El humo sobre los cuerpos

Por: José Aponte García  / Para Proyecto DTM

En una de sus funciones el comediante George Carlin ridiculizaba la proliferación de “guerras” declaradas en el territorio civil a finales del siglo 20. Para Carlin la “guerra” era la metáfora de mayor movilización a la hora de “resolver” un “problema” en Estados Unidos. Desde la “guerra contra el cáncer” hasta la “guerra contra la obesidad”, después de la Guerra Fría parecía que el campo de batalla se extendía dramáticamente o, mejor dicho, simbólicamente. Y por supuesto tenemos la fallida “guerra contra las drogas”, que toma diferentes formas e intensidades en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. En los pueblos fronterizos mexicanos, por ejemplo, la militarización no ha traído respuestas al problema e inclusive ha empeorado la situación de las comunidades que residen en esas zonas. Esta es la misma “guerra” que se invoca para promover políticas anti-migratorias y que permiten ideas tan descabelladas como la construcción de una muralla en la frontera entre México y Estados Unidos.

¿Pero ante qué tipo de guerra estamos? ¿Ante una guerra que es la misma en todos lados donde se declara? ¿Son diferentes guerras locales producto del modelo de la Guerra Fría, las llamadas proxy wars? ¿Son guerras importadas? Estas son algunas preguntas colosales y necesarias. Siguiendo la mofa de Carlin, comienzo con unas pequeñas. ¿Estamos en Puerto Rico ante una guerra? ¿Cuán eficiente es declarar una guerra para resolver problemas sociales que conllevan mayor investigación? Continuo con las siguientes preguntas, que se inclinan por una preocupación, la misma que me inspira a escribir este texto. ¿De quiénes son los cuerpos afectados? ¿Dónde viven? ¿Cuál es la historia de cada uno de esos cuerpos que habitan esos espacios en “guerra”? Sospecho que esos cuerpos están envueltos en una cortina de humo.

Cuerpos criminalizados, cuerpos despolitizados

En Puerto Rico esa declaración de guerra tomó la forma de la “mano dura contra el crimen” que caracterizó –pero no se limita a– la administración de Pedro Rosselló en la década de 1990. Mano dura, la promesa de una sociedad libre de crimen, es quizás uno de los dispositivos de la memoria en el apellido “Rosselló”. No es sorpresivo que en estos tiempos de incertidumbre económica veamos un resurgir de ideas moralizantes, un intento de continuar la criminalización de nuestras poblaciones más vulnerables y un regreso de la promesa –aunque quizás no con el nombre– de la mano dura. Esto incluye una visión militarizada de la policía que, como en la Guerra Fría, asume en las poblaciones civiles un enemigo interno.

Inclusive, para el plebiscito del 11 de junio de 2017, la campaña en favor de la estadidad advertía sobre el peligro de no votar. El anuncio difundido en las redes sociales resaltaba la posible ausencia de las agencias federales en la protección de las costas si no se garantiza la estadidad. La palabra “seguridad” aquí se equipará con “estadidad”, un talismán en contra de la criminalidad, mientras vemos imágenes de helicópteros, uniformados con armas largas y grandes cantidades de drogas puestas en exhibición.

Aquí encontramos la continuación retórica de la mano dura, que moviliza la palabra “criminalidad” de formas estratégicas y de formas descabelladas. Discurso que luego tiene un impacto en la política pública. El “antídoto”, la “guerra contra las drogas” costeada con fondos federales, produce o reproduce los problemas de violencia. Es una lógica simplista: la violencia se resuelve con violencia. Así se legitima la violencia contra grupos criminalizados en nombre de una cruzada que no considera los problemas socioeconómicos que afectan estos grupos. Como identifica el historiador Carlos Pabón en su análisis de la “guerra social” en Puerto Rico, la muerte de ciertos cuerpos se vacía de significado político mientras el problema del estatus acapara toda definición de lo político (Pabón Ortega, 2013). La muerte se despolitiza en la sombra de una campaña e inclusive en lo que consideramos político en nuestra cultura.

No obstante, considero que el problema es enunciar esto como una “guerra” y caer en la trampa discursiva de la declaración de guerra. La narrativa de la guerra es efectiva para nombrar el cuerpo de un enemigo. La frase “qué se maten entre ellos” es quizás el mejor ejemplo de la herencia discursiva de la mano dura. Un cuerpo criminalizado es un cuerpo que se enfrenta a un número limitado de opciones: la prisión y/o la muerte. El cuerpo del otro, en la crisis invocada, se transforma en un cuerpo descartable en nombre de la supervivencia social, que toma la característica de los viejos discursos nacionales de pureza y civilización. La “seguridad”, la “paz” y la “cohesión social” se transforman en el norte que legitima la violencia del Estado contra un reino de ultratumba percibido como ingobernable, peligroso y extraño. Por supuesto, debemos superar este binarismo para encontrar soluciones concretas.

Lo perverso es que, como resalta el historiador Fernando Picó, el Estado es uno ausente en los sectores mayormente impactados por la violencia del narcotráfico (Picó, 2012). Tendencia que continuará con el debilitamiento del Estado en tiempos de feroces políticas neoliberales que coartan derechos básicos, como educación y salud. Son sectores donde existe una precariedad de vida que será agudizada por la crisis fiscal. Es sobre esas mismas poblaciones que se levanta la cortina de humo, la “criminalidad” es el sello utilizado para explicar sus problemas. En el discurso público, la categoría de “criminal” descarta los reclamos y la historia del “criminalizado”, lo convertirte en una caricatura desde el lenguaje legal. Hay que preguntarse: ¿A quién se criminaliza? ¿Porqué? ¿Quién es el enemigo invocado?

Tanto descriminalizar como abandonar la palabra “guerra” son dos movidas necesarias para reconsiderar los problemas detrás de la cortina de humo y apreciar el valor de los cuerpos que sufren la estigmatización y la muerte. Descriminalizar implica aceptar que el problema no está en el consumo, que criminalizar afecta a los más vulnerables económicamente y que es un mecanismo para, desde el moralismo, juzgar a los grupos e individuos que difieren o demuestran la ineficacia de las políticas del gobierno.

Dispersar el humo y caminar entre los cuerpos

El consumo de sustancias (hechas) ilícitas es el menor de nuestros problemas. Debemos deslindar la amalgama de palabras –sustancias, droga, violencia, criminalidad, guerra, estatus– agrupadas por la histeria social. Cuando las leyes y la política pública se divorcian del conocimiento llegamos a medidas especulativas y desinformadas que esperan resolver un problema del cual no se conoce a profundidad, medidas que no son ni empáticas ni prácticas. Necesitamos estudios, formas de evaluar las condiciones socioeconómicas y culturales desde las ciencias sociales y las humanidades. Mientras no se investigue, continuaremos en una guerra ilusoria y continuarán apareciendo personajes unidimensionales en las primeras planas.

Acepto que no basta decir que la pobreza o que el colonialismo o que el neoliberalismo son la raíz. Hace falta estudios que confirmen o refuten nuestras hipótesis y que pongan en entre dicho políticas basada en el sentido común. Es hora de ver la textura del problema, su espectro de colores. Tenemos que tomar medidas informadas, no por moralismos, sino por estudios rigurosos. Debemos revalorar el trabajo de nuestros cientistas sociales y nuestros humanistas. Hay que dejar de ver el trabajo que se produce en las universidades como algo ajeno al desarrollo social. Esto implica producir ayudas económicas que incentiven el estudio de problemas locales y aprovechar sobre la producción intelectual local e internacional. A nivel internacional, tomemos por ejemplo el trabajo de antropólogos como Rita Segato o Juan Martínez D’Aubuisson, quienes ni siquiera ponen el “problema de las drogas” en el centro de su análisis para investigar la violencia que ocurre en los respectivos contextos estudiados. Sus trabajos parten desde vías conceptuales que analizan la complicidad directa o indirecta del Estado (Segato, 2006) y los aspectos de la violencia desde sus adentros, desde los cuerpos que la producen y la sufren (Martínez D’aubuisson, 2015).

No podemos reproducir las caricaturas exhibidas en la prensa y la política pública desinformada. Aceptemos que ningún gobierno es perfecto, pero que todo gobierno debe de minimizar los problemas a surgir mientras garantiza los derechos humanos. Cuando las decisiones tienen el potencial de aumentar la precariedad de vida es crucial examinar con detenimiento. Hacer decisiones concienzudas es parte de una política responsable. Comencemos con pequeñas respuestas y soluciones que nos permitan salir de esta sombra colosal llamada “guerra”.

Bibliografía

  • Martínez D’aubuisson, J. J. (2015). Ver, oír y callar: Un año con la Mara Salvatrucha 13. España: Editorial Pepitas de Calabaza.
  • Pabón Ortega, C. (2013). Una guerra social (in)visible. Recuperado el 9 de junio de 2017, a partir de http://www.80grados.net/una-guerra-social-invisible/
  • Picó, F. (2012). Mano dura contra la mano dura. Recuperado el 9 de junio de 2017, a partir de http://www.80grados.net/mano-dura-contra-la-mano-dura/
  • Segato, R. L. (2006). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado. México, D.F.: Universidad del Claustro de Sor Juana.