Prohibirán el uso de anabólicos en empleados de agencias de seguridad

La Cámara de Representantes aprobó el pasado jueves una medida que enmienda la “Ley de Pruebas para la Detección de Sustancias Controladas en el Sector Público”, con la intención de otorgarle potestad los jefes de agencia o/y a los programas de seguridad pública prohibir que el personal utilice anabólicos.

El Proyecto de la Cámara 1871, de la autoría del presidente del cuerpo Carlos “Johnny” Méndez Núñez, junto a los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló y Jorge Navarro Suárez, tiene como objetivo cumplir con las exigencias del acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia Federal en el 2013, bajo el cual se busca realizar una reforma dentro del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

“Mediante esta legislación se establece la política pública para que se someta al personal del NPPR y de otras agencias encargadas de brindar seguridad a pruebas de laboratorio para detectar si han utilizado estas sustancias. Las pruebas se podrán realizar tanto al momento del reclutamiento, como durante el servicio, cuando exista la sospecha razonable individualizada, de que el funcionario pueda estar usando este tipo de sustancia, que produce cambios súbitos de conducta, con tendencia hacia la agresividad e incidentes en uso de fuerza”, señala la media.

En otras ciudades como  en el Departamento de la Policía de Nueva York los agentes del orden público son sometidos a dicha prueba cuando existen razones para creer que el mismo está haciendo uso de esteroides.

En Puerto Rico, el Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico prohíbe que los oficiales utilicen drogas o estimulantes. No obstante, las pruebas que realiza dicho Negociado no hace extensiva la detección de anabólicos a los agentes del orden público. Esto debido a que sólo se identifican en las pruebas para detectar sustancias controladas las comprendidas en las Clasificaciones I y II de la Ley de Sustancias Controladas y en las mismas no están comprendidos los anabólicos-androgénicos.

Aunque entendemos como muy prudente realizar estas pruebas al personal del orden público, nos preocupa que se siga creando medidas que se quedan en el papel y dentro de la policía no se perciben los cambios.

No podemos ignorar que en recientes auditorías de la Contraloría de Puerto Rico reveló que entre el 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2016 no se realizaron las pruebas de sustancias controladas anuales a todos los funcionarios y empleados de la Policía, como según dispone el Reglamento 6403 del 2002, sino apenas al 12% del personal. De igual modo, preocupa que tampoco se realizaron las evaluaciones psicológicas al personal de rango y clasificado de la Uniformada dentro de un periodo de tres años como según dispone la Ley 53-1996.