La senadora “apóstol” pretende criminalizar el aborto en Puerto Rico

En tiempos donde los procedimientos para abortar deben ser accesibles, seguros y hasta gratuitos para toda mujer que desee o necesite terminar con su embarazo, Puerto Rico insiste en hacer todo lo contrario.

Esta vez a la senadora “apóstol” Nayda Venegas Brown, del Distrito de Carolina, se le ocurrió radicar un proyecto para restringir los procesos de terminar un embarazo y “criminalizar” a las mujeres que aborten luego de la vigésima semana del embarazo, incluso, cuando el feto tenga una malformación genética.

El Proyecto del Senado 950 dispone que cualquier médico que realice el aborto en estas circunstancias se expone a una pena de cárcel fija de 15 años. El Código Penal prohíbe el aborto, excepto en circunstancias en que la salud de la madre esté en peligro. En Puerto Rico, contrario a otras jurisdicciones, no se limita la cantidad de semanas de gestación transcurridas antes de que se termine el embarazo.

Según la legisladora del Partido Nuevo Progresista, “el Proyecto del Senado 950, nos brinda la oportunidad histórica de legislar para proteger los intereses del Estado en cuanto a asegurar los derechos, la salud y la seguridad de la mujer dentro de los procedimientos de aborto y, a su vez, busca preservar la vida humana”, alegó Venegas Brown.

La medida requiere que las clínicas, los hospitales o las instalaciones médicas donde se practiquen abortos, garanticen el que la mujer embarazada que se somete a una terminación de embarazo, lo haga con un consentimiento informado y de una forma voluntaria. “Las mujeres, como pacientes de estas instituciones que practican abortos, tienen el derecho a conocer, no sólo todo lo relacionado al procedimiento de terminación de embarazo que se les practicará, sino también sus consecuencias y riesgos potenciales”, alegó la legisladora fundamentalista.

Según la legisladora del Distrito de Carolina es necesario que las mujeres conozcan, de primera mano, cuáles son los efectos secundarios que podría tener el realizarse un aborto. Por tanto, la medida senatorial contiene protecciones para evitar así que una mujer embarazada tome la decisión de abortar, sin haber sido adecuadamente informada.

“Por la naturaleza de los procedimientos de aborto, las mujeres que sufren los efectos secundarios de un aborto no tienen a dónde recurrir. La vergüenza y la culpa por haberse arrepentido, a lo cual se suma el juicio a las que son sometidas por la sociedad por haberse practicado el aborto, no le permiten a las mujeres post abortivas hablar sobre sus efectos secundarios perjudiciales. En consecuencia, nunca reciben tratamiento para recuperarse… La mencionada pieza promueve propuestas que permitirán que la mujer embarazada lleve a cabo decisiones razonadas e informadas sobre su propio cuerpo, para prevenir así estos lamentables casos”, señaló la senadora “apóstol”.

“En Puerto Rico existen, lamentablemente, médicos que realizan abortos a mujeres embarazadas hasta de nueve meses de gestación, porque simplemente la madre lo solicita. Esto es una realidad que mucha gente ignora… Actualmente, nuestro País es de las jurisdicciones más permisibles, estableciendo que la paciente en consulta con su médico, y sin la intervención del Estado, pueda poner fin a su embarazo en cualquier momento, incluyendo a los ocho y nueve meses de gestación. A pesar de que la mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos han aprobado leyes para evitar esta barbaridad, en Puerto Rico continúa siendo legal”, alegó Venegas Brown.

De otra parte, la medida también promueve la salud y la seguridad de la menor embarazada al requerirle el consentimiento de uno de sus padres o el custodio, para terminar el embarazo. “Un menor necesita el consentimiento de sus padres antes de ser evaluado por un dentista o un oftalmólogo. No obstante, resulta preocupante que, en Puerto Rico, hoy día, una menor de 12 años de edad pueda comparecer a una clínica de abortos a terminar un embarazo, sin el consentimiento de los padres”.

“Mucha gente desconoce la Ley aplicable al aborto en Puerto Rico… Ya es hora de que este tema deje de ser tabú y legislemos para fomentar la salud y la vida, dentro del marco constitucional federal ya establecido… Este proyecto tiene como fin el promover el interés apremiante que tiene el Estado de proteger los derechos de la mujer embarazada y garantizar que ésta lleve a cabo decisiones razonadas e informadas sobre su propio cuerpo, a través de un consentimiento informado”, concluyó la senadora.

No obstante, la medida raya en lo perverso al requerirle a que cada mujer sea sometida a una serie de advertencias 48 horas antes de completar el proceso de terminación del embarazo, además que se le ofrezca un sonograma para escuchar los latidos del corazón del feto y, en el caso de las menores, una serie de autorizaciones de padres, tutores o abuelos que el estado de derecho vigente no requiere. Lo que entorpece el procedimiento y crea un ambiente TORTUOSO…