Juez de la corte federal de Puerto Rico favorece el decreto de ayuno y oración

El juez de la corte federal Pedro Delgado denegó el pedido de la organización Humanistas Seculares y de la Unión Americana de Libertades Civiles de detener un decreto aprobado por los legisladores de Puerto Rico que pide 40 días de ayuno y oración. El decreto fue aprobado en febrero después que el presidente de la Cámara de Representantes puertorriqueña Carlos Méndez señaló que la isla necesitaba la intervención divina para salir de una prolongada recesión.

El decreto llama a la “purificación espiritual, material y social” de la población. Desde el 26 de febrero se realizan reuniones voluntarias en las iglesias todos los días de las 5 a las 6 de la mañana. La ACLU pidió una orden federal para bloquear el decreto y ha cuestionado si las reuniones se organizan con fondos públicos.

No obstante, el juez de la corte de los Estados Unidos en Puerto Rico desea evaluar ciertos argumentos de derecho y le ordenó que, en o antes del 13 de marzo, los demandantes contesten si tienen legitimación activa a nombre de toda las personas excluidas del decreto, incluyendo a los judíos, musulmanes, testigos de Jehová y ateos, así como de otras denominaciones y comunidades de Puerto Rico. Además, deben contestar “por qué su petición no debe ser desestimada considerando que el decreto parece como uno voluntario y no de coacción, abierto a todos los credos, ministerios, comunidades y que no parece promover política pública o práctica discriminatoria contra los no creyentes,” alega el informe de la corte.

Los demandados tendrían hasta el 21 de marzo para contestar las alegaciones de los grupos demandantes, lo que podría convertir la demanda una académica ya que las actividades religiosas prácticamente se habrían completado.

La directora del Comité Legal de Humanistas Seculares, Lcda. Mariana Nogales describe en la demanda como el nefasto decreto viola el imperativo constitucional de que habrá completa separación de iglesia y estado, la inminencia y daños irreparables al llevarse a cabo los actos decretados por la Cámara, la certeza de que estos actos ocurrirán de nuevo y la legitimación de HuSe de representar a sus miembros, que son descritos como “no creyentes, ateos, agnósticos y librepensadores”, entre otros argumentos. Enfatizan el daño irreparable que esta actividad específicamente religiosa le causaría a ateos y a minorías de otras religiones, que también residimos en nuestro archipiélago, por la imposición y establecimiento de una religión oficial de estado.

“Cuando los líderes electos deciden ignorar el contenido de la Constitución de Puerto Rico en su perverso afán de imponer una religión, nos están demostrando que no respetan a todas las personas que aquí vivimos y que tampoco respetan el documento que aceptaron proteger cuando juramentaron para asumir sus cargos,” expresa la presidenta de Humanistas Seculares, Eva Quiñones.

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