Más ciudades en Estados Unidos planean crear ‘salas de consumo supervisado’ ​​

En cada vez más ciudades en Estados Unidos afectadas por los problemas de adicción, los funcionarios de salud pública están considerando sitios en los que las personas puedan consumir heroína y otras drogas ilegales bajo supervisión médica. Los defensores sostenemos que estas instalaciones, conocidas como “salas de consumo supervisado”, salvan vidas que de otro modo se perderían por posibles muertes por sobredosis u otras enfermedades prevenibles. Además, es un espacio donde brindan un acercamiento para un posible tratamiento o ayuda médica.

Por lo menos se han identificado algunos 13 proyectos en ciudades de EEUU para comenzar a operar las salas inyección supervisada, con defensores en distintas ciudades que dicen que quieren ser los primeros, pero todavía no se concreta la operación de alguna de manera legal. Los planes varían. Seattle está planeando un bus de inyección segura; Filadelfia está considerando estructuras portátiles; algunos funcionarios electos en lugares como Denver, Vermont, Delaware y San Francisco, están tratando de reunir apoyo para las propuestas.

Los personas que favorecemos la reducción de daños esperamos que las salas de inyección supervisada puedan seguir el camino de los programas de intercambio de jeringuillas que han ganado una mayor aceptación a través de los años, gracias a su desempeño y la función de controlar la propagación del VIH y otras enfermedades como la hepatitis. Actualmente existen programas de intercambios de jeringuillas en 39 estados.

Sin embargo, muchas de estas propuestas para la creación de “salas de inyección segura” parecen estar plagadas de debates comunitarios e incertidumbre legal. La realidad es que el Departamento de Justicia Federal no ha cambiado su conducta punitiva contra estos esfuerzos salubristas. Los empleados en las “salas de inyección supervisada” pueden ser procesados con cargos penales y la propiedad podría estar en riesgo de ser confiscada por las autoridades federales.

El Departamento de Justicia puede exigirle a un un juez que cree órdenes de arresto a trabajadores sociales y enfermeras que trabajen salvando vidas en las instalaciones, el temor a una respuesta punitiva por las autoridades federales sigue haciendo que los estados sean tímidos en cambiar las políticas públicas.

En Filadelfia, donde las sobredosis por opioides matan cuatro veces más personas que los asesinatos, han pasado seis meses desde que altos funcionarios municipales, incluidos el alcalde y el fiscal del distrito de la ciudad, anunciaron que estaban promoviendo la idea de una sala de inyección supervisada. Ahora, los funcionarios de la ciudad dicen que aún están buscando patrocinadores privados y lanzando nuevos esfuerzos de divulgación en las comunidades para ayudar a que la estrategia salubrista sea más aceptada.

“Estimamos que ahorraríamos hasta 75 vidas en un año, y si cualquiera de esas 75 personas es un miembro de su familia, usted, creo, estaría de acuerdo”, expresó Eva Gladstein, subdirectora general de Salud y Servicios Humanos de Filadelfia, al medio NPR. En una encuesta que el departamento realizó en el vecindario de Kensington en Filadelfia más de dos tercios de los usuarios de drogas dijeron que irían a una sala de inyección supervisada.

“En comunidades que han estado viviendo con esta adicción”, expresó  Gladstein. “Todos conocen a alguien o tienen un familiar que ha sido afectado”.

Sin embargo, las respuestas de las comunidades y de los políticos han sido más escépticas. El senador estatal de Massachusetts, Will Brownsberger, presentó un proyecto de ley para poner en marcha un sala de inyección segura allí, pero algunos funcionarios electos y residentes de Boston siguen recelosos con que se estableciera y que incluso se agravara el consumo de drogas en la zona. “Si tuviéramos un lugar donde las personas estuvieran listas, entonces probablemente podríamos hacerlo. Pero no tenemos eso ahora”, expresó Brownsberger.

En mayo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, respaldó una propuesta para abrir cuatro espacios de inyección segura. El plan aún necesita el respaldo del Departamento de Salud del estado y varias comunidades se han expresado en contra de que se establezcan en sus vecindarios.

Si bien el tema todavía se mantiene en pañales en EEUU, la realidad es que en Vancouver, Canadá, por los últimos 15 años se ha administrado una sala de inyección supervisada llamada Insite. Por supuesto, ha batallado sus propios desafíos legales. Pero en el 2011, el Tribunal Supremo de Canadá dictaminó que el establecimiento debería recibir una exención de la ley federal ya que, según el tribunal, salvar vidas compensa cualquier beneficio de prohibir el uso de drogas ilegales en el lugar.

Aunque varios estados en Estados Unidos consideran abrir varias salas de inyección supervisada todavía permanecen en planes, y la situación legal no se ha discutido en los tribunales. Aún así, ya se están preparando para futuras peleas legales al considerar las lagunas federales en las leyes sobre drogas o argumentos novedosos que podrían persuadir a un juez a fallar a favor de la reducción de daños.

Sin embargo, para que se cree toda una disputa legal sobre y se discuta la legalidad de una sala de inyección segura, primero tiene que abrir una.