Recomiendan reducir condenas y ‘despenalizar’ cinco gramos de cannabis

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes recomendó la aprobación de P. de la C. 654, el cual alega buscar “ajustar las penas” a imponerse con respecto a la posesión de cannabis para supuestamente “pasar de un método estrictamente punitivo a uno salubrista”.

Mediante un comunicado de prensa la Comisión expresó que el objetivo principal de la medida “es atacar los efectos nefastos de la sustancia a los ciudadanos usando métodos salubristas y proveyéndole a los tribunales mecanismos de desvíos médicos para atender la adicción y el uso de drogas sin despenalizarla”.  En febrero y marzo la Comisión llevó a cabo tres vistas públicas a la comparecieron un variado y nutrido grupo de organizaciones con experiencia amplia en la penalización y trato de la adicción a sustancias controladas. Las entidades manifestaron su apoyo a la medida, destacando que supuestamente es un “avance positivo en la transición de un tratamiento pura y altamente punitivo, a uno más razonable y salubrista.”

La medida enmendaría el Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, conocida como la “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, para establecer penas menores a las personas con un supuesto “problema de dependencia a las sustancias controladas enfatizando en tratamiento salubrista y atender el problema de congestión carcelaria”.

Bajo la medida, el Tribunal podrá suspender la sentencia y someter a personas en posesión de alguna sustancia controlada a libertad a prueba, sin hacer pronunciamiento de culpabilidad y con el consentimiento de la persona.  El Tribunal también podrá ordenar, a solicitud de la persona, a que la misma se someta a una evaluación biopsicosocial realizada por un proveedor de servicios autorizado por ASSMCA y rendir un informe al Tribunal dentro de los 30 días siguientes a la orden.

La pena actual es de reclusión por un periodo fijo de 3 años y una pena de multa de no más de $5,000 sujeto a la discreción del Tribunal.

La medida propone que las penas del Artículo 404 de la Ley Sustancias Controladas se reducirían de tres años de cárcel a un año y seis meses. De mediar circunstancias agravantes podría aumentar a dos años de presión, de igual modo, con circunstancias atenuantes bajaría a un año de prisión. El castigo podría incluir multas de hasta 5 mil dólares. Asimismo, las penas de cinco años por mediar circunstancias agravantes se reducirían a dos años de prisión. Y por convicciones previas, la pena que establecía seis años de prisión se reducirían a tres años.

No obstante, se enmendó la versión original del Proyecto 654 en cuanto a la cantidad ahora se establece que en los casos que la posesión de cannabis no exceda de cinco gramos no se aplicarán penas de reclusión. En un principio tan solo eran dos gramos. Asimismo se enmendaron las condenas y multas del proyecto original, ahora se propone que someterán una serie de multas: la primera ocasión se multará con $250 y 10 días de servicios comunitarios, por la segunda ocasión $500 dólares y 30 días de trabajo comunitario y ya en una tercera ocasión y subsiguientes se procesaría por un delito grave y tendría que cumplir con algún programa de tratamiento a drogas reconocido por ASSMCA de un año como mínimo o 18 meses con máximo. Más de seis gramos de cannabis no podrá acogerse a las reformas establecidas.

Asimismo, también se enmendó para quienes iban a ser destinados el recaudado por el pago de multas y de aranceles. Ahora se recomienda crear una cuenta especial para la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción que dividirá los fondos en un: 30% creación de nuevos centros de programas 
de servicios de rehabilitación; cambió de 1% a 20% los que serán destinados para entidades sin fines de lucro que se dedican a dar servicios de rehabilitación; 20% para el Departamento de Educación desarrolle y ofrezca programas vocacionales a participantes médico-indigentes residentes en los centros de rehabilitación públicos como privados ‘sin fines de lucro’; 20% será destinado al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y ya no al Sistema de la UPR, para que desarrollen programas de investigaciones clínicas para la dependencia de sustancias controladas; el restante 10% será utilizado por ASSMCA para servicios administrativos.

Según la representante María Milagros Charbonier, “los hechos y estudios médicos y salubristas concluyen que la marihuana tiene efectos dañinos a la salud y la sociedad.  Esta medida representa una movida responsable para atender el uso de la droga desde un punto de vista salubrista sin enviar el mensaje erróneo de que la marihuana no hace daño.  Entendemos que la medida atempera nuestras leyes a las tendencias actuales del tratamiento y penalización del uso de sustancias controladas y confiamos en que redunde en mayores beneficios a nuestras comunidades y sociedad”, alegó la representante fundamentalista.

Quizás valdría la pena aclarar que Intercambios Puerto Rico participó de las vistas públicas y le reclamó que, cualquier reforma que sigua incluyendo enfoques punitivos, con multas y penas carcelarias se aleja de las recomendaciones salubristas de instituciones como la Organización Mundial de la Salud o la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Aunque apoyamos la legalización, la regulación responsable del cannabis y que nadie vaya preso por el uso de sustancias ilícitas, nos preocupa el carácter punitivo, el lenguaje estigmatizado y repleto de información carente de evidencia científica del Proyecto de la Cámara 654.

Las medidas propuestas no van a la par a los transformaciones y demandas que viven otros estados y territorios de los Estados Unidos. Aunque algunos podemos percibir como un avance, una medida que favorezca que cinco gramos de cannabis no conlleve pena carcelaria, entendemos que esta medida mantiene un carácter sumamente restrictivo y que está más pendiente a criminalizar, otorgar multas y establecer tratamientos obligatorios con castigos de trabajos forzosos para personas cuyo supuesto delito es poseer marihuana, una sustancia menos peligrosa que el alcohol que ya está regulado por el estado.

Una medida como la presentada en el Proyecto de la Cámara 654 más bien sirve de pantomima para decir que están trabajando con el tema de una manera ‘salubrista’ cuando realmente mantiene el mismo carácter punitivo con todo un andamiaje a favor de supuestos programas de tratamiento para usuarios de cannabis.

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