Regulemos el consumo de marihuana y garanticemos la educación pública

Aunque exista un cambio poblacional que puede justificar el cierre de algunas escuelas, esta acción para economizar dinero podría aumentar las altas tasas de deserción escolar en Puerto Rico. Se estima que para el año 2011 la deserción escolar fluctuaba en un 28.9%, cabe recalcar que el porcentaje de deserción escolar en Puerto Rico es dos veces el nivel de deserción escolar de Estados Unidos. Estos números contrastan con informes que señalan que la mayoría de las personas que se encuentran en instituciones carcelarias o en programas de rehabilitación, abandonaron la escuela en algún momento durante su adolescencia.

El Departamento de Educación cerró casi 100 escuelas, aunque se proyecta que sean unas 300 escuelas, tan pronto como en los próximos años escolares en Puerto Rico. Esto debido a los altos costos de mantenimiento y la baja poblacional en edad escolar. Dicho recorte generaría en seis años cerca de $249 millones en economías para el DE. El informe programa que para el año 2020 el total de escuelas cerradas ascendería a 580 de los 1,388 planteles existentes. Asimismo, sigue poniéndosela difícil al magisterio, eliminando derechos laborales, y amenaza con privatizar las escuelas. 

En repetidas ocasiones expertos en las ciencias sociales señalan que la violencia, el uso problemático de sustancias y la deserción escolar son los tres problemas asociados a la salud mental que más afectan a los puertorriqueños. Estos problemas se correlacionan poniendo a nuestra juventud con mayor probabilidad de adoptar conductas de alto riesgo. Por lo que un cierre de escuelas podrían traer altos costos sociales que desarrolle mayor tasa de deserción, desempleo, violencia y delitos.

Pero porque no mejor seguir la filosofía de Pitágoras que tanto escriben en paredes de las escuelas, educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres, y poner los recursos en mejorar el sistema escolar buscando retener a los estudiantes en el sistema. En tiempos de crisis económica, dejemos de derrochar sumas billonarias del erario público en una “guerra contra las drogas” que no ha bajado los índices de criminalidad y nos tiene gastando nuestros limitados recursos en cárceles, procesos judiciales y en sistemas punitivos que se llevan la mayor tajada del fisco.

En las pasadas elecciones, el estado de California que también se enfrenta al cierre de las escuelas llevó a referéndum la “Proposición 47” convirtiendo varios delitos en ofensas menos graves. Por lo que los residentes de California optaron por invertir ese dinero en escuelas y cambiar las políticas punitivas contra las drogas y otros delitos relacionados, por faltas menores o delitos menos graves.

De igual forma, ya que un momento el gobernador llegó hablar de hacer un referéndum para reformar las leyes de marihuana en Puerto Rico, se debe fomentar que las ganancias de no castigar y una posible regulación del mercado podría generar el dinero suficiente que ayude con retos sociales como el cierre de las escuelas. En los estados que se ha regulado la venta de marihuana, los dispensarios y los productos para desarrollar el auto cultivo, paga una cantidad de impuestos que gran parte es canalizado al sistema de enseñanza. Por ejemplo en Colorado el mercado generó $700 millones de dólares el año pasado, el estado se queda con más 75 millones en ingresos fiscales y cuotas. Parte de este dinero, más de 15 millones, el estado lo justifica específicamente para el mantenimiento y construcción de nuevas escuelas públicas. ¿Por qué no hacer lo mismo en Puerto Rico?

Utilizando estudios del Colorado Futures Center, de la Universidad de Colorado, el economista Lerroy López estimó que en Puerto Rico hay cerca de medio millón de usuarios de marihuana, generando un consumo anual valorado en $409 millones en el mercado ilegal, que de imponérsele un arbitrio de 15 por ciento representaría un ingreso al fisco de $61 millones.

Esto representaría casi el 25% del supuesto ahorro que tendrán con el cierre de las 300 escuelas. Por lo que una regulación del mercado del cannabis podría empezar protegiendo 75 centros escolares. Esto siendo conservador, los números estimados por el economista Lerroy López, no cuantifica el dinero que se deja de gastar en sistemas judiciales, en centros correccionales y programas de tratamiento al dejar de reprimir a los usuarios de marihuana. Por lo que una regulación del cannabis le puede generar grandes beneficios económicos a unas generaciones que no tienen la culpa de la degradación social y económica que ha generado la mano dura y el prohibicionismo.

Los representantes de los gremios en educación, los defensores de la instrucción pública y de las reformas a las leyes de marihuana deben empezar a educar y elaborar estrategias para una inversión social correcta por el futuro del país. Dejemos de castigar el uso de una sustancia menos dañina que el tabaco y el alcohol, que ya son regulados por el estado, y hagamos de las escuelas públicas la mejor alternativa escolar. Nuestras futuras generaciones nos lo agradecerán.

Encarcelar a un joven por marihuana nos cuesta el salario anual de más de seis maestras. ¿Cuáles son tus prioridades? goo.gl/7zRAvF

Posted by Descriminalización.org on Domingo, 8 de febrero de 2015

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