Rosselló convierte en ley alternativa de ‘desvío terapéutico’

Para muchos la nueva ley que acaba de firmar el gobernador le pareciera muy similar a lo que se supone sean las funciones de las cortes de drogas en Puerto Rico. El Proyecto de la Cámara 1219 que crea una supuesta “alternativa de rehabilitación a imputados de ciertos delitos que adictos al uso de sustancias controladas”, más bien viene a formalizar cierta dinámica que se da en las cortes del país.

En las centros judiciales resulta bastante habitual usted toparse entre el público a representantes de centros de tratamiento buscando que se negocien algunos delitos  de los acusados con tal de que los sometan a sus programas de tratamientos contra la adicción. Los verá dialogando con los guardias, fiscales, familiares y si la corte lo asigna a sus programas de tratamiento obligatorio, por lo general se reduce su tiempo de prisión y, a primera vista  le resulta un ahorro al estado, estos programas de desvíos le sale muchísimo más barato que la reclusión en las cárceles del país.

La medida firmada por el gobernador, más bien formaliza esta dinámica y crea un procedimiento de “desvío terapéutico” que estará disponible para personas imputadas de cometer algún delito de posesión de sustancias controladas, apropiación ilegal u otro delito grave, que no implique violencia, y que sea consecuencia directa del deseo del imputado de satisfacer sus problemas de adicción.

Lo que antes estaba a discreción de un juez y el fiscal, ahora el acusado puede solicitar la nueva regla 247.2 de Procedimiento Criminal, “aquel imputado adicto que cualifique se someterá a una evaluación y al tratamiento necesario para combatir su adicción. Una vez lo complete satisfactoriamente, el Tribunal archivará el caso en su contra para tratar su adicción desde el punto de vista salubrista”, alega el comunicado.

De incumplir con el programa, se le revocará el beneficio y cumplirá la sentencia correspondiente. La parte perjudicada o víctimas del delito, de existir alguna, siempre serán escuchadas previo a que en juez conceda el desvío.

No obstante, estos programas de desvíos se convierten en un ciclo de ‘entra y sales’ de  prisión y de sus propios programas de tratamientos a drogas. Programas de “desvíos” obligatorios que se han caracterizado por ser poco exitosos, no evaluados, y carentes de los servicios médicos necesarios, basados mayormente en creencias religiosas y carentes de una verdadera visión salubrista con tratamientos psicosociales dirigidos a controlar los problemas de adicción.

“El problema de criminalidad que vivimos en Puerto Rico tiene muchos componentes que deben atenderse desde distintos ángulos, Debemos brindar un programa de rehabilitación a aquellas personas que cometen delitos por razón de una dependencia a las drogas”, expresó el gobernador Ricardo Rosselló.

Al estar dirigido expresamente a ciertos delitos, el desvío no aplicará a ningún caso de distribución de sustancias controladas, a los delitos violentos, los de naturaleza sexual, los delitos cometidos contra un menor de edad ni a delitos que conlleven penas de reclusión por un término mayor a 8 años.

Por su parte, Meléndez agradeció que el gobernador convirtiera en ley este cambio en el procesamiento de las personas que “sufren de adicción a sustancias controladas al afirmar que este cambio en la política pública permite enfocar esfuerzos en la rehabilitación en la dirección de cumplir con el mandato constitucional de rehabilitar”, alegó el representante.

No deja de preocupar que esta medida sea diseñada para satisfacer a los que han hecho un negocio de la “rehabilitación de las drogas”. Un verdadero proyecto salubrista no basa sus servicios en tratamientos obligatorios, mucho menos uno carente de los cuidados médicos básicos.

Más del 90% de los programas residenciales licenciados por el gobierno, son manejados por entidades privadas de base comunitaria y/o de base de fe, la mayoría de los cuales utilizan tratamientos sin evidencia científica y siguen el modelo de “comunidades terapéuticas” cuya meta es la “abstinencia total a través de la re-educación del adicto” sin diferenciar el tipo de sustancia ni el nivel de uso. Medidas punitivas que están lejos de poder considerarse “salubristas” y que en ocasiones rayan en el abuso y la humillación.