No más impuestos para perpetuar la ‘guerra contra las drogas’

Más allá del rechazo colectivo a la imposición al impuesto al valor añadido (IVA) o de un “IVU agrandado”, debemos rechazar cualquier reforma contributiva o aumentos de impuestos que contemple seguir desperdiciando el limitado presupuesto del país en la guerra contra las drogas. Aunque necesitemos mejorar el porcentaje de captación de los impuestos, la realidad es que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico se continuará perdiendo en una guerra que nos tiene viviendo bajo una bancarrota social y económica.

Podemos tener diferencias con las formas de recaudo, con una tasa tributaria tan alta; incluso, en pagar una deuda que sencillamente NO se tiene capacidad de poder pagar. Pero debemos preguntarnos si es económicamente sostenible que las administraciones del Estado Libre Asociado continúen tomando dinero prestado, a cuenta de quitárselo a sus ciudadanos, para seguir manteniendo una guerra con secuelas terribles para nuestra sociedad.

Sin embargo, distintos medios de comunicación continúan analizando la crisis económica que sufre Puerto Rico pero no se cuestiona el fracaso y los altos de costos de mantener las políticas prohibicionistas. Más aún, cuando vemos que la acumulación de deudas del gobierno se ha multiplicado desde que se estableció las políticas de ‘mano dura’ y hemos preferido trabajar los problemas de salud pública que tiene el país con más policía militarizada, con más gastos en vigilancia, con tratamientos de drogas ineficaces y con penas carcelarias más altas.

Gráfica El Nuevo Día

Mientras nuestros políticos no se atrevan a regular el mercado de marihuana y pretendan continuar con enfoques prohibicionistas con las drogas, nos tendrán perdiendo miles de millones de dólares con leyes que en repetidas ocasiones atentan contra los derechos humanos.  Entre una guerra de bandos que nos tiene viviendo bajo un nivel de miedo e inseguridad que afecta todos los sectores económicos.

Puerto Rico proyecta cerrar cientos de escuelas públicas, pero otros estados han regulado el mercado de marihuana y han desarrollado un sistema de impuestos cuyas ganancias se invierten en necesidades como la remodelación y construcción de nuevas escuelas. La regulación de la industria de la marihuana en Colorado generó $700 millones de dólares el año pasado, según un análisis de los datos fiscales se vendieron $386 millones de marihuana medicinal y $313 millones para fines recreativos. Los dos mercados generaron $63 millones en ingresos fiscales, además de $13 millones recogidos en las licencias y cuotas adicionales. Estas cifras no incluyen las ventas de productos relacionados con la marihuana, como las pipas y bongas, y no cuantifica el aumento en otras áreas como el turismo, el aumento en el consumo de hoteles, restaurantes y otros mercados del estado.

Con auto-cultivo, cooperativas y pequeños cultivadores, por supuesto que una regulación responsable puede ayudar a nuestra economía… Imagen de Tripleta™
Con auto-cultivo, cooperativas y pequeños cultivadores, por supuesto que una regulación responsable puede ayudar a nuestra economía… Imagen de Tripleta™

Asimismo, la idea de eliminar los castigos carcelarios y empezar a dar pasos hacia una descriminalización de todas las drogas está lejos de ser una propuesta descabellada, recientemente el electorado californiano lo está desarrollando con la aprobación de la “Proposición 47convirtiendo varios delitos en ofensas menos graves. Los electores prefirieron cambiar las políticas anti drogas por faltas menores, por lo tanto en fallas con posibles sanciones leves, sin encarcelamiento o hasta un año de cárcel por agravantes. La decisión de sacar a los miles de reclusos no violentos de las cárceles le ahorraría entre 750 y 1.000 millones de dólares al año del presupuesto. Se supone que ese dinero se dedique a inversión en las escuelas, programas de prevención y salud mental. Sectores donde los recursos son mejor utilizados para trabajar las necesidades sociales y, por ende, desarrollar una mejor economía.

En Puerto Rico, las promesas del actual gobierno de trabajar ‘diferente’ los asuntos de drogas, a pesar que venían ‘reforzadas’ con el informe de la ACLU, se desvanecieron desde su primer mensaje de estado en abril de 2013. Cuando anunció la activación de la Guardia Nacional y un presupuesto para la agencias de policía y corrección de alrededor de 1,500 millones de dólares. Prácticamente lo mismo de pasadas administraciones que asignaban más del 90 por ciento en agencias para ‘castigar y vigilar’ en comparación a otras agencias de brindar ‘tratamiento o prevención’.

Imagen “Enfrentando la criminalidad desde una visión salubrista”, Dra. Carmen Albizu

Aunque con la crisis y la continua federalización del sistema de justicia, el presupuesto de la Policía de Puerto Rico y del Departamento de Corrección también han sido recortado. Las agencias de seguridad y castigo se las arreglan para ‘justificar’ gran parte del presupuesto en actividades que no generan beneficios económicos a la ciudadanía. Ante las reformas a las leyes de drogas que se vienen realizando a nivel global se percibe como un derroche de dinero el gasto en condenas carcelarias por el uso de sustancias.

Una economía en crisis como la nuestra necesita desarrollar proyectos similares a la “Proposición 47”. La administración de turno no tiene que esperar a un referéndum y puede ampararse en los programas de gobierno de las últimas administraciones gubernamentales donde se promueve un enfoque salubrista para trabajar los asuntos de drogas. Enfoques que se han quedado en promesas electoreras.

Imagen “Enfrentando la criminalidad desde una visión salubrista”, Dra. Carmen Albizu
Imagen “Enfrentando la criminalidad desde una visión salubrista”, Dra. Carmen Albizu

Si pretendemos reducir la criminalidad tenemos que desarrollar modelos salubristas que conciban una descriminalización de las drogas, regular los mercados de sustancias y brindar tratamientos adecuados dirigidos a controlar la demanda. En vez de la encarcelación y programas de tratamientos obligatorios, el gobierno se debe enfocar en la educación y prevención del uso problemático de las sustancias legales e ilegales. Por supuesto, brindando los recursos necesarios a las comunidades más desventajadas para que puedan cumplir con sus expectativas de vida. Seguramente, no se perderían gran parte de nuestro presupuesto como se ha hecho por las pasadas cinco décadas con modelos prohibicionistas que nos tiene viviendo bajo niveles de violencia con resultados nefastos para nuestra economía.

En síntesis, aumentar los impuestos sin reestructurar
el sistema, y sin priorizar en las necesidades del pueblo, no reactivará la economía ni resolverá los problemas fiscales. Por el contrario, sería darle nuevamente un ‘cheque en blanco’ para que continúen botándolo en una ‘guerra’ sin sentido.

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