Exigen un trato digno para los confinados de la Cárcel Guerrero de Aguadilla

Mientras el gobierno de EEUU se encamina a una reforma penal, en Puerto Rico se continúa con los castigos innecesarios y los tratos inhumanos en prisión. En los predios de la Cárcel Guerrero de Aguadilla, “amigos y familiares de los confinados” protestaron por los malos tratos que reciben los confinados en la institución.

“Un trato digno a los confinados”, es el reclamo de los familiares de los reos, expresado al medio noticioso WALO 12. El grupo reunido frente los predios de la institución penal reclamó que las condiciones que viven los confinados son pésimas y amenazan con la salud. Un ex confinado de  dicha cárcel se unió al reclamo y ofreció su testimonio de lo que vivió durante su condena. Asimismo, se denunció un brote de varicelas, mala alimentación, comida descompuesta y los castigos excesivos que privan la visita, la recreación, bonificación y la comisaría de los confinados.

El Estado Libre Asociado, ahogado en los mismos problemas de sobre población carcelaria que tiene los Estados Unidos, se le suma una crisis económica que no le brinda las oportunidades y los derechos de rehabilitación que tienen los confinados. Y lo que es peor, carece de los servicios necesarios que le garantizan los derechos constitucionales del ELA a los confinados de Puerto Rico.

Asimismo, el gobierno de AGP debería escuchar el reclamo de otro grupo de familiares y amigos de los confinados que le sugiere que se ahorre millones de dólares al año castigando a presos de custodia mínima que pueden estar viviendo en la “libre comunidad”. Ante la crisis económica que afecta a nuestro país, un gasto para el erario público de $40 mil dólares al año por servicios brindados a cada confinado(a) “se los podrían ahorrar”.

Nuestro sistema penal “tiene sobre 2,000 confinados en custodia mínima con sus planes institucionales completos, terapias adquiridas, rehabilitados y con más de 20 años en el sistema que están cualificados, de acuerdo a los requisitos establecidos por el propio sistema, quienes podrían ser liberados bajo cualquier privilegio. Una alternativa es el programa de supervisión electrónica, donde el confinado es monitoreado diariamente y puede ser costeado por el confinado”.

De acuerdo a familiares de confinados, el problema vigente es la gran cantidad de confinados en custodia mínima que son descalificados debido a conflictos entre varios reglamentos y leyes que impiden su integración a la libre comunidad. Aunque estén rehabilitados, tienen que estar acudiendo a los tribunales para que resuelvan argumentos que violan todos sus derechos e impiden su libertad. Los que no tienen recursos económicos se quedan en un limbo dentro del sistema carcelario.

La liberación de 1,000 reos que cumplan con todos los requisitos representaría un ahorro de sobre $40 millones anuales para el pueblo de Puerto Rico. En 10 años son 400 millones que se estaría ahorrando el ELA.

No pretendemos que se liberen delincuentes y sí confinados de custodia mínima que estén rehabilitados. Exigimos al Departamento de Corrección a no cerrar las oportunidades de integración a la sociedad de los confinados que participaban en programas de rehabilitación porque cada día transcurrido están incumpliendo con la ley, aunque lo disfracen para aparentar que hacen algo para evitar el ocio en los penales.

Ya es tiempo que nuestros gobiernos se comprometan a “menos confinados y mejores cárceles”, asegurando la rehabilitación y un trato digno para tod@s.

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