La salud en peligro: entre recortes, mordazas y los ‘asesores’ de base de fe

Luego de los nombramientos y a semanas de mandato del gobierno de Ricardo Rosselló, ya se percibe como el bipartidismo se dirige a seguir manteniendo el prohibicionismo cegato contra las drogas. Y lo que es peor, estamos viviendo un escenario reacio a discutir cualquier reforma que implique una mayor defensa a nuestros derechos e incluso renuentes a debatir posturas salubristas para trabajar nuestras necesidades como pueblo.

Este cuadro se complica con reformas laborales que generarán mayor desigualdad, con más recortes de presupuesto y un detrimento de la economía que pone en riesgo los precarios sistemas de Salud. El gobierno de Ricardo Rosselló se atiene a una Junta de Control Fiscal que exige ahorros de $1,000 millones en la Reforma de Salud, entre otros tantos recortes de presupuestos, que alarman a asesores de derechos humanos de las Naciones Unidas y que complicaría el grave panorama que presenta la Salud Mental puertorriqueña. Donde alrededor del 24% de los adultos parecen de alguna condición siquiátrica y/o abuso de sustancias.

“El proyecto de Reforma Laboral cierra cualquier posibilidad de crear una economía local que genere riqueza y bienestar para todas y todos. Esta Reforma Laboral sólo generará desigualdad y pobreza”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez directora del Proyecto Matria ante la aprobación en el Senado de Puerto Rico del PC 453 que propone dicha reforma. “Más allá de la disminución de beneficios a empleadas y empleados, se estaría estableciendo una política pública que da prioridad a la generación de ganancia para un sector patronal y borra de la fórmula el derecho al trabajo como un asunto de dignidad, equidad y bienestar para el país”.

Sin embargo, los recortes de presupuesto y la eliminación de derechos laborales viene acompañado de un bloqueo al acceso de la información. El primero, lo fue en la legislatura opacando los intentos de ‘transparencia’ que acostumbran prometer en la campaña electoral. El presidente de la Cámara, Johnny Méndez , le exigió a los “directores de dependencias administrativas, empleados y funcionarios” que “toda petición de información de la prensa, periodistas o medios noticiosos, será tramitada a través de la oficina del presidente”.

Asimismo, el gobernador tuvo que echar para atrás la directriz de mordaza que había firmado la superintendente Michelle Hernández para regular la difusión pública de información realizada por la policía.

Ante este cuadro tétrico, reabren la ‘Oficina de base de fe’ en El Capitolio violentando la Constitución del Estado Libre Asociado y su supuesta ‘separación de iglesia y estado’. Los “religiosos prohibicionistas”, Ricky Rosado y Carlos Pérez, estarán asesorando a la legislatura. El primero dirigirá la ‘Oficina de Base de fe’ y el católico Carlos Pérez será el asesor de María Milagros Charbonier en la Cámara de Representantes para ‘trabajar’ la reforma al Código Civil que tanto se opusieron en la pasada administración.

No podemos olvidar que estos personajes han sido vocales para mantener las leyes prohibicionistas y se han opuesto a cualquier reforma a favor de los derechos y las libertades civiles de todos. Lo mismo están en contra de legalizar el cannabis, de reformar las políticas de drogas, de reconocer derechos a la comunidad LGBT, del derecho a la mujer a decidir terminar su embarazo, del uso de condones y, sobre todo, a la toma de decisiones basadas en la evidencia científica.

Nuestro llamado a esta administración es que si quieren reformar el código civil y las políticas de drogas, no se limiten a los personajes que han hecho un negocio de la prohibición y de los problemas de salud mental de nuestro país. Por el contrario, escuchen las exigencias en vistas públicas de los últimos años, los llamados de no más guerra contra las drogas’ de casi una veintena de organizaciones puertorriqueñas, lo que dice la ciencia y estudien las reformas que se discuten en otros estados.

Pero si tanto miedo le tienen a la discusión y a un cambio, pidan una consulta ciudadana. Les aseguramos que primero legalizamos el cannabis y reformamos la políticas de drogas antes de resolver el problema de estatus de nuestro país.

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