Las medidas de austeridad ponen en riesgo los servicios de salud mental

La familia puertorriqueña no aguanta un recorte ni un impuesto más. El gobierno y la Junta de Control Fiscal siguen exigiendo que sea el pueblo el que costee una deuda que muchos consideramos impuesta e impagable. Sin embargo, las nuevas medidas propuestas de una reducción de la jornada laboral y la reducción en los pagos de pensiones de un 10% para los empleados gubernamentales tendrán un impacto desastroso en la salud mental y los derechos humanos de los puertorriqueños.

La crisis de la deuda de la isla y las medidas de austeridad están aumentando los problemas sociales. Cada vez son más las familias que no pueden pagar sus casas y terminan en las calles, creando un clima de ansiedad y desasosiego. En la Isla, una media 14 familias pierden sus casas a diario por ejecuciones hipotecarias, el doble que hace una década.  Los tribunales locales supervisaron la ejecución de 33 mil hipotecas entre 2009 y 2016, y según estadísticas gubernamentales el año pasado las entidades bancarias “expropiaron” un récord de 5,424 viviendas, un 130% más que hace casi una década, cuando el gobierno comenzó a recopilar estos datos.

Puerto Rico enfrenta una crisis y medidas de austeridad comparables a las provocadas por la Gran Recesión en Estados Unidos. No obstante, con los recortes están aumentando los conflictos sociales, el desasosiego, la desesperanza de vida y que cada vez más se busquen alternativas alrededor de la economía subterránea.

Pero como es sabido las desigualdades económicas, la criminalidad, la falta de oportunidades y empleo son todas variables de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales. Desgraciadamente, en Puerto Rico estas desigualdades y conflictos sociales se han vuelto en lo cotidiano.

Puerto Rico está experimentando altos niveles de pobreza, una gran población fuera de la fuerza de trabajo y una drástica pérdida de población. Esta situación ha desencadenado acontecimientos como: esperas más largas para procedimientos clínicos y terapéuticos, salas de emergencia sobrepobladas, intentos de cobrar a los pacientes directamente por el cuidado y, cada vez más, un éxodo de médicos.

Un impacto significativo cuando estudios recientes de ASSMCA muestra que el 7.3% de los adultos puertorriqueños entre 18 y 64 años padece de una condición mental seria. Dos de cada diez viven con alguna condición siquiátrica. Y de estos, el 23.7% combina alguna condición mental con abuso de drogas y/o alcohol. Aproximadamente 4 de cada 10 adultos (36.1%), cumplen con los criterios de una enfermedad mental grave, y no recibieron servicios de salud mental.

En Puerto Rico, el 11.5% de los adultos sufren de trastornos por uso de sustancias y de estos algunos 2.5% necesita servicios por el uso de las mismas, ya que cumplen con los criterios por trastornos de dependencia.

Sin embargo, los recortes en la jornada laboral significa menos servicios de salud y de programas de ayuda para los usuarios de drogas. Dejando la mayoría de estos servicios a programas privados y de bases de fe, que están pendientes a las ganancias económicas y que en la mayoría de ocasiones sus servicios no están basados en envidia.

Esto se complica con leyes punitivas diseñadas para castigar a los usuarios de drogas con cárcel y con cada vez menos recursos de rehabilitación. La escasez de recursos y de alternativas ha llevado a medidas desesperadas de un tráfico humano de usuarios de drogas a distintas ciudades del este de los Estados Unidos.

El panorama seguirá agravándose cuando la Junta de Control Fiscal amenaza con más recortes a los empleados gubernamentales. El organismo dictatorial insistirá en una drástica reducción del gobierno durante los próximos tres años. Lo que se traduce a menos servicios de rehabilitación, prevención y menos ayuda a los ciudadanos que pueden necesitar servicios de salud mental.

Related posts: