Gobernador busca alternativas a la despenalización de marihuana

Consideramos muy oportuno que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, vuelva a traer a la palestra pública el tema de la despenalización o de los castigos por la posesión de marihuana.

Cuando ayer se reunió en Fortaleza junto al Senador Miguel Pereira, quien dirige la Comisión de lo Jurídico del Senado y propulsor del Proyecto PS 517 para la despenalización del cannabis, y al Lcdo. Federico Renta, director de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL). Una organización que ha sido defensora de las reformas de las políticas de drogas, del código penal y ha estado muy comprometida en la orientación legal en las Vistas Públicas y con los grupos afines.

Según medios noticiosos la reunión le tomó por sorpresa y se limitaron anunciar las cientos de personas que atiende la SAL por la política anti marihuana que tiene Puerto Rico. Al final salió a relucir que el gobernador estaba buscando que posibles alternativas tiene su poder ejecutivo para cambiar los castigos por la posesión de pequeñas cantidades de marihuana.

“No estamos hablando de despenalización ni de eliminar el delito. Estamos hablando de qué posibles alternativas hay”, expresó el Lic. Rentas a los medios del país a su salida de la reunión. Se estará analizando “unas órdenes ejecutivas que emitió Eric Holder cuando era procurador general de Estados Unidos sobre guías específicas en el procesamiento de esos casos”.

Los poderes del ejecutivo son limitados para un cambio de ley, sin embargo, el gobernador de Puerto Rico debe solicitarle al Secretario de Justicia a que inste a los fiscales a que se inhiban de llevar casos relacionados al “delito” de posesión de marihuana. Los fiscales de Puerto Rico tienen muchísima carga de trabajo como para perder el tiempo y el dinero del estado en casos de posesión de marihuana.

Incluso, fue nuestro pedido hace unos cuantos meses cuando junto al Presidente de la Cámara, Jaime Perelló, le dijo a los medios del país que este verano se podría celebrar una consulta para reformar las políticas de marihuana. No olvidemos los continuos cambios de posturas que ha tenido esta administración.

Por otro lado, entendemos que los memorandos de Holder le da poder a los estados y sus territorios sobre las decisiones en las reformas a las leyes de marihuana, incluso hasta para legalizar el uso de marihuana. Se tendrá que examinar de que manera el ejecutivo podrá cambiar los procesos de cómo tratar el “delito” de la mera posesión de cannabis y cuanta soberanía le brinda el sistema de justicia federal para permitirlo. Como se ha hecho con la regulación de cannabis medicinal a nivel local que es una reforma a la ley que se le permite al gobernador realizar con el Departamento de Salud.

Sin embargo, la idea de despenalización de Pereira es una de los años sesenta, cuando 12 estados de los Estados Unidos no se prestaron a “criminalizar” la posesión simple de cannabis. Ahora, ya son más de 20 estados y territorios de los Estados Unidos que no se castiga con cárcel la posesión de pequeñas cantidades de marihuana. Cinco territorios gozan de un sistema regulado de marihuana “recreativa” y otros 23 estados tienen un sistema regulado de marihuana medicinal.

El poder ejecutivo tiene un espacio limitado para poder crear reformas a las políticas de drogas. Para poder reformar la ley tendría que ser aprobada en la legislatura de Puerto Rico o en la de Estados Unidos, lo que pase primero por nuestra condición política.

Ya el proyecto a favor de la despenalización de 14 gramos o menos de cannabis se aprobó en el Senado de Puerto Rico y  la Comisión de lo Jurídico en la Cámara le brindó un informe positivo para su aprobación. Faltaría que el PPD ejerza su poder de mayoría en la Cámara de Representantes y apruebe el proyecto o que se pueda convencer a un puñado de la oposición del bloque prohibicionista del Partido Nuevo Progresista. Ambos partidos tienen en sus programas de gobierno promesas de trabajar los asuntos de drogas de manera diferente. Pero algunos políticos suelen anteponer la politiquería y sus creencias religiosas por encima de la ciencia, el raciocinio y los derechos humanos.

Para finalizar, nuestra situación económica y social amerita que se traiga nuevamente el tema de la despenalización del cannabis, la regulación del uso del cannabis nos puede traer grandes beneficios económicos. Pero en lo que eso sucede, el ejecutivo debe buscar que se deje de botar nuestros recursos económicos encerrando a jóvenes por utilizar una sustancia que se ha comprobado es menos dañina que el tabaco y el alcohol, sustancias reguladas por el estado.

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