La criminalización del trabajo sexual reduce programas de prevención y salud

El criminalizar la demanda del trabajo sexual se están adoptando o considerando en un número creciente de países. Por lo general, según estas leyes, las trabajadoras sexuales no cometen ningún delito, pero los clientes y cualquier tercero están penalizados. 

Los partidarios de las leyes de “acabar con la demanda” han argumentado que este enfoque aumentará el acceso de los trabajadores sexuales a los servicios esenciales, incluida la prevención y atención del VIH. Sin embargo, en el marco de la Conferencia Internacional sobre el SIDA (AIDS 2018) celebrada en Amsterdam se presentaron resúmenes científicos y aportes de defensores de Canadá y Francia en que se desmiente esta premisa.

Los investigadores concuerdan que las leyes para “acabar con la demanda” del trabajo sexual está reduciendo los servicios prevención y de reducción de daños para controlar el VIH y otras enfermedades. 

“Dada la importancia de las trabajadoras sexuales en la respuesta global al VIH, creo que estos estudios merecen la atención necesaria”, expresó Linda-Gail Bekker, presidenta de la Sociedad Internacional de SIDA y de la Conferencia Internacional de AIDS 2018. “Si las leyes para ‘terminar la demanda’ crean nuevas barreras para la prevención y atención del VIH, esa es una preocupación muy importante”.

Por su parte, las investigaciones sobre las leyes canadienses no condujeron a un mayor acceso a la atención del VIH para las trabajadoras sexuales. Elena Argento de la Universidad de Columbia Británica presentó un análisis de la Ley de Protección de las Comunidades conocida como la Protection of Communities and Exploited Persons Act (PCEPA), una política adoptada por Canadá en 2014 que penaliza a los clientes de trabajo sexual y la publicidad de terceros.

El análisis reveló evidencia sustancial de que la criminalización impide el acceso a los servicios y el apoyo a las trabajadoras sexuales, aunque un objetivo explícito de los enfoques de “terminar con la demanda” es aumentar el acceso.

Las investigaciones trataron de evaluar el impacto de la ley PCEPA en el acceso de las trabajadoras sexuales a la atención del VIH, la atención primaria y los servicios dirigidos por la comunidad y los trabajadores sexuales en Vancouver, Canadá. El grupo de investigadores analizaron a un grupo de trabajadoras sexuales a lo largo del tiempo y encontraron evidencia significativa de que se redujeron la utilización de servicios y de apoyo comunitario después de que la ley entró en vigor. Estos incluyen servicios liderados por trabajadoras sexuales y servicios específicos para indígenas, migrantes / refugiados, mujeres o jóvenes.

No hubo evidencia de un mayor acceso a los servicios específicos del VIH entre las trabajadoras sexuales que viven con el VIH luego de la implementación de las nuevas leyes. El período posterior a la política también se correlacionó con una probabilidad significativamente menor de acceder a los servicios de salud cuando fue necesario.

El estudio concluyó que los enfoques de “acabar con la demanda” pueden, de hecho, aumentar las barreras para la atención médica y los servicios dirigidos por la comunidad. 

Por su parte, las leyes punitivas para “acabar con la demanda” tuvo consecuencias negativas en Francia, la ley que entró en vigencia en 2016 penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales. Quienes se oponen a la ley citan el riesgo de una mayor vulnerabilidad entre las trabajadoras sexuales y la exposición al estigma y la violencia, lo que dificulta su acceso a los servicios legales y de salud y aumenta los riesgos de explotación en la industria del sexo.

Sobre la base de estos argumentos, Médecins du Monde presentó una encuesta para evaluar el impacto de la ley sobre la salud, los derechos y el bienestar de las personas que ejercen el trabajo sexual. Entre abril de 2016 y enero de 2018, los investigadores realizaron investigaciones cualitativas y cuantitativas basada en cuestionarios.

El análisis presentado por Hélène Lebail, del CNRS – Sciences Po, Center de Recherches Internationales, mostró que el efecto más directo de la ley ha sido un aumento agudo en la vulnerabilidad socioeconómica de las trabajadoras sexuales, incluyendo: un aumento en la violencia experimentada; condiciones de trabajo degradantes; y consecuencias negativas para la salud.

Los investigadores también encontraron una disminución en el uso del condón y una mayor dificultad para las trabajadoras sexuales para negociar prácticas de sexo seguro después de que la ley entró en vigor. Además, las trabajadoras sexuales seropositivas enfrentaron dificultades para acceder a los servicios.

Aunque todavía es demasiado pronto para evaluar el impacto en términos de infecciones por VIH, la investigación señaló un aumento en algunas infecciones de transmisión sexual, especialmente de sífilis, entre las trabajadoras sexuales en Francia. Los investigadores concluyeron que los políticos deberían considerar estos hallazgos al legislar nuevas leyes para mitigar los efectos nocivos para la salud.