Exigen justicia para la población penal de Puerto Rico

El primero de enero Juan Rolón salió caminando de Morovis para El Capitolio por vez número 32 para exigirle justicia a nuestros gobernantes por la población penal de Puerto Rico. Como tantas otras veces estará pernoctando en los predios de la Casa de las Leyes esperando que sus reclamos sean escuchados por los políticos del país.

Les exhortamos que si lo ve caminando o en los predios del El Capitolio donde estará hasta el 4 de enero le muestre su solidaridad. Lea la misiva que le entregará a la nueva administración del Estado Libre Asociado.

Hon. Ricardo Rosselló Nevares Gobernador de Puerto Rico

Estimado Honorable Gobernador:

Reciba mi cordial saludo. Ante todo, quiero felicitarle por el cargo ostentado, y que es de suma importancia en nuestro país.

Para comenzar es indispensable presentarme ante usted, y su equipo de trabajo. Mi nombre es Juan Rolón Rivera, resido en el Municipio de Morovis, y actualmente cuento con preparación académica en trabajo social. En éstos últimos años, me desenvuelto en lo que respecta la defensoría de los Derechos Humanos y Civiles de la población penal de Puerto Rico. Este movimiento lo he realizado en los últimos seis (6) años. Entre las iniciativas realizadas he emprendido caminatas desde mi residencia hasta la Casa de las Leyes, en aras de que mis propuestas, preocupaciones y necesidades como las de otros, sean escuchadas, atendidas, y se ausculte alternativas viables para disminuir el factor que tanto resalto, que es el discrimen por condición social. Mi objetivo es que la Asamblea Legislativa, cónsonamente con usted el Primer Ejecutivo de nuestro Gobierno, adopten, promulguen e implementen políticas públicas y Leyes responsivas a las necesidades de nosotros los constituyentes, disminuyendo y/o erradicando el discrimen existente, por haber cumplido alguna pena en prisión. Además de los requisitos solicitados por algún patrono, el cual la mayor parte, somos discriminados y limitados a recibir servicios en la libre comunidad, por poseer un expediente criminal, por la comisión de un delito, en un momento dado.

Es menester resaltar, que mi intención es compartir algunas propuestas para prevenir el discrimen por antecedentes penales al solicitar empleo y vivienda. Según disponen las estadísticas publicadas por la Rama Judicial de Puerto Rico, el total de condenas en los años naturales 2009-2013 identifico un total de 156,000 convicciones aproximadamente. La Ley 254 de 27 de julio de 1974 conocida como “ Ley que Autoriza a la Policía de Puerto Rico a Expedir Certificado de Antecedentes Penales”, acoge en su Artículo IV que “una persona convicta por delito grave puede eliminar dichas convicciones a través del Tribunal de Primera Instancia al transcurrir 5 años luego de cumplir la sentencia”.

Como es de su conocimiento, el requisito para obtener empleo en Puerto Rico, es presentar el Certificado de Antecedentes Penales; el cual es un alto porcentaje de ex convictos, que actualmente se encuentran desempleados, por no poder presentar dicho certificado. Cabe resaltar, que esto no debe ser una excusa, para seguir adelante y progresar, auscultando autosuficiencia, pero contamos con casos, donde se debe proveer pensión alimentaria, y nosotros mismos mantenernos dentro de las limitaciones presentes, sumadas a las necesidades que posee cualquier ser humano, sin importar calidad de vida, y mucho menos estatus social. El problema estriba en que al solicitar empleo, los hallazgos presentados por la comisión de un delito, luego de un análisis, imposibilita a obtenerlo.

Mi gestión no se limita exclusivamente a evitar este discrimen, sino más bien que impostergablemente, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, cuenta con un sesenta y cinco (65%) de su clientela, son reincidentes. ¿Qué trae consigo dicha reincidencia? Aumentar los gastos gubernamentales, con el fin de “brindar programas y servicios” para que este tipo de individuos “puedan rehabilitarse” dentro de un sistema que se supone que brinde una igualdad de oportunidades y condiciones, en aras de propender su rehabilitación moral y social. Es decir, un aproximado de la población bajo la supervisión del Departamento de Corrección es de 24,000 personas entre quienes están en prisión y los que están en programas de desvíos, probatorios, y entre otros.

Ya nuestro alto foro judicial como lo es el Tribunal Supremo de Puerto Rico, atendió la controversia, en el caso autos Rosario v. Toyota; 2005 TSPR 154. El resultado de la discusión del caso de epígrafe, trajo consigo distintas opiniones, el cual no produjo alguna alternativa que atendiera la preocupación sustantiva de los constituyentes que atraviesan dicha problemática. La Honorable Juez Rodríguez Rodríguez, emitió su opinión disidente, dado que entiende que la Asamblea Legislativa está muy consciente de este factor que limita a estas personas, y que a ellos es quien corresponde legislar para proveer los mecanismos correspondientes para ser facilitadores de la rehabilitación. Durante éstos últimos años, se han realizado las gestiones pertinentes donde se le ha brindado propuestas para atender la situación, pero han eludido el mismo.

En nuestra Constitución de Puerto Rico, establece y dispone en el Artículo VI; Sección 19, el Derecho a la rehabilitación, que reza de la siguiente manera; el estado habrá de reglamentar las instituciones penales, para en sus propósitos propender dentro de los recursos disponibles la rehabilitación moral y social del llamado delincuente. Por tanto, exponer esta situación no es meramente un capricho de quienes hemos cumplido en prisión, sino más bien una responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico, más allá de las propuestas realizadas en su Plan de Gobierno. El Sr. Idelfonso Sola Morales expresó y cito: […] “creo que a nombre de la sociedad debemos consignar aquí la forma en que miramos y enfocamos el problema ahora, y, a nombre de esa sociedad procurar de llegar al logro devolverle a la sociedad, si es posible, por cada delincuente, una persona regenerada y útil en el seno de esa sociedad en que va a convivir. Es con la sociedad nuestra deuda…]” Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, Ed. 1961, Tomo 3, pág. 2145.

Según Adam Schaefer, (Washington Office on LatinAmerica, 2015): “Desde los años 70 hasta el 2013, la población carcelaria en los EE.UU. se cuadriplicó debido a nuevas leyes políticas de mano y políticas de mano dura contra el crimen, y particularmente la droga. El aumento fue sin precedentes; el país se ha posicionado como el líder de los países desarrollados en personas encarceladas per cápita, y como el país con la mayor población carcelaria en el mundo. Al fin del año 2013, EE.UU. contó con 1.57 millones de personas en prisiones y cárceles estatales y federales – la gran mayoría de ellos siento minorías – y a pesar de la introducción de algunas políticas muy esperanzadoras, hasta la fecha no se ha notado una reducción significativa en la población carcelaria.”

En los últimos quince (15) años, más de cien (100) jurisdicciones, ciudades, Condados y Estados, han enmendado sus Leyes con tal de prohibir preguntas acerca de los antecedentes penales durante parte del proceso de reclutamiento y entrevista a candidatos de empleo. Las iniciativas han utilizado de los eslóganes “Ban The Box” (prohibir la pregunta) que se refiere a la casilla en los formatos requeridos para empleo.

Adjunto a esta carta, entrego dos propuestas de Ley por petición, entregadas a su oficina y a la Asamblea Legislativa. Si atendemos este asunto con la seriedad que amerita, sería de beneficio social, ya que la población convicta puede reintegrarse y completar su proceso de rehabilitación como establece nuestra Carta de Derechos.

Me encuentro en la mayor disposición de poder entablar un diálogo efectivo, el cual se puedan identificar alternativas viables, y puedan conocer más a fondo mis vivencias, en el cual puedan mejorar y atender las preocupaciones de aquellos/as que cuentan con limitaciones sociales y laborales por haber delinquido en un momento dado. Cualquier duda, pregunta, e invitación a dialogar al respecto, se puede comunicar con mi persona al (787)-594-8720 o a través de correo electrónico a jrolonrivera@gmail.com. Gracias anticipadas.

Cordialmente,

Juan Rolón Rivera