Marihuana medicinal, ¿solución o reproducción del problema?

Por: Gary Gutiérrez

Si bien muchos países comienzan a retirarse de la visión prohibicionista en torno al cannabis o marihuana, no es menos cierto que las nuevas legislaciones parecen ir en contra de los usuarios y de los pequeños productores independientes afirman activistas y académicos.

Las reformas en países como Jamaica, Uruguay, México y el propio Estados Unidos, donde el 47% de la población admite haber experimentado con la marihuana y donde más de veinte estados ya cuentan con leyes de tolerancia, demuestran que la regulación del mercado de esta planta no significa la destrucción de la sociedad como alegan sus detractores.

Al contrario afirma el grupo de activistas puertorriqueños conocido como Descriminalizacion.org, organización que impulsa la liberación del consumo y la producción del cannabis, así como la de los productos derivados de esta en Puerto Rico.

En las jurisdicciones donde se tolera, reglamentando el mercado o permitiendo el consumo del cannabis para uso medicinal o recreativo, no solo dan muestra que “no habido un aumento en el uso de la marihuana y otras drogas, sino que también ha bajado la criminalidad y los arrestos por delitos menos graves.”

Según los números de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el mundo 147 millones de personas consumen cannabis. Números que no registran grandes aumentos tras la incorporación de medidas de tolerancias.

En Puerto Rico estadísticas de la Administración de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) apuntan a que más de medio millón de personas consumieron marihuana por lo  menos una vez en su vida.

Paralelamente, la lucha por acabar con el consumo del cannabis, que de paso, fracasaron en reducir su consumo, genera en Estados Unidos un arresto cada 42 segundos, según datos del Uniform Crime Reporting (UCR) del Buró federal de Investigaciones (FBI), policía nacional de ese país.

Es desde este cuadro de fracaso del prohibicionismo que muchos países buscan alternativas para tolerar, descriminalizar, legalizar, regular el mercado o liberalizar el uso, consumo y disfrute de la planta llamada cannabis y conocida como marihuana.

Proceso de reforma que según Jorge Hernández Tinajero, activista mejicano en favor de la liberación del cannabis y participante de la VI Latinoamericana sobre Políticas de Drogas , no solo está sucediendo, el mismo “tendrá resultado”.

Este entusiasmo con las reformas sobre el cannabis es compartido por muchas otras voces públicas.

Entre estas la del comediante y comentarista político estadounidense Bill Maher, quien en varias ocasiones ha vaticinado que en los próximos años, el uso recreativo de la hierba será legalizada de una forma u otra en su país.

Sin embargo el proceso  y lucha por la normalización del cannabis no está exento de controversias internas u ataques externos.

Para comenzar apunta Hernández Tinajero, todavía hay poderosos sectores en Latinoamérica que se mantienen atrincherados en “visiones muy conservadoras” que dificultan las discusiones necesarias sobre nuevas políticas, no solo en torno al uso medicinal o recreativo de esta planta, sino sobre el uso de otros productos derivados del cáñamo.

El activista mexicano fue más lejos al explicar que incluso entre los que impulsan los necesarios cambios en la política pública sobre la marihuana, hay demasiadas voces y visiones.

Las controversias no se limitan al uso y regulación del uso de la planta, pues incluye también la forma en que se define a los consumidores, quienes lo mismo son vistos como enfermos necesitados de ayudas, delincuentes a quienes se debe reprimir o egoísta que solo buscan su placer personal.

Estas múltiples miradas también inciden en las alternativas de reglamentación o regulación propuestas por cada sector.

Por un lado, están los que proponen despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de la hierba, denominándola “para uso personal” mientras proponen mantener ilegalizado el acceso a esas pequeñas cantidades.

Regularmente esta alternativa es empujadas por políticos quienes, entendiendo lo absurdo de las leyes de prohibición del cannabis, buscan abrir brecha entre las conservadoras estructuras políticas que no están dispuestas a arriesgar su capital político empujando las hasta ahora controvertibles medidas de liberación.

Mientras tanto ante el inevitable avance de los procesos de liberación de la hierba, algunos sectores conservadores se amurallan detrás del discurso que aboga porque solo se permitan los usos médicos del cannabis.

Alternativa que no solo permitirá a unos pocos controlar el acceso a los productos de cannabis, convierte estos bienes en una magnífica alternativa de ingresos para las compañías farmacéuticas que por virtud de costosas licencias monopolizarán la producción, distribución y venta del cannabis y sus derivados.

Esta alternativa del “uso medicinal” es aceptada e impulsada por algunos activistas como una forma de ir normalizado la relación de la sociedad con el cannabis y como “cabeza de playa” desde donde continuar las luchas para la liberación total de la planta.

Así, para el activista puertorriqueño Pedro Colón de Descriminalizacion.org, el discurso de “uso medicinal” es una alternativa para privatizar la ganancia del cannabis, mientras se sigue arrestando a los pobres que no tienen acceso a médicos que les recomienden el uso “terapéutico” del cannabis.

Algo parecido sucedió cuando Estados Unidos prohibió la venta y consumo de alcohol a nivel federal. La absurda prohibición permitía el uso medicinal de los embriagantes, permitiendo que aquellos que podían pagar una receta médica -los ricos- pudiera consumir el alcohol legalmente mientras los pobres iban a la cárcel o morían en las calles por el control del mercado negro.

“Sabemos que la regulación del ‘cannabis medicinal’ se convertirá en un ‘negociazo’ para dos o tres, donde se van a querer importar regulaciones y negocios, antes de desarrollar un plan y un reglamento a favor de nuestros pacientes. Mientras el gobierno continuará castigando a unos por consumir y sembrar lo que puede crecer en el patio de nuestras casas, otros están empeñados en “picar a’lante”, montar su kiosco, brindar seminarios y cursos de siembra sin saber que terminará aprobando el gobierno de Puerto Rico, incluso sin tener los permisos,” dijo Colón.

Por otra parte, otros impulsan ese mismo modelo de monopolio para la reglamentación del acceso al uso recreativo o “no medicinal del cannabis”. Estos monopolios lo mismo pueden ser estatales como el caso del Uruguay, o mediante licencias otorgadas a empresas privadas como en el caso de Colorado y otras jurisdicciones estadounidenses.

Esta alternativa de reglamentación mediante monopolios, no queda fuera de controversia ya que para mucho es la forma de privatizar en unos pocos la ganancia económica generada, como pasó con la industria licorera tras su legalización mediante monopolios en Estados Unidos..

En el caso de Colorado, ya se escuchan quejas de cómo la reglamentación legal del cannabis terminó con el flujo de dinero -ilegal pero igualmente utilitario- que el tráfico ilegalizado movía dentro de las comunidades marginadas. Esto a pesar de que los negocios licenciados se ubicaron en esas mismas comunidades, para no afectar el valor de las propiedades en las zonas más aventajadas económicamente.

Ante este complejo panorama político y social en que se desenvuelve la discusión en torno a la Marihuana, el grupo Descriminalizacion.org se unen a los que proponen que “las reformas a las leyes de marihuana no se deben limitar a un maquillaje a las leyes prohibicionistas; por el contrario, deben ser dirigidas a la búsqueda de modelos de una legalización o regulación de un mercado, donde se garantice el autocultivo y la educación hacia un consumo responsable”.

Entendiendo por autocultivo, el que se permita que los usuarios, de forma individual o de forma colectiva, en cooperativa de usuarios por ejemplo, siembren unas cantidades establecidas de matas por persona.

Así el producto de esta actividad solo puede ser para uso personal de quién la cultive o distribuido entre los participantes de la cooperativa. El excedente puede ser vendido solo a otras cooperativas, los dispensarios o cafés licenciados. De esta manera se controla o reduce la capacidad de general ganancia económica con la planta.

Si bien al momento, por lo menos 15 Estados permiten esta alternativa en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde el proceso de legalización del uso medicinal del cannabis parece estar controlado por grandes intereses económicos, no se contempla esta alternativa a pesar del apoyo de diversos grupos de activistas.

“Los pacientes quieren autocultivo. Puerto Rico no está preparado todavía para bregar con autocultivo. Necesitamos mucho más educación… Este no es el momento apropiado para estar hablando esto. En un futuro, uno nunca sabe, pero este no es el momento”,  dijo la asesora legal del Departamento de Salud (DS), Mayra Maldonado al periódico Primera Hora.

Los modelos de regulación del Uruguay o en las regulaciones médicas y recreativas norteamericanas han establecido un marco jurídico con parámetros adecuados para garantizar el manejo del cultivo. Cuyos objetivos principales es impedir el acceso a menores de edad y limitar la producción para uso personal. El estado quiere estar ‘seguro’ que no se convierta en una producción comercial no regulada.” explica en su página web Descriminalizacion.org al abogar por la alternativa antes detallada.

En resumen que para cualquiera que observe los procesos socioeconómicos y políticos que se están desarrollando en torno a las drogas, y en específico en torno a la marihuana puede notar cuan complejo es y cuantos intereses luchan por controlar esos procesos.

Sin embargo, algo debe tenerse claro, legalizar, regular o liberar cualquier sustancia no puede ser un mero espejismo de quitarle las ganancias a los ilegalizados carteles para hacer más millonarios a nuevos carteles legales.

Cualquier reforma en políticas de drogas que aspire a ser verdaderamente democrática tiene que partir de proteger los intereses y los derechos humanos de los más vulnerables, “los usuarios”.

Cualquier reforma que termine reafirmando la violación del derecho de cada quién a decidir sobre que hacer con su cuerpo, o cuyo norte sea garantizar visiones moralistas de unos o las ganancias de otros, no será otra cosa que la reproducción de las mismas condiciones que termina derramando la sangre de nuestros jóvenes en las calles de la isla.

Fuente: Gary Gutiérrez

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