Ironías: la policía cuenta con recursos para perseguir a trabajadoras sexuales

La tasa criminal en la Isla sigue en aumento, la percepción de inseguridad ante el crimen, la violencia y los feminicidios en Puerto Rico nunca ha mermado.  En los últimos años lo que vemos es una continua queja de la uniformada por falta de recursos y de equipo para llevar a cabo su trabajo, siendo esa la excusa para falta de seguridad percibimos todxs.  Sin embargo, se sigue perdiendo el tiempo y los recursos de la policía para criminalizar la pobreza y el trabajo sexual.

Esta mañana se arrestaron sobre cuarenta personas en su mayoría trabajadoras sexuales en sectores de San Juan, por supuestamente ejercer el delito de “prostitución”.  Como acostumbra a pasar en estas intervenciones policiacas son bien pocos los hombres y los proxenetas arrestados.  Estas intervenciones policiacas buscan extender todo un odio y morbo alrededor de las personas que ejercen el trabajo sexual o trabajo transaccional.

Ayer la policía de Puerto Rico tenía tiempo y recursos para enviar a encubiertos y entrampar a un montón de jóvenes que supuestamente les ofrecían servicios sexuales.  Entre los arrestados solo se encontraban 4 hombres que fueron identificados como supuestos administradores de los negocios.

“Resulta alarmante que en un país que vive bajo una fuerte crisis económica, la policía realice este tipo de proceso, en donde aprovechan de las necesidades económicas de estas personas a las que le ofrecen dinero por un servicio que están brindan, para luego acusarlas de un delito”, expresó Carla Correa Cepeda, coordinadora de proyectos de Intercambios Puerto Rico.

Nuestro llamado es a que nos hagamos eco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las Naciones Unidas quienes ha exigido revisar y derogar las leyes punitivas que han demostrado tener resultados negativos y que van en contra de la de salud pública, incluyendo el trabajo sexual; el consumo de drogas o su posesión para consumo personal; los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva, entre otras.

De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta sobre la situación de falta de seguridad jurídica en que se encuentran las trabajadorxs sexuales. La CIDH le exhorta a los Estados de la región a diseñar normativas y políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluyendo medidas para proteger su vida, su integridad, su honra y dignidad, así como para poner fin a la estigmatización y discriminación de la que son objeto.

“Para nosotrxs en Intercambios Puerto Rico, que hacemos trabajo directo con usuarixs de drogas que en ocasiones también ejercen trabajo sexual, nos preocupa los altos índices de violencia de las que son objetos y el alto índice de impunidad que existe para esos crímenes.  En nuestro país hemos creado unas barreras en el acceso a la justicia y permitido una violencia institucional por parte de fuerzas de estado y, lamentablemente, las comunidades prefieren ignorar los problemas de desigualdad, violencia y machismo que sufre nuestra sociedad”, añadió Correa Cepeda.

Las leyes punitivas contra el trabajo sexual crean mayor vulnerabilidad entre las trabajadoras sexuales, mayor exposición al estigma y la violencia. Lo que dificulta el acceso a los servicios legales, de salud y aumenta los riesgos de explotación.

Es tiempo que exijamos desarrollar leyes que reconozcan las actividades de lxs trabajadorxs sexuales como una actividad lícita y poder generar políticas públicas para generar mejores condiciones y reducir los riesgos en la salud pública.  No podemos seguir fomentando leyes que creen barreras para la prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH o la Hepatitis.