Regulemos la marihuana y garanticemos la educación pública

“Cada escuela que cierra, es un ‘shooting’ que abre. Empujan a nuestros jóvenes a la calle, a la prisión o la muerte”. Gamelyn Oduardo Sierra

El cierre de 180 escuelas, sumado a las cientos de escuelas cerradas el pasado cuatrienio, y los recortes de más de 500 millones a la educación universitaria pública pone en riesgo la estabilidad económica y social de Puerto Rico.

El cierre supondrá el traslado de alrededor de 27 mil estudiantes y afectará a cientos de maestros, medida que el Departamento de Educación espera que genere unos ahorros de unos 7 millones de dólares solo en el pago de los servicios de energía y agua potable. La secretaria de Educación, Julia Keleher, el cierre de las escuelas deja operando un total de 1,113 centros para los estudiantes de la isla a partir del próximo mes de agosto.

Aunque exista un cambio poblacional que puede justificar el cierre de algunas escuelas, esta acción para economizar dinero podría aumentar las altas tasas de deserción escolar en Puerto Rico. Se estima que para el año 2011 la deserción escolar fluctuaba en un 28.9%, cabe recalcar que el porcentaje de deserción escolar en Puerto Rico es dos veces el nivel de deserción escolar de Estados Unidos.

Estos números contrastan con informes que señalan que la mayoría de las personas que se encuentran en instituciones carcelarias o en programas de rehabilitación, abandonaron la escuela en algún momento durante su adolescencia.

En repetidas ocasiones expertos en las ciencias sociales señalan que la violencia, el uso problemático de sustancias y la deserción escolar son los tres problemas asociados a la salud mental que más afectan a los puertorriqueños. Estos problemas se correlacionan poniendo a nuestra juventud con mayor probabilidad de adoptar conductas de alto riesgo. Por lo que un cierre de escuelas podrían traer altos costos sociales que desarrolle mayor tasa de deserción, desempleo, violencia y delitos.

Pero porque no mejor seguir la filosofía de Pitágoras que tanto escriben en las paredes de las escuelas, educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres, y poner los recursos en mejorar el sistema escolar buscando retener a los estudiantes en el sistema. En tiempos de crisis económica, dejemos de derrochar sumas billonarias del erario público en una “guerra contra las drogas” que no han bajado los índices de criminalidad y nos tiene gastando nuestros limitados recursos en cárceles, procesos judiciales y en sistemas punitivos que se llevan la mayor tajada del fisco.

En las pasadas elecciones, el estado de California que también se enfrenta al cierre de las escuelas llevó a referéndum la “Proposición 47” convirtiendo varios delitos en ofensas menos graves. Por lo que los residentes de California optaron por invertir ese dinero en escuelas y cambiar las políticas punitivas contra las drogas y otros delitos relacionados, por faltas menores o delitos menos graves.

De igual forma, ya es tiempo que Puerto Rico se sume a los cambios internacionales y considere la regulación del cannabis. El dejar de botar dinero en castigos y una posible regulación del mercado ‘recreativo’ podría generar el dinero suficiente que ayude con retos sociales como el cierre de las escuelas. En los estados que se ha regulado la venta de marihuana, los dispensarios y los productos para desarrollar el auto cultivo, paga una cantidad de impuestos que gran parte es canalizado al sistema de enseñanza. Por ejemplo en Colorado el mercado generó más de un billón de dólares el año pasado, el estado se queda con cientos de millones en ingresos fiscales y cuotas. Parte de este dinero, el estado lo justifica específicamente para el mantenimiento y construcción de nuevas escuelas públicas. ¿Por qué no hacer lo mismo en Puerto Rico?

Utilizando estudios del Colorado Futures Center, de la Universidad de Colorado, el economista Lerroy López estimó que en Puerto Rico hay cerca de medio millón de usuarios de marihuana, generando un consumo anual valorado en $409 millones en el mercado ilegal, que de imponérsele un arbitrio de 15 por ciento representaría un ingreso al fisco de $61 millones.

De igual forma, ya en Puerto Rico se estima que el ‘cannabis medicinal’ le generará algunos 100 millones a Hacienda en los próximos años. Este número podría duplicarse si en Puerto Rico se aprobara un referéndum para regular el mercado del cannabis como el alcohol como lo ha hecho más de ocho estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia.

Esto representaría casi la mitad de los cortes presupuestarios que tendrá la UPR. Por lo que una regulación del mercado del cannabis podría empezar protegiendo la UPR y protegiendo las escuelas públicas de nuestros hijos. Esto siendo conservador, los números estimados, no cuantifica el dinero que se deja de gastar en sistemas judiciales, en centros correccionales y programas de tratamiento al dejar de reprimir a los usuarios de marihuana. Por lo que una regulación del cannabis le puede generar grandes beneficios económicos a unas generaciones que no tienen la culpa de la degradación social y económica que ha generado la mano dura y el prohibicionismo.

Los representantes de los gremios en educación, los defensores de la instrucción pública y de las reformas a las leyes de marihuana deben empezar a educar y elaborar estrategias para una inversión social correcta por el futuro del país. Dejemos de castigar el uso de una sustancia menos dañina que el tabaco y el alcohol, que ya son regulados por el estado, y hagamos de las escuelas públicas la mejor alternativa escolar. Nuestras futuras generaciones nos lo agradecerán.

Encarcelar a un joven por marihuana nos cuesta el salario anual de más de seis maestras. ¿Cuáles son tus prioridades? goo.gl/7zRAvF

Posted by Descriminalización.org on Domingo, 8 de febrero de 2015

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