Proyecto ofrecería ‘desvío terapéutico’ a adictos que cometen ciertos delitos

Pareciera que a los políticos fundamentalistas el Partido Nuevo Progresista les encomendaron presentar proyectos para reformar las políticas de drogas que tanto torpedeaban en los pasados meses. Y es que los representantes del Partido Nuevo Progresista José “Quiquito” Meléndez y María Milagros Charbonier radicaron una medida legislativa dirigida a implantar alternativas de ‘desvío terapéutico’ en pacientes con trastornos de adicción que enfrenten acusaciones ante los tribunales por delitos que no presenten violencia contra la integridad física de una persona.

Con el Proyecto de la Cámara 1219 se le permitiría al imputado, una vez se determine por las autoridades que sufre de un trastorno relacionado al uso de sustancias controladas, sea dirigido a un programa de desvío en vez de pasar por un proceso judicial que no sólo probablemente lo llevará a la cárcel sin atender la verdadera raíz del problema, sino que además le representará al Estado la inversión de miles de dólares.

Las estadísticas del Departamento de Corrección y Rehabilitación señalan que casi el 69% de la población penal tenía problemas de adicción antes de entrar al sistema y que casi el 41% de esta población, actualmente, tiene problemas de adicción a sustancias controladas.

Según la medida presentada, “es momento de identificar delitos que de ordinario un adicto comete, no con intención criminal causar un daño sino aquellos delitos que se cometen solo por el deseo de satisfacer su adicción, entre estos podemos mencionar, la apropiación ilegal, el escalamiento simple, también podríamos incluir delitos contra la propiedad vehicular”.

“El enfoque principal de esta ley es terapéutico para darle las herramientas a estas personas para que no puedan hacer lo que hizo. Pero si habrá espacio para la víctima para que se le dé participación y el proceso sea lo más justo posible”, señaló Meléndez.

“Esta persona no nos sirve preso. De hecho, es un gasto extraordinario al estado y nosotros debemos enfocarnos en esa parte”, expresó por su parte la representante Charbonier Laureano.

La medida establecería una nueva regla de procedimiento criminal, que sería la regla 247.2, para establecer el listado de los delitos a los que le aplicaría el desvío mandatorio. Los representantes indicaron que la medida no les aplicaría a casos, por ejemplo, de carjacking, asesinato o tentativa de asesinato, así como tampoco aquellos de distribución de sustancias controladas, entre otros.

Los legisladores explicaron que la solicitud para ingresar al programa se haría durante el procedimiento de Regla 6. La determinación final caería sobre un panel interdisciplinario creado por la Ley de Salud Mental de Puerto Rico. El tiempo de rehabilitación tendría un término máximo de dos años.

“Si esa persona accede a firmar ese convenio con el gobierno de Puerto Rico y con el tribunal, se va a detener el procedimiento ordinario de derecho criminal y se refiere a esa persona a un centro para poderle dar curso a la recomendación que hace el panel interdisciplinario”, abundó el legislador a El Nuevo Día.

“Vamos a cambiar el enfoque y vamos a hacer un enfoque humanista, vamos a buscar la manera de proteger esta persona y que no vuelva a robar, causar daño o hacer algún tipo de fechoría”, señaló al agregar que el tratamiento recaería en manos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción o a través de algunos de sus proveedores.

Charbonier, por su parte, dijo que la medida es parte de una serie de proyectos que se estarán mirando en la Comisión de lo Jurídico con el propósito de establecer un enfoque salubrista a nivel gubernamental. “Lo que nosotros nos estamos imponiendo es una disciplina de tratar toda esta legislación, relacionada con relación a la ley de Sustancias Controladas, no cuando está la crisis o el problema, sino enfocarnos en la prevención”, señaló Charbonier.

Aunque esta medida la podríamos ver como un gran paso en las reformas a las políticas de drogas, no deja de preocupar la falta de servicios y de alternativas de tratamiento. Un problema que le brinda continuidad a centros de TRATAmiento privados que siguen manteniendo un carácter sumamente restrictivo y brindado servicios no basados en la ciencia ni en los derechos humanos del paciente.

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