Radican proyectos para descriminalizar la posesión de sustancias controladas

El senador José Vargas Vidot junto con el senador del Partido Popular Democrático, Miguel Pereira, presentaron dos nuevos proyectos de ley que atienden la posesión de sustancias controladas para consumo personal; un cambio en la Ley que data desde el año 1971. Además, radicaron otro proyecto para el análisis de los usos y abusos de drogas en Puerto Rico.

La medida, Proyecto del Senado 912, sugiere despenalizar todas las sustancias controladas con el propósito de dirigir los esfuerzos en un sistema de salud holística que incluya la rehabilitación desde un enfoque compasivo y humano, y no imperecedero ante acciones punitivas que atentan y degradan el proceso rehabilitador. En efecto, la pieza legislativa se enfoca en romper con el paradigma de la política pública de encarcelar a toda persona que utiliza sustancias controladas, adjudicando penalidades severas, como también, multas, sin distinguir cantidades o si es, o no es la primera ofensa cometida por el individuo.

La propuesta que expresan ambos senadores es cónsona con las recomendaciones de las principales organizaciones internacionales, como: Organización de Estados Americanos y Organización Mundial de la Salud. Sendas entidades durante los pasados años, han sugerido que se rescinda de las medidas punitivas al presente contra el adicto de drogas y se dirijan los esfuerzos en proveer mayores alternativas de tratamiento desde un enfoque salubrista y social.

De igual manera, el cambio del marco legal en la ley vigente, permitirá concentrar los esfuerzos en mejores estrategias para atacar la epidemia del narcotráfico, reforzando la seguridad pública y en la inversión de los recursos asignados al Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico. Ciertamente, el asunto de la despenalización de la posesión de sustancias controladas es una novedosa, siendo vinculada con el Artículo 404 del código penal. Hoy día, esta Ley es poco vigente; pues, encarcela a miles de puertorriqueños que no cometieron crímenes violentos.

De igual modo, la Ley mantendría las penalidades referentes a la fabricación, distribución y trasiego de sustancias controladas. Asimismo, preservan aquellas penas que atentan contra la vida humana basadas en hechos violentos, como los evidenciados en las actividades del narcotráfico.

El perfil de la población confinada del 2015, demostró un ascenso significativo a 12,381 confinados. El 16.9 % cumplió sentencias por delitos contra la Ley de Sustancias Controladas, convirtiéndose (desde ese momento) en la tercera causa de encarcelamiento en Puerto Rico. Un dato curiosos es que el 33.98 % de los confinados que indicaron no tener problemas de adicción a drogas, recibieron tratamiento contra la adicción al acceder a sustancias dentro de las instituciones carcelarias del país. El disloque de estas acciones lleva a políticas públicas inmovilistas que incurren en $28,000 anuales en gastos al estado para encarcelar a una persona adicta y que está sumergida en una vorágine de problemas que inciden con la salud mental.

En la fracasada guerra de las drogas, de la década de los ’70, desencadenó una estigmatización de cientos de personas que tuvieron uso de sustancias, encarcelándolas y glorificando su consumo dentro de las cárceles. Ante esa realidad, otros países se movieron hacia nuevas políticas públicas relacionadas con el consumo de las mismas, a un enfoque más reformador sin criminalizar el contexto humano. Ambos legisladores coinciden en tomar acciones rehabilitadoras y eso, requiere de acciones legislativas de avanzada, y un sistema de salud integral que ataque el problema de raíz.

Luego de décadas de un enfoque punitivo, el Estado no ha podido lograr prohibir esta conducta con la amenaza de encarcelamiento. Por tal razón, el gobierno ha subestimado la necesidad de allegar recursos para reforzar los servicios de salud mental y contra la adicción. El gasto de encarcelar a una persona enferma, supera grandemente la inversión que sería necesaria para proveer servicios de salud, rehabilitación y recuperación adecuadas para su realidad social y convivencia en la libre comunidad. El disloque del gasto y la asignación de recursos es tan evidente como este ejemplo: Departamento de Corrección: $376 millones vs. ASSMCA: $129 millones.

El cambio de la ecuación en la inversión pública redundará también en la disponibilidad de mayores recursos educativos y de apoderamiento social que pueden redirigirse al resto de la población que lo necesita.

Proponen crear “Observatorio de Uso y Abuso de Sustancias”

De igual forma, como parte de esta iniciativa para transformar la política pública del País en atención a la problemática de las drogas, se propone también realizar un proceso de análisis legislativo en torno a las funciones actuales del “Observatorio de Uso y Abuso de Substancias de Puerto Rico” adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). El Observatorio de Abuso de Substancias de Puerto Rico es un programa auspiciado por el gobierno federal para el establecimiento de un Centro de Vigilancia Epidemiológica de tabaco, alcohol, y otras drogas. Según la información disponible, este observatorio maneja principalmente una colección de datos epidemiológicos sobre el uso y abuso de substancias en Puerto Rico designado como “Consulta Juvenil”.

Entendiendo que este tipo de “Consulta” podría resultar insuficiente como ejercicio de compilación de información y datos estadísticos, la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto Rico realizará un análisis de la necesidad y viabilidad de reconfigurar este programa para establecer un “Observatorio de Drogas” como entidad multidisciplinaria con la función de compilar, integrar, analizar y divulgar información actualizada sobre el consumo y trasiego de drogas en Puerto Rico y los delitos relacionados de manera que permita una mejor comprensión de este fenómeno social y contribuya a la formulación e implantación de políticas, toma de decisiones, diseño y evaluación de programas y proyectos.

En la agenda para reformular la política pública resulta vital construir un sistema de información e indicadores que permita medir con objetividad esta problemática de manera confiable y sistemática. Un diagnóstico acertado sobre la base de información confiable y de la interpretación de esos datos permite diseñar una estrategia coherente y de impacto efectivo. Varios países como Colombia, Argentina, España y organizaciones internacionales han desarrollado Observatorios de Drogas como herramientas para el desarrollo de su política pública.

“Andamos repitiendo los mismos errores sin reconocer la imperiosa necesidad de cambiar todo el paradigma que cobija una ley de sustancias que se ha convertido en una puerta giratoria que no resuelve nada y que, por el contrario, encarcela sin objetivo restaurador; promueve la marginación y nos lleva, de forma perversa a creer, a pesar de su ineficacia, que arrestando gente, sin importancia capital a los esquemas de tráfico de drogas, llegaremos a resolver algo”, puntualizó el senador Vargas Vidot en relación al Observatorio de Drogas y subsiguientemente, al proyecto de despenalización.

“Se trata de la epidemia invisible del fenómeno social que más impacto ha tenido en nuestra vida de pueblo. Se trata de una condición que solo, es evidente en su forma más grave, porque no hemos diseñado e implementado jamás una vigilancia longitudinaria que nos ayude a establecer los factores que inciden sobre ella; ni anticipar las consecuencias. Sin un observatorio de uso y abuso de sustancias, estamos dando palos a ciegas”.

De igual manera, andamos repitiendo los mismos errores sin reconocer la imperiosa necesidad de cambiar todo el paradigma que cobija una ley de sustancias que se ha convertido en una puerta giratoria que no resuelve nada y que, por el contrario, encarcela sin objetivo restaurador; promueve la marginación y nos lleva, de forma perversa a creer, a pesar de su ineficacia, que arrestando gente, sin importancia capital a los esquemas de tráfico de drogas, llegaremos a resolver algo”, puntualizó el senador Vargas Vidot en relación al Observatorio de Drogas y subsiguientemente, al proyecto de despenalización.

“Insistimos en que esta problemática debe contemplarse desde una perspectiva salubrista en cuidado de las personas que sufren adicción, y por otro lado, concentrar los recursos de las fuerzas de ley y orden en reducir las actividades de narcotráfico. Es momento de enfrentar la evidencia en torno al problema de drogas en la isla tanto en las estadísticas de consumo como en la actividad criminal relacionada. La política punitiva que hemos implementado durante décadas y el encarcelamiento de personas adictas no ha ayudado a reducir el problema, sino que ha recrudecido las consecuencias sociales y económicas de esta epidemia,” reiteró el senador Pereira.