Optimismo y cautela con el proyecto de medicalización

Conocedores de las políticas públicas y a favor de la  descriminalización de las drogas hacen un llamado de cautela con el Proyecto de la Cámara 1362. Reclaman que el proyecto que propone regular el uso de la marihuana para propósitos medicinales contiene lagunas que terminarían siendo una navaja de “doble filo” para cualquier cambio de política pública a las leyes de sustancias controladas en Puerto Rico.

Primero debemos atender seriamente el Proyecto del Senado 517 propuesto por el senador Pereira que descriminaliza la posesión de hasta una onza de marihuana para mayores de 21 y luego dar paso a la discusión que establecería la marihuana medicinal.  Atender el P. del S. 517 y sus limitaciones es el primer paso a tomar para cambiar las políticas públicas sobre las drogas en Puerto Rico.

“Los políticos insisten en tratar de crear un supuesto enfoque salubrista, pero la realidad es que si leemos con detenimiento el Proyecto de la Cámara 1362, están criminalizando al usuario de sustancias aun más que en el presente. Esto sería dar marcha atrás y continuar con la fallida guerra contra las drogas,” expresó el Doctor Rafael A. Torruella.

Resulta inapropiado que el proyecto presentado por los representantes José L. Báez Rivera y Carlos J. Vargas Ferrer establezca una pena fija de hasta 15 años de cárcel y una multa de al menos 10 mil dólares por poseer (sin fines de venta) cualquier cantidad de marihuana sin tener licencia de uso medicinal. De igual manera, el castigo para el vendedor no autorizado por el gobierno aumentaría significativamente según indica la sección de “Limitaciones de esta ley”.

“Aunque el uso medicinal de la marihuana resulta un paso de avanzada ante la guerra contra las drogas, el carácter punitivo del P.C. 1362  nos deja con más dudas que aciertos”, señaló Torruella quien es director de un programa de intercambios de jeringuillas en la región este de Puerto Rico y de la campaña Descriminalización.org. Asimismo señaló que, el P.C. 1362 plantea una restructuración de agencias gubernamentales que carecen de servicios de reducción de daños y mantienen un sistema precario de medicación con la metadona o buprenorfina. Por lo que hace un reclamo para que se cree un “Plan Nacional Estratégico de asuntos de droga” con un enfoque salubrista basado en la Reducción de Daños que considere la legalización de la marihuana, la descriminalización de las drogas fuertes y en el tratamiento basado en la ciencia.

“Nos preocupa que se le estaría imponiendo al Departamento de Salud varias tareas relacionadas con el registro, la fiscalización y demás del mercado de la marihuana que redundan en gastos públicos similares o superiores sin tener un plan nacional estratégico”, señaló el licenciado Gamelyn Oduardo Sierra.

Por otra parte, señalan que el P.C. 1362 cuenta con disposiciones que rayan en lo inconstitucional. Por ejemplo se limita el tratamiento médico con Marihuana a personas que no hayan incurrido en “crímenes de torpeza moral”. Por ende, se le niega el tratamiento médico a personas que en el pasado han sido criminalizadas por fumar marihuana. Además, cuando se trata de fines medicinales, las medidas impositivas deben eliminarse o limitarse drásticamente. “La salud es un derecho humano, y no debe ser un negocio”, recalcó el Lic. Oduardo Sierra.

Confiamos que para poder tener una discusión “sana” sobre el problema de las drogas y poder darle paso a una medicalización de la marihuana en Puerto Rico, como propone la medida, se necesita retirar todos los cargos criminales que se presentan en la P.C. 1362 y además proponer la descriminalización de todas las otras sustancias consideradas ilegales.  Solo así podremos marchar a un plan estratégico verdaderamente salubrista donde la posesión de drogas no es un crimen y donde el que necesite y quiera ayuda pueda conseguirla.

 

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