El prohibicionismo y la ineficacia respecto a las drogas

Por: José A. Hernández Rodríguez / Para Proyecto DTM

Allá por la década de los 90 en un Puerto Rico influenciado por el machismo, la salsa, Rosselló ganando las elecciones, las políticas de mano dura contra el crimen y una economía estancada se escuchaba una canción llamada Explosión del rapero Vico C que decía:

“Hoy vienes a decirme que te sientes bien, que ya no eres fiel a la heroína. Pero te vez delgado y confundido, pidiendo dinero por cada esquina. Yo no pretendo darte un largo sermón…no, no, no, no, no de que me valdría si de ti depende, oye mulato reacciona y busca de Dios…”

Estos versos muestran la realidad del modelo del prohibicionismo en Puerto Rico donde el usuario de sustancias las consume porque quiere y es una cuestión simple, las drogas son malas y tú tienes que decidir parar.

El modelo prohibicionista está muy palpable en dos asuntos de prioridad en Puerto Rico, y es en el ámbito legal y médico. Podemos plantear el modelo del prohibicionismo como un modelo que “concentra su agenda en la limitación al acceso y al uso de drogas enfocándose en el suplidor y en la implantación de medidas de control de oferta.” (Albizu & Negrón & González & Santiago, 2006). De esta forma se obvia completamente la parte médica del asunto y lo que es realmente tener un trastorno de uso de sustancias, debido a que se define el uso de sustancias como un simple crimen realizado por el individuo.

La ilegalidad de las drogas ha tenido como consecuencia la reproducción de sistemas que manejan la producción y transportación de dichas sustancias y consigo una buena tasa de criminalidad. Por esto razón la Dr. Gisela Negrón apunta a que países como Puerto Rico y Estados Unidos ¨…han definido el problema de drogas ilegales como un problema criminal.¨ Negrón, 1997). El asunto que sea manejado como un problema criminal es que excluye la multiplicidad de factores que pueden afectar al uso de estas sustancias ilegales.

Bajo el paradigma del prohibicionismo en Puerto Rico se crearon unas políticas llamadas “Mano dura contra el crimen” que básicamente eran la fuerza e inversión de recursos del estado para combatir la “guerra” contra las drogas. Pero es evidente, más de dos décadas después, que esta alternativa lo único que logró fue un incremento en la tasa de criminalidad y a la violación de los derechos humanos.

Hago referencia al aspecto médico pero tampoco se puede limitar el trastorno de uso de sustancias a lo médico pues es una cuestión multifactorial. Los programas de prevención y rehabilitación que hay en Puerto Rico parecen no conocer ese detalle y todavía en el año 2017 hay programas como el más conocido CREA que sus prácticas no están tan siquiera basadas en la ciencia. Esto debido a que “continuarán brindando sus servicios comunitarios, según su práctica histórica, tradicional y ordinaria”, (Artículo 13.02 de la Ley 408 según enmendada en 2008). Es decir, por ley estos programas tienen la capacidad para continuar con sus prácticas coherentes y poco efectivas aunque:

“El consenso entre la comunidad médica, científica y de trabajadores de derechos humanos a nivel internacional indica que el tratamiento para el uso problemático de sustancias psicoactivas debe ser de carácter psicosocial y apoyado por farmacológico apropiado para el tipo de sustancia y nivel de dependencia de cada individuo.” (Intercambios Puerto Rico, 2015).

Es decir, que aun teniendo la información, la universidad como espacio para producir conocimiento del tema y ya unos principios establecidos a nivel internacional seguimos utilizando las prácticas que no tienen evidencia que valide su eficacia más allá de la pura especulación del que las pone en práctica.

Tenemos un país con la información tan accesible que es hora de repensar estas políticas y apuntar por darle un enfoque salubrista a este asunto que tantas vidas está cobrando. Desde la guerra entre los mismos que producen y venden la droga hasta el chamaquito que no puede estudiar porque lo cogieron comprándose un “diego de marihuana”. Es hora de comenzar a aceptar que el trastorno por uso problemático de sustancias es una condición que tiene una metodología para ser tratada y unas consecuencias que validadas por la ciencia pueden reducir el uso y estabilizar la salud del individuo.