New York dejará de arrestar a quienes utilicen cannabis en las calles

Los arrestos en la Ciudad de New York por posesión y consumo de cannabis pronto serán cosa del pasado. El alcalde Bill de Blasio le otorgó 30 días de plazo a su Departamento de Policía (NYPD) para que reforme las tácticas utilizadas para reprimir a quienes utilicen cannabis en zonas públicas. La reforma se anuncia luego de que las estadísticas revelaran una clara discriminación racial en los arrestos por posesión de cannabis.

La NYPD realizó el año pasado 16,925 arrestos relacionados con la posesión o el consumo de cannabis. Es una cifra muy inferior a las 60,190 detenciones en 2000, en buena medida porque desde hace tres años se emiten citaciones –multas- que no crean antecedentes penales. Eso permitió que se redujeran en un 40% los arrestos en NYC cuando se comparan con las cifras de 2013.

Pero las estadísticas reflejan que el 86% de los detenidos son negros o de origen latino. Es decir, las personas afroamericanas o latinas tienen ocho veces más posibilidades de ser detenidas que un blanco, pese a que el nivel de consumo es similar. El comisario jefe de la NYPD, James O´Neill, niega que sus policías actúen siguiendo un “patrón racial”, aunque sí admite que se deben revisar las prácticas.

El propósito es concentrar el trabajo de la policía en los casos que representen un riesgo para la seguridad pública, y conseguir al mismo tiempo una aplicación que sea consistente con los valores de justicia, para reforzar la “confianza” de las comunidades hacia la labor de los agentes. “Debemos poner fin a detenciones innecesarias y a la disparidad en la aplicación de las leyes”, señaló el alcalde de la Ciudad de New York.

“Esta disparidad es intolerable”, denuncia el reverendo Al Sharpton, “debe acabar”. El debate sobre la actuación policial sucede mientras el Estado de Nueva York trata de decidir legalizar la marihuana. Los fiscales del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, y de Brooklyn, Eric González, anunciaron también que desde agosto no procesarán a las personas arrestadas por consumir cannabis.

“La doble misión de la oficina del fiscal”, señala Vance, “es crear una ciudad segura y un sistema judicial más equitativo. Los arrestos y procedimientos penales predominantemente contra negros e hispanos no sirven a estos objetivos”. González añade que hay que hacer más para garantizar que el sistema sea justo. Pero también señala que se debe establecer una serie de excepciones en el ámbito de la seguridad.

Con estimaciones de ingresos fiscales de más de billón de dólares, los legisladores de Nueva York deben priorizar la reparación de los daños causados ​​por la prohibición, como lo propone la Ley de regulación e impuestos a la venta de cannabis.

La reciente investigación pone de relieve como la la prohibición del cannabis se ha llevado a cabo de forma sistémica que ha tenido efectos negativos, principalmente en comunidades de afroamericanos y comunidades de bajos ingresos. La aplicación de la ley ha condenado a cientos de miles de personas con antecedentes penales que producen consecuencias devastadoras, incluido limitaciones a vivienda pública, empleo y oportunidades educativas.

La prohibición de la marihuana también ha sido una justificación para un aumento drástico en las intervenciones policiales en las comunidades más desventajadas. Poner fin a la prohibición de la marihuana y establecer un sistema para gravar y regular la marihuana para el uso de adultos es la opción inteligente para las comunidades de New York, ya que eliminará una de las principales causas de las intervenciones policiacas. Legalizar el cannabis también brindará una oportunidad, debido a los ingresos que generará, deben ser dirigidos para que las comunidades más devastadas comiencen a reparar los daños de la guerra contra las drogas.