Falso alegar que en Puerto Rico no hay presos por posesión de marihuana

Aunque es un ‘avance’ que Alejandro García Padilla sostenga que indultaría a cualquier preso que esté en prisión por mera posesión de marihuana. El gobernador de Puerto Rico le falta a la verdad al alegar que no hay presos por tal “delito” en la Isla.

Quizás su comentario podría considerarse una imprudencia para las cientos de madres que han tenido que sufrir los procesos tortuosos de las cortes, de los programas de rehabilitación a drogas y de la humillación y eternas filas para entrar a las cárceles. En Puerto Rico pudieran ser cientos los condenados a supuestos programas de tratamiento forzoso, en arresto domiciliario y en las cárceles del país por unos gramos de marihuana que en cualquier parte del mundo ya es legal o por lo menos no es castigable.

La primera queja debe ser la “falta de transparencia”, más allá que sea la palabrita de moda, la realidad es que el gobierno de Puerto Rico no tabula esa información cuando encarcelan ni cuando obliga a ingresar a centros de tratamiento. En Puerto Rico los programas de tratamiento NO tienden a dividir las terapias por tipos de sustancias. Por lo que, para poder conocer cuantos presos por marihuana tiene el sistema, se tendría que buscar caso por caso en los casi 13 mil personas en población penal y en los miles condenados a los programas de tratamiento. Una cifra que cambia todos los días.

Pero mayormente son las clases marginadas del país las que sufren el peor embate de la criminalización de la marihuana. Quizás el gobernador se refería a que en Puerto Rico quien tiene poder adquisitivo no va a prisión por marihuana, el referente del gobernador debe ser tipos como el hijo de Chafey que no tienden a ir a prisión. Pero otros no corren con la misma suerte.

Además, son cientos los acusados con agravantes con el Art. 411 por estar a metros de escuelas o en las canchas de los complejos residenciales. Mientras se mantenga el prohibicionismo serán muchos los que no podrán fumar en su casa y se tendrán que ir a consumir en espacios riesgosos.

En una simple visita a las cortes de drogas, les puede dar grima ver como los abogados están brincando de sala en sala y negociando con chamacos en los pasillos. Por unos 4-6 mil dólares te pueden conseguir una condena “menos grave” con supuestos programas de tratamiento, convirtiéndolos en otras víctimas más del sistema.

Por otro lado, podemos asegurar que a nuestras redes sociales son bastantes las cartas que nos escriben de personas o familiares con posibilidad de ir preso por mera posesión de marihuana. Una de las últimas personas que nos escribió, nos contó que en “semana santa” en Cabo Rojo arrestaron a docenas de personas por mera posesión de marihuana. Nos mencionó que los guardias andaban de encubiertos en la playa cogiendo a chamaquitos que estuvieran fumando.

Otra persona en Aguadilla, ajena a esa conversación cibernética, nos contó que sufrió exactamente lo mismo. Nos hemos puesto a preguntar y nos dicen que en la pasada ‘semana santa’ en Cabo Rojo arrestaron a más de 28 personas con marihuana y tan sólo uno de los agente había arrestado a 11 de ellos. Aunque los casos “se siguen cayendo” en las cortes, algunos esperan se puedan negociar a probatorias y a programas de tratamiento.

En cambio, si el gobernador no quiere presos por marihuana pudiera “ordenarle” a los fiscales a que se inhiban de llevar casos relacionados al “delito” de posesión. Nos evitaríamos a fiscales como Silda Rubio Barreto que embriagada de poder insiste en arrestar a Melvin Villanueva. El joven estudiante lleva año y medio en arresto domiciliario con grillete mientras se ve su juicio de posesión de marihuana en un área escolar.

En cuanto al comentario del gobernador acerca de Jeremy Ruiz Tomassini, consideramos que debe tener mayor prudencia. La cantidad de dos bolsitas que alegan tenía el estudiante no creo sea justificación para acusarlo de un “crimen mayor”. Jeremy se declaró culpable mal orientado, quizás bajo el engaño que tenían videos con menores. Pero la realidad es que en los videos presentados en el juicio de Melvin, no muestran la presencia de un menor. Incluso, el juez suprimió los videos como evidencia por entenderlos que no mostraban causa fundamentada para la intervención policiaca.

Asimismo, la resolución del juez pone en duda el alegato del policía de cómo llegó la confidencia para estar grabando a chamaquitos en zonas escolares.

Mientras tanto, hay un joven en prisión siendo castigado de manera desproporcional e injusta. Como lo son las víctimas del sistema que se encuentran en los programas de tratamientos forzosos, arrestos domiciliarios y pasando la humillación de hacer sus necesidades fisiológicas frente a una “trabajadora social” que monitorea su abstinencia como única opción.

Ya es tiempo que el gobernador convenza a la Cámara de Representantes a una DESCRIMINALIZACIÓN TOTAL del cannabis… Se le hace tarde a su mandato y se nos cae el país.