Senado presenta “Carta de Derechos” para personas viviendo con VIH y SIDA

El Proyecto del Senado 771 establecería una nueva “Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico“. Asimismo, derogaría la Ley 349-2000, la Carta de Derechos de las Personas Portadoras del Virus VIH/SIDA en Puerto Rico. De esta manera se atempera a la realidad actual.

Según surge de la Exposición de Motivos el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) ha ocasionado la pandemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) alrededor del mundo.

Este virus continúa siendo una de las principales áreas de investigación de la medicina contemporánea. El avance científico ha hecho de esta enfermedad una categorizada como crónica. Hoy día el paciente VIH positivo tiene más oportunidad de disfrutar una calidad de vida similar a la de una persona sin diagnóstico. La diferencia en la calidad de vida y salud de las personas viviendo con VIH o SIDA en comparación con dos décadas atrás ha mejorado de forma marcada, expresa el proyecto de la autoría del senador Ángel Martínez Santiago.

La Carta que consta de sobre 15 puntos detalla ampliamente aspectos laborales y de salud buscando garantizar la vida libre de discrimen y que aplique a todos los pacientes en todas sus etapas.

Entre las más destacadas está el que toda persona viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas a quien se le nieguen servicios médicos, tiene el derecho de presentar una querella ante el Procurador del Paciente de ser paciente del Plan de Salud del Gobierno. En casos de ser un asegurado de un plan médico privado deberá radicar ante la Oficina del Comisionado de Seguros.

Entre los derechos que se pretenden establecer está que toda persona diagnosticada con VIH o SIDA, que se encuentre recluida en una institución penal, y obtenga una certificación médica emitida por el Panel designado por el Secretario de Salud, que certifique que dicha persona se encuentra en etapa terminal; tendrá derecho a recibir una evaluación expedita sobre el recurso presentado, para autorizar su traslado a una institución pública o privada de cuidado especializado.

De igual modo, deja establecido que toda persona diagnosticada con VIH o SIDA tiene derecho a participar en todos los aspectos de la vida social. Toda acción que tienda a negar a estos ciudadanos de: empleo, alojamiento, asistencia o privarles de los mismos, o que tienda a restringir su participación en actividades colectivas, escolares y militares, debe ser considerada discriminatoria y será castigada por esta Ley.

“Miles de personas han muerto por muchos años viendo cómo se deterioraba su vida no solo porque su sistema inmunológico estaba comprometido, sino que la sociedad clausuró todas las puertas de construir una esperanza. Más de 35 mil personas la han padecido y de esto más del 80% han fallecido porque un sistema que los convoco, pero también les cerro las puertas”, señaló el senador José Vargas Vidot.

Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones de esta ley será culpable de un delito menos grave y puede ser sancionado con una pena de reclusión de un máximo de seis meses y/o una multa que no exceda de 5 mil dólares, o ambos a discreción del tribunal.