Filipinas: La sangrienta guerra de la policía contra los pobres

Desde que el presidente Rodrigo Duterte asumió el cargo, hace siete meses, se han cometido más de 7.000 homicidios relacionados con las drogas, de los que la policía ha matado directamente al menos a 2.500 presuntos autores de delitos relacionados con las drogas. Instigados por la retórica del presidente Rodrigo Duterte, policías, asesinos a sueldo incluidos en su nómina e individuos armados desconocidos han dado muerte a más de 1.000 personas al mes con el pretexto de una campaña nacional para erradicar las drogas. Una oleada de ejecuciones extrajudiciales que podrían ser constitutivas de crímenes de contra la humanidad.

Según la investigación de Amnistía Internacional, “If you are poor you are killed”: Extrajudicial Executions in the Philippines’ “War on Drugs” se presenta en detalle cómo la policía actúa sistemáticamente contra personas pobres e indefensas en todo el país al tiempo que coloca “pruebas”, contrata a asesinos a sueldo, roba a las personas a las que mata y falsifica informes oficiales sobre los incidentes.

“Esto no es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra los pobres. Basándose a menudo en los indicios más endebles, se mata por dinero a personas acusadas de consumir o vender drogas, en una economía del asesinato”, ha afirmado Tirana Hassan, directora del programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

“Con el gobierno del presidente Duterte, la Policía Nacional infringe las leyes, al tiempo que saca provecho del asesinato de personas empobrecidas cuya situación supuestamente el gobierno debería mejorar. Las mismas calles que Duterte prometió limpiar de delincuencia están ahora llenas de cuerpos de personas que han sido víctimas de homicidios ilegales cometidos por su propia policía”, señaló Hassan mediante comunicado.

La investigación de Amnistía Internacional (AI) documenta en detalle 33 casos que implicaron el homicidio de 59 personas. El equipo de investigación entrevistó a 110 personas en las tres divisiones geográficas principales de Filipinas, que hablaron en detalle de ejecuciones extrajudiciales en 20 ciudades del archipiélago. Las ejecuciones extrajudiciales son homicidios ilegítimos y deliberados cometidos por funcionarios, por orden de un gobierno o con su complicidad o aquiescencia. Además, violan el derecho a la vida consagrado en la legislación filipina y en el derecho internacional.

Homicidio de personas desarmadas y falsificación de informes policiales

El informe documenta cómo la policía, actuando a partir de listas sin verificar de personas que presuntamente consumen o venden drogas, irrumpió en viviendas y mató a tiros a personas desarmadas, incluidas aquellas que estaban dispuestas a entregarse.

Falsificando sus posteriores informes sobre los incidentes, la policía ha afirmado una y otra vez que habían disparado contra sus agentes previamente. Contradiciendo directamente las afirmaciones de la policía, testigos de los hechos relataron a AI cómo la policía había realizado allanamientos a altas horas de la noche, no había intentado practicar detenciones y había abierto fuego contra personas desarmadas. En algunos casos, según los testigos, la policía colocó drogas y armas que después presentó como pruebas.

En un caso, en la ciudad de Batangas, la esposa de una víctima refirió cómo la policía mató a su esposo disparándole a quemarropa mientras ella les suplicaba clemencia. Una vez muerto su esposo, la policía la agarró, la sacó a la fuerza a la calle y la golpeó, causándole hematomas.

En la ciudad de Cebú, cuando Gener Ondina vio que un numeroso contingente de agentes de policía rodeaba su vivienda, les pidió que le perdonaran la vida y les dijo que estaba dispuesto a entregarse. “La policía siguió golpeando la puerta [y] cuando entró él gritaba: ‘Me entregaré, me entregaré, señor’”, dijo un testigo a AI.

La policía ordenó a Gener Ondina que se tumbara en el suelo, mientras decía a otra persona que estaba en la habitación que saliera. Los testigos oyeron después disparos. Un testigo recordó que “se lo llevaron como a un cerdo” fuera de la casa y después dejaron su cuerpo cerca de un sumidero antes de cargarlo finalmente en un vehículo.

Los familiares dijeron que, cuando se les permitió entrar de nuevo en la casa, seis horas después de la muerte de Gener, vieron salpicaduras de sangre por todas partes. Faltaban objetos de valor, entre ellos un ordenador portátil, un reloj y dinero, que, según los familiares, la policía no les había reintegrado ni había incluido en el inventario oficial de la escena del crimen.

El padre de Gener, Generoso, sirvió en la fuerza de policía durante 24 años hasta su retiro en 2009. Generoso dijo a Amnistía Internacional que se sentía “avergonzado” por el consumo de drogas de su hijo. También manifestó su apoyo a las medidas contra las drogas del gobierno. “Pero lo que hicieron fue demasiado”, dijo. “¿Por qué matar a alguien que ya se ha entregado?”

Otras personas describieron en términos semejantes la deshumanización de sus seres queridos, que fueron asesinados sin piedad y sus cuerpos arrastrados y abandonados.

“El trato que reciben los cadáveres muestra el escaso valor que la policía de Filipinas concede a la vida humana. Cubiertos de sangre, son arrastrados sin cuidado en presencia de sus familiares horrorizados, con la cabeza rozando el suelo antes de ser abandonados a la intemperie”, ha afirmado Tirana Hassan.

“Las personas asesinadas proceden, en proporción abrumadora, de los sectores más pobres de la sociedad, y entre ellas hay menores de edad, uno de los cuales tenía sólo 8 años.”

En los contados casos en que la policía ha actuado contra bandas extranjeras de la metanfetamina, ha demostrado que puede llevar a cabo detenciones sin recurrir a medios letales. El hecho de que se niegue a las personas pobres la misma protección y el mismo respeto ha afianzado la percepción de que se trata de una guerra contra los pobres.

Una economía del asesinato

Los homicidios policiales son impulsados por presiones desde arriba, entre ellas la orden de “neutralizar” a los presuntos delincuentes relacionados con las drogas, además de incentivos económicos que han creado una economía informal de la muerte, detalla el informe.

En conversación con AI, un agente de policía con rango de funcionario superior de policía, que lleva un decenio en la fuerza policial y realiza operaciones como parte de una unidad contra las drogas ilegales en Metro Manila, describió cómo se paga a la policía por “encuentro”, término que se emplea para presentar falsamente las ejecuciones extrajudiciales como operaciones legítimas.

“Siempre se nos paga por encuentros. […] La cantidad oscila entre 8.000 pesos [161 dólares de EE. UU.] y 15.000 pesos [302 dólares]. […] Esa cantidad es por cabeza. De modo que si la operación es contra cuatro personas, son 32.000 pesos (644 dólares). […] Nos pagan en efectivo, en secreto, las jefaturas. […] No hay incentivos por detener. No nos pagan nada.”

El espeluznante incentivo para matar a las personas en vez de detenerlas fue criticado por el funcionario superior de policía, que agregó: “Nunca se da el caso de que haya un tiroteo y no muera nadie”.

Algunos policías han establecido un arreglo con funerarias, que les recompensan por cada cadáver que les envían. Algunos testigos dijeron a AI que los policías también se enriquecen robando en las viviendas de las víctimas, entre otras cosas objetos de valor sentimental.

La policía se comporta como el submundo criminal contra el que supuestamente ha de aplicar la ley, llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales disfrazada de asesinos desconocidos y “subcontratando” homicidios.

Más de 4.100 de los homicidios relacionados con las drogas que se cometieron en Filipinas en los últimos seis meses han sido obra de individuos armados desconocidos. “Viajando en tándem”, nombre que recibe localmente este fenómeno, dos personas a bordo de una motocicleta llegan, matan a tiros a sus objetivos y se alejan a gran velocidad.

Dos asesinos a sueldo dijeron a AI que reciben órdenes de un agente de policía, que les paga 5.000 pesos (100 dólares de EE UU.) por cada consumidor de drogas que matan, y entre 10.000 y 15.000 pesos (200-300 dólares) por cada pequeño vendedor que matan. Antes de que Duterte asumiera el poder, dijeron los asesinos a sueldo, tenían dos “trabajos” al mes. Ahora tienen tres o cuatro a la semana.

Los objetivos proceden a menudo de listas sin verificar de personas sospechosas de consumir o vender drogas confeccionadas por autoridades gubernamentales locales. Sin importar cuánto tiempo hace que una persona pueda haber consumido drogas, ni la cantidad que haya consumido o vendido, su nombre puede ser añadido de forma irrevocable a las listas.

En otros casos, sus nombres ser añadidos arbitrariamente, por venganza o por haber incentivos para matar a un número mayor de personas a las que se considera consumidoras o vendedoras de drogas.

Posibles crímenes de contra la humanidad

Filipinas es Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En octubre de 2016, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, hizo pública una declaración en la que expresó preocupación por los homicidios e indicó que su oficina podría iniciar un examen preliminar sobre posibles crímenes en virtud del Estatuto de Roma.

“Lo que está ocurriendo en Filipinas es una crisis que debe alarmar al mundo entero. Pedimos al gobierno, del presidente Duterte hacia abajo, que ordene que se ponga fin a todas las ejecuciones extrajudiciales. También pedimos al Departamento de Justicia de Filipinas que investigue y procese a toda persona implicada en estos homicidios, sean cuales sean su rango o posición en la policía o el gobierno”, ha afirmado Tirana Hassan.

“Filipinas debe abandonar la ilegalidad y la violencia letal y reorientar sus políticas sobre drogas hacia un modelo basado en la protección de la salud y los derechos humanos.

“Queremos que las autoridades filipinas aborden esta crisis de derechos humanos por sí solas. Pero si no se toman sin dilación medidas contundentes, la comunidad internacional debe dirigirse a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que lleve a cabo una investigación preliminar sobre estos homicidios, incluida la implicación de funcionarios de las más altas instancias del gobierno”.

Related posts: