Políticas públicas sobre las drogas: hacia la formulación de un nuevo paradigma

Por: Iván Rosario Villafañe

“Triste época la nuestra.Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”.  Albert Einstein

Para una reflexión crítica sobre las políticas públicas sobre las drogas, presentaremos un trasfondo histórico, discutiremos brevemente la construcción social del llamado “problema de las drogas”, ofreceremos algunas definiciones conceptuales sobre una serie de políticas públicas  y justificaremos la necesidad de un cambio en el paradigma imperante en nuestra sociedad.

Los seres humanos han consumido sustancias psicoactivas desde hace siglos sin que este comportamiento fuera construido como un problema social para la humanidad.  Estas sustancias derivadas de las plantas eran utilizadas como remedios medicinales, en rituales místicos religiosos y su uso era limitado dentro de las diferentes culturas (Escohotado, 2003). La expansión europea en los siglos XVI, XVII y XVIII transformo el panorama.  Las sustancias que inicialmente se encontraban restringidas a un determinado ámbito geográfico se convirtieron en un producto global (Courtwright, 2002).El desarrollo y crecimiento del cultivo de las plantas psicoactivas y su distribución como material psicoactivo no ocurrió a la azar, fue estimulado por el lucro, bajo la protección de las grandes potencias de la época (Davenport, 2003).  A medida que la oferta aumento disminuyó el precio de las sustancias atrayendo a miles de nuevos consumidores. A finales del siglo XIX y principios del XX las élites gobernantes comenzaron a cambiar el discurso que se había construido alrededor del uso recreativo de las sustancias. Courtwright (2002) resume las objeciones presentadas por las clases dirigentes en cinco categorías: los daños directos de las sustancias al consumidor, los costes sociales, la conducta pecaminosa (desaprobación religiosa), la asociación que establecieron con grupos étnicos y marginados y por último la inquietud con el peligro que podría representar las sustancias para el el futuro del colectivo. Por otro lado Majón – Cabeza (2013) nos propone que la cruzada prohibicionista de los Estados Unidos alrededor del mundo no fue por razones de “salud pública”. Según esta autora hubo motivos racistas contra los negros del sur y contra la mano de obra china; motivos económicos en la guerra de médicos, farmacéuticos, productores y curanderos por tener la exlusiva en la dispensión de drogas; motivos políticos en la pugna entre China y Filipinas por el monopolio del opio y, también otros motivos políticos como legitimizar el intervencionismo en otros países; y no menos importante motivos morales- religiosos.

En ese contexto surge los Estados Unidos (desde principios del siglo XX) como el paladín del prohibicionismo, de la legislación punitiva y de la criminalización del uso de las sustancias. Esto constituye un paradigma impuesto al resto del mundo por razones geopolíticas y económicas. Para justificar lo anterior se utilizaron los medios de comunicación social, quienes se dieron a la tarea de fomentar pánico y demonizar las sustancias (Manjón-Cabeza, 2012).Se construye “ el problema de las drogas”, donde lo importante no es la sustancia ni su efecto  psicofarmacológico, sino el discurso que se construye alrededor de ella. Ese prohibicionismo cuyo estandarte en los últimos años ha sido la famosa campaña de “guerra contra las drogas” parte de una premisa falsa y antihistórica, la idea de que puede existir un mundo sin drogas. Una guerra contra “el otro” que ha devastado países, ha costado billones de dólares, causado miles de muertes, fortalecido el narcotráfico, afectado la salud pública de millones de personas y estimulado la aparición de cientos de drogas sintéticas. Esta prohibición que se formuló como la panacea al llamado problema de las drogas ha sido la peor estrategia para nosotros, los usuarios y no usuarios. En el escenario de Puerto Rico vive una cruenta guerra desde los años 80 por el control del mercado interno de consumo y sus ganancias (narcomenudeo) donde han muerto miles de puertorriqueños., se estigmatiza al usuario y se restringen los servicios que deberíamos brindarles.              

Cada  vez más profesionales, políticos de distintos cuño, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general, afirman que el modelo prohibicionista ha fracasado y exigen un cambio de paradigma.  Esta situación nos obliga a discutir el tema de “políticas públicas sobre las drogas”.  Cuando hablamos de políticas públicas sobre las drogas nos referimos a una serie de principios o cursos de acción que adoptan las sociedades y gobiernos para manejar el problema asociados al uso de drogas.  Estas políticas se desarrollan en función de un problema, proponen un delineamiento de acciones que impactan principalmente al consumidor, a la criminalidad asociada y a la sociedad en general.  El proceso de su implantación conlleva una serie de etapas: se identifica y define el problema, se formula la política pública (plan), se establecen leyes y reglamentos, se implantan los cursos de acción y por último se evalúa su efectividad.  Las políticas responden a la construcción que tengamos sobre la etiología de la adicción e implican decisiones valorativas.  Algunas de las políticas públicas que se han propuesto han sido, el prohibicionismo, la legalización, despenalización, descriminalización, reducción de daño y el modelo de salud pública comprensivo.  Hagamos una pequeña descripción de las mismas.

El imaginario prohibicionismo es una política pública entroncada en el sistema de justicia criminal.  Percibe el consumo de sustancias como una conducta libre y moralmente seleccionada, la cual es ilegal.  El cambio sólo puede venir de sanciones de tipo penal.  Asume una actitud paternalista sobre el usuario al cual propone como uno sin voluntad, débil, que le falta autodisciplina y control. Como consecuencia se debe perseguir a los usuarios y a quienes comercian con las sustancias controladas y administrarle sanciones penales.  En nuestra isla de Puerto Rico impera esta política prohibicionista, cuyas acciones están principalmente focalizadas en el  control de la oferta y donde las asignaciones presupuestarias al tratamiento son escasas.

El profesor Alex Stevens de la Universidad de Kent nos plantea que la despenalización es una política pública que implica la no aplicación de una sanción penal en algunos tipos de ofensas establecidas en las leyes de drogas o la reducción de la severidad de las penas, (Stevens, 2011).  Las penas se mantienen en el marco del derecho penal. Un ejemplo de esto lo podemos observar en Holanda y en sus políticas sobre la marihuana (donde la marihuana no es legal pero  las/los usuarios de estas no sufren de penalidades si lo hacen en ciertos lugares y en ciertas cantidades).  Otro ejemplo lo tenemos en Reino Unido con su programa de advertencias para el cannabis, la policía adopta un enfoque escalonado frente a los delitos de posesión de pequeñas cantidades que van desde una advertencia, una multa hasta el arresto (amonestación o procesamiento}.  Por otro lado, la descriminalización se define como la acción de remover la posible aplicación de una penalidad por una ofensa relacionada a las drogas. Greenwald, (2009) del Instituto Cato nos indica que Portugal ha establecido una política de descriminalización desde el 2001 que incluye la cocaína y la heroína. Cuando la policía interviene con un ciudadano, si la cantidad que posee está dentro de los parámetros establecidos en la política pública, el caso es desviado a una junta administrativa y no va al sistema de justicia criminal. En la descriminalización podría darse el caso de que el  consumo y/o la posesión, producción o cultivo de drogas para uso personal dejan de tratarse con sanciones penales, aunque el tráfico de drogas continúa en el ámbito del delito.

La postura de la legalización propone que las leyes que prohíben la posesión, consumo, suministro y producción de drogas deben de ser modificadas o abolidas. Sostiene que cada persona tiene el derecho a elegir cómo quiere llevar su vida y el estado no debe inmiscuirse en la decisión del ciudadano de utilizar alguna droga.  Existen dos tipos de legalización, la total y la regulada. En la regulada los delitos de drogas dejan de controlarse a través del sistema de justicia penal, pero la producción, suministro y consumo se rigen por leyes administrativas, un ejemplo de esto son las políticas existentes sobre el alcohol y el tabaco.

La reducción de daño es una política dirigida hacia la disminución de las consecuencias sanitarias, sociales y económicas adversas del uso de drogas mientras el usuario continúa utilizando drogas. Entre sus prácticas más conocidas se encuentran el intercambio y disponibilidad de jeringuillas programas de mantenimiento con heroína y los salones de consumo.  Entre los países que se destacan en estas prácticas se encuentran Australia, Canadá, España, e Inglaterra.

Por último el modelo de Salud Pública Comprensivo propone que la adicción es un problema de salud pública de origen multidimensional.  El término comprensivo hace referencia a las características no fragmentarias e integrativas que debería poseer el cuidado de la salud.  En la misma intervienen elementos: biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Es un metamodelo de política pública, integrativo e interactivo en el cual factores de distintos modelos son conectados como respuesta a las necesidades de salud pública. No se limita a la medicalización, puede incluir medidas de la despenalización, reducción de daño, descriminalización y de la legalización reglamentada, incluyendo el tratamiento asistido con heroína (Stevens, 2011).  El país que mejor expone este modelo es Suiza.                          

En Puerto Rico el discurso prohibicionista ha logrado dilatar la discusión de nuevos enfoques (la droga te mata, se apropia de tu libertad, te destruye, te lleva al delito), no obstante ya es hora de entrar en una discusión seria y racional sobre la política pública a seguir con  las drogas.  El Consorcio Internacional Sobre Políticas Públicas(2012) ha propuesto una serie de principios para establecer una política pública eficaz: basarse en una evaluación de prioridades y pruebas empíricas,  fomentar la integración de grupos marginados, centrarse en reducir las consecuencias nocivas del consumo y de los mercados de drogas, cumplir plenamente con las normas internacionales de derechos humanos y trabajar para construir relaciones abiertas y constructivas entre gobiernos y sociedad civil.  El modelo a establecer debe ser uno criollo que responda a nuestras necesidades particulares, considere nuestra cultura, esté alejado de pasiones políticas sectarias y religiosas, sustentado en la evidencia que nos provea la investigación.  El liderato del país debe desintoxicarse del paradigma prohibicionista, no podemos permitir que consideraciones ideológicas guíen nuestras acciones.  Las reformas de las leyes y las  políticas públicas sobre las drogas son una realidad en todo el  mundo, tenemos la responsabilidad ética de  responder ante este reto.

Referencias

Consorcio Internacional sobre Políticas Públicas de Drogas (2012). Guía sobre políticas públicas de drogas.  Recuperado de: www.idpc.net

Courtwright, D. (2002). Las drogas y la formación del mundo moderno, breve historia de las sustancias psicoactivas. Buenos Aires: Paidós.

Davenport, R. (2003). La búsqueda del olvido. Historia global de las drogas,1500-2000.  Madrid: Fondo de Cultura Económico.

Greenwald, G. (2009). Drug Descriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Succesful Policies. Cato Institute.

Escohotado, A. (2003). Historia elemental de las drogas. Barcelona: Compactos Anagrama.

Manjón-Cabeza, A. (2012). La solución. Barcelona: Debate.

Manjón-Cabeza, A. (2013). La historia de la prohibición.  Barcelona: Debate.

Stevens, A. (2011). Does drug policy matter? Podcast Series,The Vera Institute of Justice. Recuperado de: www.vera.org/research  

 

 

 

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