Grupos denuncian violaciones y el ‘estado policiaco’ que sufre Puerto Rico

Le exigen rendición de cuentas por violaciones de la policía y responsabilizan al Gobernador de la violencia generada.

El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO) responsabilizó al Gobernador y Comandante el jefe de la Policía de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, de las agresiones, intimidaciones, violaciones crasas de derechos y arrestos indiscriminados de la uniformada hacia la ciudadanía y de haber despojado a miles de personas de sus derechos más fundamentales.

El grupo comunitario entienden que en las manifestaciones del primero de mayo de 2018, la Policía de Puerto Rico cometió diversas violaciones constatadas de derechos:

  1. Exceso de presencia policiaca. Más de mil efectivos de la policía rodeaban la manifestación en Hato Rey. El exceso de presencia policiaca se considera un uso de fuerza y se utiliza para desincentivar que las personas ejerzan su derecho fundamental a la protesta. Esta práctica policiaca es inconstitucional.
  2. Bloqueó las rutas de los manifestantes, pretendiendo cambiarlas según su criterio. No le corresponde a la Policía decidir qué rutas toman los manifestantes. Es la policía la que tiene que adaptarse a las rutas de los que protestan y no al revés.
  3. Abusó del uso de gases lacrimógenos y otros agentes químicos, al punto de haber agredido a niños y personas mayores, lo que está expresamente prohibido en la orden general 600-604 de uso de agentes químicos en la PPR.
  4. Agredió con balas de goma a personas que no cometían delito alguno.
  5. Invadió residencias privadas sin órdenes de arresto durante persecuciones frívolas y excesivas contra manifestantes contra quienes no tenían motivos fundados para intervenir.
  6. También lanzaron gases y agentes químicos en áreas residenciales, donde se afectaron ancianos y niños.
  7. Arrestaron al menos a 12 personas y no revelaron el lugar donde los llevaron.

“Que la policía viole la Constitución y sus propias políticas y órdenes generales es una práctica extremadamente peligrosa. Más aún cuando se ejecuta en el contexto de una manifestación, ejercicios de expresión protegidos por nuestra Constitución y la de Estados Unidos y, precisamente, en un momento en que a la ciudadanía se le despoja de derechos y servicios esenciales. No aceptamos la imposición de un estado policiaco. El señor Ricardo Rosselló, como comandante en jefe de la policía y gobernador del País, es el responsable máximo de las intervenciones de la uniformada contra la ciudadanía, expresó Mari Mari Narváez, representante de Espacios Abiertos en GRUCORPO.

“Exigimos un proceso severo y exhaustivo de rendición de cuentas tanto al gobierno de Puerto Rico como al Juez federal Gustavo Gelpí, el monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, y al Departamento de Justicia federal”, añadió Josué González Ortiz, representante de ACLU-PR en el Grupo. “Las agresiones y violaciones de derechos en que ha incurrido hoy la Policía han sido extremas, han sido lamentables y exigen la intervención urgente de la justicia en el País. Así lo seguiremos denunciando aquí e internacionalmente”.

Recordamos que el informe de la Oficina del Asesor Técnico de Cumplimiento de la Reforma de la Policía, Sr. Arnaldo Claudio, sobre las protestas del año 2017, concluye:

  • Que, al 1 de mayo de 2017, la policía NO había adiestrado a un solo agente en la Orden General 600-625 de la Policía de Puerto Rico para el Manejo de Multitudes, que está en efecto desde abril de 2016.
  • Que la Policía de Puerto Rico abusó de los gases lacrimógenos y otros agentes químicos, violentando sus propias políticas de uso de agentes químicos al no ofrecer advertencias a los protestantes antes de agredirlos con los gases. Tampoco ofreció una salida a los protestantes afectados ni les proveyó servicios médicos como exige la orden general.
  • Que, contrario a lo que dictan las políticas de la Policía de Puerto Rico, los agentes que tomaron videos durante el 1 de mayo no grabaron las acciones de la policía hacia los manifestantes como lo exige la orden general. Se dedicaron a grabar arbitrariamente a manifestantes que supuestamente lucían como que “podían” cometer delitos. Esto significa que carpetearon ilegalmente a personas que no cometían delito alguno sino que, por el contrario, ejercían un derecho fundamental protegido por las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos.
  • Que los informes de uso de fuerza tras los sucesos del 1 de mayo contenían grandes faltas y errores, lo que levanta cuestionamientos serios sobre la documentación del uso de fuerza que se le exige a la Policía de Puerto Rico bajo el Acuerdo para una Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico.

El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía se compone de individuos y organizaciones comunitarias que aprovechan la coyuntura de la reforma de la policía para exigir participación y promover una perspectiva de derechos humanos en la uniformada.