La prohibición como camisa de fuerza

Por: Naishalie Santos Luciano

El uso de drogas ilegales en Puerto Rico por muchos años ha sido controlado por la política pública hoy vigente del prohibicionismo. Se ha penalizado el consumo de estupefacientes bajo una ideología que está radicada en prejuicios, temores y visiones ideológicas. Esta represión ha tenido consecuencias negativas en las que se suman el mercado ilegal de narcóticos, la violencia y criminalidad relacionados al consumo e ilegalidad de las drogas y una mayor población carcelaria. Como dice Francisco E. Thoumi: “Las drogas ilegales generan costos sociales, pero las políticas represivas también.” (2009, p. 57).

Las consecuencias negativas que el prohibicionismo ha generado en Puerto Rico se hacen evidentes cuando leemos el periódico o vemos un programa de noticias. Los crímenes una y otra vez se relacionan con el consumo o el mercado ilegal de narcóticos.

Dándole un vistazo a los resultados negativos generados por la política hoy vigente en la isla, es fundamental comenzar a considerar otras estrategias para poder enfrentar el problema del consumo de drogas. Sin embargo, para ello, es indispensable eliminar el cercado que nos impide cruzar a una amplia gama de nuevas alternativas a considerar; pues el reto mayor se encuentra en romper el tabú. “Un nuevo paradigma para enfrentar el problema de las drogas deberá estar menos centrado en acciones penales y ser más incluyente en el plano de la sociedad y la cultura. Las nuevas políticas deben basarse en estudios científicos y no en principios ideológicos.” (Gaviria, C., et al., 2009, p. 14). La ilegalidad, la prohibición, les ha puesto una etiqueta de criminal a los usuarios que desencadena el rechazo social. No obstante: “Si se acepta que la razón para controlar las drogas no es religiosa, sino el hecho de que su uso genera costos diversos a la sociedad…y que es necesario limitarlos como se hace con otras actividades peligrosas o riesgosas, entonces se abre una amplia gama de posibles políticas.” (Thoumi, 2009, p. 56).

La política de la prohibición se ha encargado de crear la llamada “guerra contra las drogas” bajo la visión de “tolerancia cero”. Sin embargo: “…la ley penal, la coerción y el castigo no deben ser el centro de los sistemas de regulación del uso de drogas en una sociedad democrática…” (Gamella, J. F.).

La legalización, “…proceso de traer al control de la ley una actividad específica que fue previamente ilegal y prohibida o estrictamente reglamentada” (Gaviria, C., et al., 2009, p. 32), suele ser la solución más obvia para muchos. No obstante: “La visión de la “legalización” como solución rápida para los problemas…es una simplificación casi tan grande como la que espera el remedio de la “tolerancia cero”, el castigo y la guerra.” (Gamella, J. F.). El propósito no es incitar a las personas al consumo de sustancias sino reducir los resultados adversos de las mismas; no es legalizar la producción y/o comercializar su uso como el tabaco y el alcohol, sino prevenirlo y educar sobre las consecuencias que éstas generan.

Para esto las políticas de despenalización y descriminalización son una alternativa más eficaz. La primera se refiere a: “…el acto de disminuir la pena de un ilícito…sin retirar del hecho el carácter de ilícito penal”, es decir, “…la prohibición legal del uso y porte de estupefacientes continua vigente en el derecho penal, pero el ilícito deja de ser sancionado con la privación de libertad. (Gaviria, C., et al., 2009, p. 31). La descriminalización, por otro lado: “…quita el status de ley criminal de aquellos actos a los cuales se aplica.” En otras palabras: “…aún es ilegal usar, poseer, adquirir o, en algunos casos, importar drogas, pero esos actos dejan de ser crímenes. Sin embargo, todavía pueden ser aplicadas sanciones administrativas; estas pueden ser una multa, suspensión de la licencia de conducir o de porte de armas o sólo una advertencia.” (Gaviria, C., et al., 2009, p. 32). Ambas políticas aunque reducen la penalidad no legitiman el consumo de sustancias. Esto abre paso a la posibilidad de rehabilitar al usuario, pues hay mayor probabilidad de ofrecer otras alternativas ajenas a la privación de la libertad.

Las políticas de reducción de daños suelen ir de la mano con la despenalización y la descriminalización. Éstas: “…consisten en una estrategia que trata el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, en la cual el dependiente es visto como persona que precisa ser auxiliada en vez de criminal que debe ser castigado.” (Gaviria, C., et al., 2009, p. 31). El propósito inicial de esta política fue: “…reglamentar la distribución de jeringas, agujas y pipas a los usuarios de drogas, con la finalidad de reducir el número de casos de enfermedades… Posteriormente esta política pasó a incluir programas de apoyo y tratamiento de personas dependientes.” (Gaviria, C., et al., 2009, p. 31). En otras palabras, el usuario de sustancias se comienza a tratar como enfermo y no como criminal. Esto, además de reducir los problemas de salubridad, brinda la oportunidad al usuario de iniciar un tratamiento de rehabilitación.

Una política innovadora que combine varias de las estrategias ya expuestas, implementadas exitosamente en otros países, es la base para proceder en Puerto Rico. “Tratar el consumo de droga como un tema de salud pública y promover la reducción de su uso son precondiciones para focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes.” (Gaviria, C., et al., 2009, p. 11).

Son muchas las políticas que se aplican en distintos países para lidiar con el problema de las drogas; aunque con aplicaciones y resultados distintos todos luchan por un mismo objetivo: la reducción del consumo de narcóticos y de los daños colaterales. “Sólo hay sistemas más y menos flexibles, más y menos abiertos a la mejora y al cambio, y más o menos apoyados en el consenso mayoritario y el reparto de poder estructural o coyuntural.” (Gamella, J. F.). La pregunta que nos debiéramos hacer como individuos y como sociedad es: ¿cuál es la verdadera razón para rechazar nuevas políticas sobre drogas para lidiar con este problema creciente en la isla? Sin desacreditar los esfuerzos hechos por la política hoy vigente, los resultados no han sido los esperados y los conflictos que generan las drogas no han disminuido. El dicho “más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer” no aplica en la situación que vivimos actualmente si se aspira al progreso.

Referencias

Gaviria, C., Zedillo, E., Cardoso, E., et al. (2009). Drogas y Democracia: Hacia un cambio de paradigma. Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Ed. Open Society Institute. Recuperado de, https://goo.gl/Xuh3nC

Gamella, J. F. (s. f.) Prohibición, despenalización, legalización. Tres modelos en el control jurídico y político de las drogas Ilegales. Universidad de Granada, España.

Sáenz, S. (2009). Consumo de drogas ilícitas, ¿prohibición o regulación? Análisis del caso colombiano en perspectiva de política comparada. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 39 (111), 253- 282.

Thoumi, F. E. (2009). La normatividad internacional sobre drogas como camisa de fuerza. Revista Nueva Sociedad, 222.