Entidades legales salen en defensa de la Comisión de Derechos Civiles

Las medidas de austeridad que se pretenden implantar en Puerto Rico siguen atentando contra los derechos humanos y las libertades civiles de todos. Sin embargo, estos recortes económicos están sirviendo también de un ‘ataque de censura’ a entidades cuya función es fiscalizar y cuestionar las medidas del mismo gobierno.  

Uno de los más recientes ataques ha sido contra la Comisión de Derechos Civiles con el Proyecto del Senado 420 se enmendaría la Ley 3 del 2017, también conocida como la “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”,se controlaría el gasto público y reduciría el presupuesto de la Comisión, lo que se considera un conflicto de interés y un golpe a la autonomía de la entidad.

En los últimos diez años a la Comisión se le ha reducido el presupuesto a menos de la mitad. De un presupuesto de $1.9 millones en el 2008 a $920,000 que reciben en la actualidad. Más recortes limitarían a las poblaciones que la comisión atiende, se afectarán las personas de bajos recursos, como las madres y padres de niños de educación especial o los confinados y sus familias.

Las entidades legales y académicas que agrupan la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia se unieron para exigirle a la Asamblea Legislativa y al gobernador Ricardo Rosselló a que no den paso al Proyecto del Senado 420, que restaría funciones a la Comisión de Derechos Civiles (CDC), desprendiéndola del control de los fondos y de la autonomía que requiere este organismo para llevar a cabo sus funciones.

El CDC es una entidad dedicada a la defensa de los derechos de grupos vulnerables desde el año 1965 y ha servido como un foro independiente del Estado para llevar a cabo investigaciones que visibilizan violaciones de derechos humanos que incluyen las cometidas por parte de éste.

No debe perderse de perspectiva que la CDC es uno de los pocos foros que atiende las querellas de personas privadas de libertad, manifestantes, personas sin hogar, víctimas de discrimen por razón de su identidad de género u orientación sexual, manifestantes privados de su derecho a la libertad de expresión y estudiantes de educación especial, entre otros.

“La labor fiscalizadora de la CDC, así como sus campañas educativas sobre derechos humanos, son fundamentales para nuestro País. En este contexto de crisis económica, social y política, el acompañamiento a quienes sufren censura, discrimen o abusos por parte del gobierno debe ser una prioridad” señaló la licenciada Ariadna Godreau Aubert, coordinadora de la Mesa.

Actualmente, la Comisión lleva a cabo trabajo sensitivo sobre temas críticos para los derechos civiles del País. Entre estos se encuentran trabajos sobre el monitoreo electrónico de la Policía en las redes sociales, la corrupción en el servicio público y las acciones de la Policía para cumplir con la reforma policial.

Por su parte, Frances Collazo, abogada de Ayuda Legal Huracán María, dijo que “la austeridad no puede aplicarse eliminando derechos fundamentales. Tampoco puede implementarse quitándole a las personas los pocos foros que existen para reclamarlos. Defender la CDC es defender un espacio donde pueden llegar quienes exigen dignidad y justicia social”.

La reducción de gastos del presupuesto no puede ser motivo para la privación de fondos de la Comisión, puesto que dicha entidad posee un presupuesto menor a un millón de dólares. Las entidades de la Mesa que endosaron la misiva entienden que este Proyecto es una amenaza para el acceso a la justicia, que impactará los derechos humanos de las personas más vulnerables.  La crisis económica es también una crisis de derechos fundamentales – más evidente esta última tras el paso del Huracán María. Es por eso que hoy defendemos a la CDC y le solicitamos al Gobernador que actúe para preservar su autonomía y funcionamiento.

Las expresiones fueron endosadas por: Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, Clínica de Asistencia Legal de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Ayuda Legal Huracán María, Derecho a tu casa, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Inter-Mujeres, Pro-Bono, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Pro-Bono, Universidad Inter Americana de Puerto Rico, Profamilias, Inc.

Desarrollan herramienta para la educación de derechos humanos