rolón Suárez, anunció la firma de un acuerdo junto al secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat, para dar paso a crear escenarios alternos a las instituciones correccionales.

“A través de este acuerdo logramos expandir las oportunidades de educación y empleo a la población correccional, como una herramienta para auto sustentarse una vez se conviertan en participantes activos de la libre comunidad, tal y como lo encomendó el gobernador”, señaló Rolón Suárez, quizás olvidando que también es su compromiso constitucional.

Por su parte, el secretario de la Vivienda añadió que “a través de este acuerdo interagencial, el Departamento de la Vivienda se convierte en un ente de integración y apoyo para los confinados que tienen una nueva oportunidad en la libre comunidad. La agencia ofrecerá un listado de las unidades de viviendas disponibles para ser utilizadas como escenario alterno a la institución correcional y ofrecerá igualdad de oportunidades para que éstos puedan integrarse fácilmente a la sociedad”.

El secretario del DCR explicó el pasado mes de diciembre cuando lanzó el Programa de Pre Reinserción a la Libre Comunidad, que utilizará el método de supervisión electrónica y que cualquier infracción a las reglas implicará la reclusión inmediata del miembro de la población correccional. El objetivo del programa es que el individuo inicie el proceso de adaptación que lo insertará nuevamente en la libre comunidad, convirtiéndose así en personas independientes y productivas al concluir su sentencia.

Por supuesto, esperamos que esto no se preste para aumentar los arrestos, alargar las condenas y que tampoco se convierta en un negocio público-privado de sobre vigilancia y castigo tecnológico.

Para ser elegible para este proyecto deben cumplir con los siguientes criterios:

  • El Secretario será quien concederá el privilegio de participar en el Programa.
  • El participante no puede tener “Warrants”,  ni “Detainer”, ni querellas disciplinarias adjudicadas en su contra durante los últimos tres (3) meses.
  • Deberán cumplir con las siguientes leyes, de aplicar: Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico, Ley para la Compensación a Víctimas de Delito, Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, y el Plan de Reorganización Núm. 2-2011 (Notificación a las Víctimas de Delito).
  • Aquellos confinados sentenciados por actos lascivos o impúdicos, deberán pasar por terapia y recibir una recomendación favorable por el terapista previo a ser considerados.
  • Los confinados deben restarle cinco años o menos para cumplir su sentencia para ser elegibles.
  • En los casos que el confinado haya incurrido en el delito de fuga o en la comisión de un nuevo delito, deberá haber transcurrido un mínimo de tres (3) años desde dicha comisión y haber completado el tratamiento recomendado para poder ser considerado.
  • De haber violado el reglamento del programa, el confinado tendrá solo una segunda oportunidad luego de 18 meses, luego de pasar por un tratamiento recomendado en el Plan Institucional.