Salas especializadas de drogas: ¿solución o la eterna criminalización de las drogas?

En Puerto Rico desde el 1996 se han establecido lo que se le llaman las salas especializadas de drogas las cuales surgen de primera instancia como una opción “salubrista” para los casos de uso y abuso de sustancias controladas que cometen algún tipo de delito no violento y aceptan tomar un método de desvío antes de entrar en una cárcel.

Entre los criterios de elegibilidad que se deben tener para estar en las salas especializadas es que se identifique un patrón de uso o abuso de alguna sustancia controlada. En Puerto Rico, así como en otros países de América Latina estas salas especializadas no tienen establecido por ley una clasificación de tratamiento que dependan del tipo de sustancias que se consume. Incluso no se diagnostica si el uso que se tiene de la sustancia es un uso problemático o no. Estas consideraciones que son parte fundamental del resto del proceso muchas veces no se toman en consideración a la hora de recomendar tratamiento.

Otro criterio que se debe tener es aceptar la culpabilidad del delito por el cual se le acusa, esto implica que se verá reflejado en el certificado de ‘Antecedentes Penales’ que es un requisito para pertenecer a la fuerza trabajadora del país. También el participante debe someterse a pruebas toxicológicas continuamente para evidenciar la completa abstinencia de cualquier tipo de sustancia (incluyendo la marihuana).

Los procesos de las cortes de drogas en Puerto Rico demuestran que no existe una división entre sustancias y tampoco se establecen los diferentes posibles tratamientos que puedan aplicar a cada participante dependiendo del uso que se tenga de la ésta. Es decir, se da por hecho que todas las sustancias controladas actúan en el cuerpo de cada individuo por igual y que su reacción es la misma. No se ofrecen opciones centralizadas en la necesidad real del participante para que se logre aun más efectividad y a largo plazo se evite una reincidencia. El tratamiento que se ofrece a todos los participantes queda bajo la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

Cabe mencionar, que la Policía de Puerto Rico está incluida también entre los componentes que trabaja las cortes de drogas aportando así a que continúe perpetuándose la criminalización de los usuarios aun cuando se trabajan asuntos relacionados a la salud.

Según estadísticas ofrecidas por ASSMCA en Puerto Rico, en el año 2009-2010, el 57% de los participantes varones y el 33.3% de las féminas que accedían a las salas especializadas ingresaron con un uso primario de marihuana. El otro porciento que se ve reflejado es el 13.7% de los participantes masculinos que presentaban un uso primario de heroína. O sea, que la diferencia es bastante significativa entre usuarios y usuarias de marihuana y usuarios y usuarias de heroína.

También el 44.4% de las féminas tenían uso primario de crack. Las estadísticas también nos señalan que el 56% de las féminas y el 32% de los varones que utilizaron las cortes de drogas señalaron que el primer problema con la justicia que tuvieron fue el simple consumo de drogas. Es decir que los participantes que utilizaron las cortes de drogas en el 2009-2010 en Carolina y Fajardo, tenían un uso primario de marihuana y por ésta misma razón es que llegaron a tener problemas con la justicia.

Las estadísticas arrojan que la gran mayoría de los y las participantes que acceden a estas cortes son usuarios y usuarias de marihuana. El sistema de justicia y las cortes de drogas están “atacando” un problema que lo crea la misma prohibición de las sustancias. En varios países alrededor del mundo se ha dado el paso a cambiar de paradigma en cuanto a las leyes de sustancias controladas. Países como Portugal, Suecia, República Checa, incluso, Estados Unidos están dando otro giro a las políticas prohibicionistas ya sea en términos medicinales o recreativos. Actualmente se han presentado múltiples investigaciones alrededor del mundo que demuestran los beneficios de la marihuana a niveles medicinales, económicos, investigativos entre muchos otros aspectos.

Esto también ha dado paso para la realización de políticas públicas sensatas a favor del uso de esta planta. Incluso, en el 2017, en Puerto Rico se aprobó la ley de ‘cannabis medicinal’ con todas sus vertientes y regulaciones. Actualmente hay sobre 30 mil pacientes en toda la isla beneficiándose del cannabis. Obtener la licencia de paciente es un proceso costoso, pero aun así ha tenido buen impacto. Y no creo que sea para menos, ya que el tratamiento ha dado resultados a los pacientes y el lucro que el mercado actualmente esta ofreciendo a los empresarios es bastante alto. En el negocio de cultivo, manufactura, fabricación, dispensación e Investigación del cannabis hay mucho capital envuelto. Se comenzó en la isla un negocio, ahora legal, que está dando resultados exitosos.

Los efectos de la prohibición, por un lado, siguen alimentando procesos judiciales para incitar la criminalización de grupos sociales, en su mayoría de clase económica baja, tez negra y con baja escolaridad. Lo cual fue desde los inicios el propósito principal de la prohibición; el control de ciertos grupos sociales.

Por otro lado, la prohibición y el pensamiento de que la abstinencia debe ser la meta de cada uno de los usuarios y usuarias de drogas crea muchos mas problemas que el simple uso de la sustancia. Al no reconocer el uso de la marihuana como uno de muy bajos efectos negativos se asume que es necesario un centro de tratamiento o rehabilitación que en la mayoría de los casos no están regulados adecuadamente y no cuentan con un personal capaz de trabajar la situación especifica para los distintos usos problemáticos de sustancias duras (en su mayoría heroína y cocaína).

Esto provoca que se violenten derechos humanos de personas que requieren tratamientos efectivos basados en evidencias científicas y de personas que quizás no requieran entrar en centros de tratamiento, en todo caso terapias cognitivo-conductuales podrían tener mejores resultados en estos casos.

Es tiempo de asumir posturas serias y radicales a favor de las personas usuarias de marihuana y de cualquier otro tipo de sustancias y a su vez dar paso a la legalización y regulación de los mercados. Actualmente en Puerto Rico existe una crisis económica que arropa todas y cada una de las esferas gubernamentales. Los recortes a la clase trabajadora y a los sectores de educación y salud junto con la privatización de servicios son la receta neoliberal que el gobierno acoge para sobrellevar esta crisis económica por la que atravesamos.

Si se repiensan opciones como la legalización de la marihuana y a su vez se modifican protocolos que fueron establecidos hace más de treinta años atrás, es probable que se reflejen cambios económicos en beneficio del estado y a su vez de la población, como por ejemplo: eliminar el gasto económico que se produce en las cortes de drogas para la criminalización de los usuarios y usuarias de marihuana y a su vez enfocar los fondos hacia servicios de salud con base en evidencia científica como por ejemplo la expansión de los proyectos de reducción de daños para usuarios y usuarias de drogas inyectables.

La legalización y regulación de las sustancias más allá de un beneficio hacia los derechos humanos de cada persona usuaria, también aportaría un beneficio económico en Puerto Rico, reconociendo que los aspectos socioeconómicos son parte fundamental de la crisis que atraviesa Puerto Rico en estos momentos históricos.