Puerto Rico necesita más salud pública y menos justicia criminal

El modelo prohibicionista tiene mucha más prioridad que el modelo salubrista en cuanto a trabajar con el problema de las drogas. Esto sin embargo a que existe una gran brecha entre los objetivos establecidos de la “guerra contra las drogas” y sus resultados. A pesar del conocimiento sobre el gran fracaso del paradigma prohibicionista, este modelo o manera de percibir la realidad ha estado establecida desde el siglo diecinueve. El hecho de que medidas punitivas y moralistas han sido parte de nuestro diario vivir desde hace casi 200 años dificulta el que la sociedad tome en consideración otros tipos de medidas para trabajar con el fenómeno, como lo son las medidas de salud pública.

Al contar con un paradigma prohibicionista no se le brindan recursos y fondos económicos a programas de tratamiento ya existentes que puedan intervenir con las personas que están en riesgo de vida. “A pesar del costo humano y social que genera la política prohibicionista, los intentos dirigidos a reformar la política pública de Puerto Rico se han visto frustrados por el privilegio otorgado por todas las administraciones gubernamentales…que abogan por un enfoque centrado casi exclusivamente en estrategias de justicia criminal” (Albizu et al, p.1074). En otras palabras, para el fortalecimiento de la aplicación de la ley no es prioridad tomar en consideración los efectos socio-económicos que pudiesen ocurrir.

Hasta el presente hemos sido sometidos a la legislación de la metrópoli como parte de nuestra realidad colonial. Esto no excluye las políticas públicas para combatir el extenso tráfico de las drogas ilícitas. Desde la década de los setenta se han ido creando diversas medidas internacionales de control del narcotráfico encabezada por los Estados Unidos. Dichos planes de acción tomada están enmarcados en un paradigma prohibicionista de índole legal y de castigo donde le atribuye al consumo la volición del ser humano.

“El objetivo fundamental de la política antidrogas internacional es reducir la oferta de sustancias ilícitas. La teoría tras esta estrategia es que la reducción en la oferta resultaría en el incremento de los precios y la concomitante reducción en la demanda para los productos, dado que sería menor la cantidad de personas que pueden o quieren pagar los costos para consumirlos” (Youngers, p. 413). Como se puede observar, dichas medidas fueron establecidas para combatir la producción, el tráfico y el consumo de las drogas a través del hemisferio limitando el acceso al suplidor y criminalizando el uso.

No obstante, según la noticia “DEA alerta sobre droga más potente que la heroína en PR” publicada en el diario Metro Puerto Rico el pasado 28 de febrero de 2017, la muerte por sobredosis en la isla ha aumentado de manera drástica. De igual forma, cada vez se encuentran cargamentos con mayores cantidades de drogas ilícitas e índices de éstas circulando en las calles del país. Esto hace evidente que las medidas de implementación de leyes duras, fuerzas militares y de armas, actos punitivos, condenas obligatorias, entre otras, del modelo prohibicionista no han logrado un impacto significativo en el control del narcotráfico.

Según expresó el jefe de la DEA para Puerto Rico y el Caribe, Matthew Donahue, “la DEA incautó sobre 63,934 libras de cocaína en Puerto Rico y el Caribe…las autoridades locales y federales han ocupado tres grandes cargamentos del polvo, uno de 24 fardos…otro de 2,000 libras valorada en $30 millones y otro de 92,594 libras estimado en $125 millones” (Metro, 2017). La noticia de Metro destaca que el exceso de la cocaína en la isla ha provocado un descenso en su precio ocasionado que más personas la consuman. Esto demuestra que la política antidroga no ha podido cumplir con su estrategia de reducir la oferta para que los precios de las sustancias se eleven a un nivel que la demanda baje.

“Los datos científicos han evidenciado que la adicción es una enfermedad crónica, progresiva y recurrente del cerebro” (Negrón, Figueroa & González, 2008). Por dicha razón, las medidas punitivas y moralistas prohibicionistas nunca van a poder tener el resultado deseado de combatir con el consumo de drogas. No importa cuántas condenas impongan o cuanta fuerza de ley y orden establezcan, siempre van a existir personas con problemas de adicción si no se atiende la problemática desde otro enfoque, en este caso un enfoque de salud pública.

Gracias a los hallazgos de la neurociencia se puede ofrecer un mejor tratamiento, uno realmente efectivo, que combata con las adicciones de las personas. Dentro de este marco es evidente la necesidad de buscar modelos no punitivos para tratar el problema de drogas en Puerto Rico. Por dicha razón, es imprescindible establecer otros tipos de medidas para atender los trastornos de substancias que sean de índole salubrista ya que dicho modelo reconoce el uso problemático de las drogas en Puerto Rico, al igual que en el resto del mundo, como un problema de salud pública y no uno de justicia criminal. Hay que buscar una manera realmente efectiva de poder asistir a personas que padecen de adicción y que están en riesgo de consumir excesivas cantidades de narcóticos que le puedan causar graves daños en su sistema o hasta provocar la muerte.

Basado en el paradigma salubrista, debe crearse una ley que perciba la adicción como un asunto de salud colectiva el cual debe ser atendido a través de estrategias de prevención, de reducción de daños y de tratamiento. Dicha ley debe a la vez reconocer la sobredosis como un problema de salud prevenible y al adicto como un enfermo por lo que entendería que el uso desmedido de substancias controladas por parte de las personas no es por voluntad sino por necesidad. Tampoco buscará culpabilizar a las personas usuarias de drogas sino todo lo contrario. Ayudaría a las personas en emergencias médicas a tener protección legal con el fin de incentivarlas a buscar ayuda profesional sin temor de ser acusadas criminalmente por poseer sustancias controladas.

Asimismo, garantizaría que tratamientos ya existentes, como lo son los de metadona, Buprenorfina y el uso de la naloxona, estén disponibles en todo momento a través de toda la isla. Esto con el propósito de brindarle al usuario la oportunidad de empezar tratamiento en el momento que lo necesite y con mejor acceso. De igual forma, la ley deberá asegurar que los programas que ofrecen tratamientos brinden planes de servicios individualizados, ya que no existe tratamiento único que trabaje por igual con toda la población, y que estos sean evaluados y modificados cada cierto tiempo. Además hacer compulsorio el que los centros de tratamiento ofrezcan servicios legales de orientación y de salud mental.

Por: Genoveva J.S. / Proyecto: “Descriminaliza tu mente”.

Bibliografía:

Albizu-García, C., Negrón Velázquez, G., González, A., & Santiago-Negrón, S. (2006). Reconsiderando la política de las drogas: Alterativas para Puerto Rico desde un modelo de salud pública. Revista Jurídica UPR, 75:4, p.1074.

Melo, J. C. (2017). DEA alerta sobre droga más potente que la heroína en PR. Metro Puerto Rico. Recuperado de https://www.metro.pr/pr/noticias/2017/02/28/dea-alerta-droga-mas-potente-heroina-pr.html

Negrón Velázquez G., Figueroa, A., & González, A. (2008). Programa de Tratamiento Agonista Opiáceos en una Prisión en Puerto Rico & Necesidades de las Familias de los Confinados. Análisis. (75(4), 1071-1106.

Youngers, C. (2005). Los daños colaterales de la “guerra contra las drogas” impulsada por Estados Unidos: Conclusiones y recomendaciones. Drogas y democracia en América Latina: El impacto de la política de Estados Unidos.

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