La “Guerra contra las Drogas” y la privación del derecho al voto en EE.UU.

El récord de confinamiento de los Estados Unidos es una verdadera catástrofe. Con 2.2 millones de personas tras las rejas, o 0.72% de su población total, los Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de su población confinada. Casi la mitad de estos confinamientos se debe a crímenes no violentos, muchos de ellos ofensas de drogas que de por sí solas resultan en el 17% de la población de las prisiones estatales, 48% de las prisiones federales y 25% de las cárceles del país. Los aspectos raciales de este confinamiento en masa son alarmantes: un hombre negro tiene una probabilidad de estar confinado alguna vez en su vida de 32%, uno hispano de 17% y uno blanco de 6%. De forma similar, una mujer negra tiene una probabilidad de estar confinada alguna vez en su vida 2.5 veces más alta que una blanca, mientras que para una latina esta probabilidad es 1.4 veces más alta que para una blanca. En cualquier momento dado, 2/3 de la población confinada por crímenes de drogas pertenece a alguna de las llamadas minorías raciales. La gran mayoría de las personas confinadas por crímenes de drogas representa apenas los más bajos eslabones en la cadena del negocio de las drogas y no son grandes narcotraficantes como tal ni tienen previas ofensas violentas.

Por si todo esto fuera poco, muchos de los estados de los Estados Unidos prolongan el castigo mucho después del confinamiento. Es comúnmente sabido que una ex confinada o un ex confinado va a tener una dificultad considerable consiguiendo empleo después de haber cumplido su sentencia, sobre todo en lugares como Puerto Rico, donde la gran mayoría de empleadores potenciales solicita que todo y toda solicitante entregue un récord criminal para ser considerado o considerada para un empleo. Sin embargo, en Estados Unidos existe otro castigo que perdura más allá de las rejas: algunos estados destituyen de su derecho al voto a toda persona que haya cumplido sentencia por un delito grave. Esta política se traduce a 5.85 millones de personas que no pueden votar actualmente a nivel nacional, con 1 de cada 13 personas negras habiendo perdido su derecho al voto.

En solo dos estados (Maryland y Vermont) esta política no se implementa e inclusive las personas convictas de un delito mayor pueden votar aun durante su confinamiento. En la mayoría de los casos donde esta política sí se implementa, el o la ex confinada puede solicitar, ante el gobernador o una junta de clemencia, la restauración de su derecho al voto una vez cumplida su sentencia. En algunos estados existe un período de espera, comúnmente de cinco años, que debe transcurrir antes de que pueda llevarse a cabo tal restauración. Y por otro lado, en otros estados aún más punitivos, esta restauración nunca puede realizarse. La teórica política Katherine Irene Pettus arguye que la política de privación del derecho al voto crea un subgrupo de personas que, desprovistas de su voz electoral, sostienen un estatus de esclavas y dejan de ser ciudadanas en el sentido pleno de la palabra.

Esta política tiene repercusiones serias en el mapa electoral, lo cual conlleva a pensar que sus consecuencias no son ninguna casualidad sino más bien efectos centrales para una táctica políticamente motivada e impulsada mayormente por el partido republicano. Florida es el estado donde más se observan los efectos de la privación del derecho al voto de las llamadas minorías raciales. De los 5.85 millones de personas que han perdido su derecho al voto debido a sentencias por delitos mayores en los Estados Unidos, 1.54 millones son electores floridanos, de los cuales 520,000 son negros. Mientras que el 16.5% de las y los residentes de Florida son negras y negros, 31.5% de su población confinada es negra, lo cual resulta en la pérdida de este derecho para 1 de 4 personas negras en edad electoral en Florida. Es más, Howard Simon, director ejecutivo de la ACLU en Florida, explica que esta política fue implementada en 1868 precisamente para suprimir el voto negro en ese estado, y las elecciones presidenciales de 2000, que fueron decididas por 537 votos floridanos, demuestran que más de un siglo después esta política continúa teniendo el mismo efecto.

La buena noticia es que desde 1997, 23 estados han implementado reformas, modificando esta política tan deshumanizante y expandiendo la elegibilidad de los y las votantes. Muchas de estas reformas son tímidas y no representan más que un primer paso hacia una política más justa pero es importante que se hayan llevado a cabo, ya que han significado la restauración del derecho al voto para miles de personas. A pesar de los efectos clasistas y racistas de la privación del derecho al voto, aún hay quienes argumentan que tiene sentido continuar esta práctica, basándose en que toda persona que haya cometido un delito grave ha violado el contrato cívico que hace posible una democracia liberal. Sin embargo, el derecho al voto es central para una sociedad basada en la democracia, ya sea ésta representativa o, mejor aún, participativa. En una sociedad con disparidades económicas y desigualdades de poder tan marcadas como la estadounidense, es crucial que toda persona pueda ejercer su derecho al voto, ya se encuentre ésta confinada o no.

Debido a su estatus como colonia de los Estados Unidos, Puerto Rico también ha adoptado prácticas de encarcelación masiva, alcanzando una de las tasas de confinamiento más altas en toda América Latina. Es en parte por el injusto sistema punitivo que responde a complejas desigualdades e inequidades que Descriminalización.org hace un llamado a resistir juicios apresurados en cuanto a la continuación de la criminalización tanto de las y los usuarios de sustancias como de las personas que trabajan a los niveles bajos del negocio de las drogas. Un asunto complejo, con matices tan marcados y tajantes de clase social y raza, amerita una atención pausada y una transformación social que ofrezca oportunidades justas más allá de un sistema punitivo, altamente basado en la desastrosa “Guerra contra las Drogas” que Puerto Rico sufre tan directamente y que ha comprobado ser tan fallida como injusta.