Gobernador coloca en “baja prioridad” el delito de posesión de marihuana

Alejandro García Padilla firmó una Orden Ejecutiva que establecería que imponer pena de cárcel a personas por posesión de seis (6) gramos o menos de marihuana para uso personal estará en el nivel de prioridad más bajo en la asignación de recursos para la implementación de la ley por el Secretario de Justicia. 

La medida establece áreas de prioridad al momento de asignar recursos para el procesamiento de delitos relacionados con la marihuana:

  1. prevenir la distribución de marihuana a menores de edad;
  2. prevenir que las ganancias de la venta de marihuana ilegal vayan a las empresas criminales, pandillas y carteles;
  3. prevenir la desviación interestatal de marihuana desde estados donde es legal al amparo de leyes estatales;
  4. prevenir que la actividad relacionada con marihuana llevada a cabo legalmente en unos estados al amparo de leyes estatales, sea utilizada como subterfugio o pretexto para traficar otras drogas ilegales o incurrir en otra actividad ilegal;
  5. prevenir la violencia y el uso de armas de fuego en la cultivación y distribución de marihuana;
  6. prevenir que se conduzcan vehículos de motor bajo los efectos de la marihuana y prevenir la exacerbación de otras consecuencias adversas a la salud pública asociadas con el uso de la marihuana;
  7. prevenir el cultivo de marihuana en tierras públicas y atender los asuntos de seguridad pública y riesgo ambientales creados por la producción de marihuana; y
  8. prevenir la posesión de marihuana en propiedad pública federal.

La orden ejecutiva instruye al Secretario de Justicia a que, en los casos en que la persona cualifique y cuando se trate del primer incidente, considere prioritariamente ejercer su discreción para: (1) promover que se suscriba un convenio para someterse a tratamiento y rehabilitación y (2) solicitar que la persona sea sometida a libertad a prueba. Ello es permitido por la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal y el Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas.

Cuando la persona se declare o sea hallada culpable y el tribunal determine que no representa un peligro para la sociedad ni que es adicta a sustancias controladas, se instruye al Secretario de Justicia que considere prioritariamente consentir a la imposición de multa y prestación de servicios a la comunidad conforme al Art. 404(c) de Ley de Sustancias Controladas.

La Orden Ejecutiva aclara que no provee una defensa legal con relación a violaciones a la ley; no enmienda ni deroga lo dispuesto por el Código Penal, la Ley de Sustancias Controladas, ni cualquier otra legislación relacionada con la regulación de la sustancia marihuana; y no legaliza ni despenaliza la posesión de marihuana. Tampoco prohíbe la investigación y procesamiento, aun en ausencia de las áreas de prioridad, en circunstancias particulares donde se sirva un interés estatal importante.

Cada ‘usuario’ arrestado pone en riesgo el salario anual de alrededor de 5 a 15 policías. NO malgastemos dinero. NO queremos más presos por marihuana ni policía militarizada. http://goo.gl/KsmKSd

Posted by Descriminalización.org on Domingo, 29 de marzo de 2015